Treinta años después del Sacudón, el neoliberalismo viene por la revancha

Foto: Moisés Peralta

I.
Cuando le tocó hablar al policía Izaguirre, aquella tarde del 28 de febrero de 1989, la sangre ya había corrido a borbotones por las calles de Caracas y en muchas otras ciudades de Venezuela. El asfalto ardía y las balas saltaban como si le huyeran al calor. La jornada previa había iniciado una rebelión popular cuya onda expansiva aún nos estremece. El incendió que provocó, lejos de extinguirse, no ha hecho sino propagarse desde entonces, y hace tiempo que cruzó fronteras y fue a juntarse con otros fuegos.

Más temprano, el presidente Carlos Andrés Pérez había decretado el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales. Durante la madrugada había girado instrucciones para que la Guardia Nacional y el Ejército acabaran con aquella rebelión a sangre y fuego. Elementos de la policía política y de Inteligencia Militar también actuaban a sus anchas.

Al ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, le correspondía ofrecer un balance de la situación de orden público. El escenario: el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En transmisión en vivo, con una actitud un tanto titubeante, y con la mirada clavada en las hojas que sostenía entre sus manos, inició su discurso:

“Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional me complace informarle a la ciudadanía…”, apretó las hojas, las elevó un poco, ajustó la vista, “… que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales…”, hizo una breve pausa, “… y se implantó el toque de queda…”, carraspeó, “… la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas…”, hizo una pausa más larga, tomó aire, las manos le temblaron, “… subsisten…”.

Y ya no leyó más. Se alejó del micrófono, giró la cabeza a la derecha y confesó: “No puedo”. Volvió a ocupar su lugar frente al micrófono, pero solo para decir: “Perdón”, y se retiró abruptamente.

Apenas doce días antes, Carlos Andrés Pérez había informado a la nación su decisión de abrazar la causa del neoliberalismo. Es decir, el FMI otorgaría al país un préstamo de 4 mil 500 millones de dólares que eventualmente permitirían estabilizar la economía, a condición de aplicar medidas de “ajuste estructural”: privatizaciones masivas, liberación de las tasas de interés, eliminación del control cambiario, liberación de precios (excepción hecha de algunos pocos productos), incremento de las tarifas de los servicios públicos, aumento del precio de la gasolina, aumento de las tarifas del transporte público, eliminación de aranceles de importación, entre otras medidas.

La decisión tomó por sorpresa a las clases populares, que reaccionaron enfurecidas, y fue esa furia popular la que tomó las calles el lunes 27 de febrero. Aquella noche hubo fiesta en muchos barrios de Caracas. Pero al día siguiente comenzó la masacre.

Cuando Izaguirre perdió la voz, decenas, tal vez centenares, ya habían perdido la vida.

II.-
Malfred Gerig (1) ha hecho la relación de un debate entre “expertos” en economía que, a su juicio, pronto tendría hondas repercusiones para la sociedad venezolana.

El 5 de septiembre de 2014 apareció publicado un artículo en el que Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos planteaban el escenario de un impago del servicio de la deuda venezolana, dadas las dificultades del Gobierno nacional para disponer de fondos suficientes. El artículo, plantea Gerig, “logró su cometido en la medida que sentó la posibilidad de un default en la prensa financiera internacional” en un momento en que algo así resultaba “absolutamente impensable”. Además, definió una ruta en los mercados internacionales: acudir al FMI y adoptar un plan de ajuste.

Una semana más tarde, y “como si estuviésemos ante cualquier escena de policía bueno, policía malo”, Francisco Rodríguez argumentaba que el Gobierno no necesitaba entrar en default, y enumeraba una serie de medidas que le permitirían cancelar sus deudas: “cobrar un precio realista por sus divisas”, hacer lo mismo con otros bienes o servicios, como la gasolina o la electricidad, etc. Más allá del detalle, la importancia de este debate, según Gerig, es que definía “la baraja de opciones que podían decidirse en política económica, pero sobre todo sentaba las bases para una trasmisión directa de recursos desde Venezuela a los tenedores de bonos bajo condiciones cada vez más perniciosas para el país”.

El planteamiento de Gerig es que el Gobierno nacional cayó en la “trampa” implícita en este debate y, al decidir seguir cancelando el servicio de la deuda, entró en un “callejón sin salida”: en 2016, con Miguel Pérez Abad a cargo de la Vicepresidencia de Economía Productiva, se decidió “privilegiar el pago de la deuda externa en detrimento del consumo interno”, reduciendo drásticamente las importaciones, con el resultado predecible de mayores privaciones para la población, beneficiando a los propietarios de bonos y, lo que es peor, sin que esta decisión se tradujera en la apertura de los mercados financieros. Un par de años después, al Gobierno no le quedó otra alternativa que adoptar la estrategia del impago selectivo en el manejo de su deuda externa.

III.-
¿Se trató realmente de un ardid, tal y como lo plantea Gerig, frente al cual el Gobierno nacional actuó con poca claridad estratégica? ¿La decisión, adoptada a comienzos de 2016, de reducir las importaciones y por tanto el consumo interno, agravó aún más una situación que ya era grave en buena medida como consecuencia no de la disminución, sino de la “caída en picada” (3) de los precios del petróleo a partir de 2014?

Más allá, ¿cómo hablar de la situación de la economía venezolana sin referirnos, como bien apunta Steve Ellner, a la permanente hostilidad del Gobierno estadounidense hacia Venezuela, que no comienza, ni mucho menos, con Nicolás Maduro, sino que data de los primeros tiempos de la revolución bolivariana? Esto último no implica, en modo alguno, eximir de responsabilidad al liderazgo político chavista. Pero si se puede afirmar, como correctamente lo hace Gerig, que el “problema central” de la economía nacional no es la “restricción de sus ingresos ocasionada por la disminución de los precios del petróleo”, sino “sus relaciones metabólicas con el mercado mundial y sus concomitantes internas” (4), no es posible afirmar, como parecen sugerir muchos análisis “progresistas”, que las más recientes agresiones estadounidenses se explican por la incapacidad del Gobierno venezolano para superar su relación de dependencia, por su decisión de reproducir lógicas extractivistas o simplemente por su incompetencia en materia económica. Las agresiones contra Venezuela obedecen a la vocación imperial de Estados Unidos.

En fin, ¿cómo soslayar los devastadores efectos de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, sobre todo a partir de agosto de 2017, y en particular su relación directa con el colapso de la producción petrolera venezolana (5), circunstancia, por cierto, que se emplea frecuentemente como ejemplo de incompetencia gubernamental?

Puestas estas preguntas sobre la mesa, entre otras que pueden formularse, y hechas las precisiones conceptuales de rigor, corresponde advertir sobre la existencia de otra posible trampa, que involucra prácticamente a los mismos actores.

El 9 de julio de 2018, en un artículo publicado en The New York Times (6), Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios se referían a la situación venezolana como una de “las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años”. Frases similares se repiten una y otra vez: “Veinte años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de invalidez tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción más clásica del término”; “La tragedia que hoy flagela a Venezuela es uno de los desastres humanos contemporáneos más grandes”. ¿Qué hacer? Los autores plantean: “El hecho de que la tragedia venezolana sea producto de la implantación gradual de un modelo de dominación social a través de la represión y el hambre, le impone a la comunidad internacional la obligación de intervenir para evitar una catástrofe humanitaria mayor”. En materia económica: “Para comenzar a recuperarse, Venezuela va a requerir de un programa de reformas que restablezcan los derechos de propiedad, la seguridad personal y jurídica y los mecanismos de mercado”. Luego lo social: “También se necesitarán programas de asistencia destinados a cubrir el enorme déficit de atención social heredado de la revolución bolivariana”. La ruta está trazada de manera transparente, y pasa en primer lugar por la solución política, luego lo central, que es lo económico, y por último lo social: “intervención humanitaria”, neoliberalismo y asistencia.

El mismo día en que Juan Guaidó se autoproclamaba “Presidente Encargado”, The New York Times (7) publicaba un artículo de Miguel Ángel Santos y José Ignacio Hernández en el que argumentan que, dado que la Asamblea Nacional es el único poder legítimo en Venezuela, y al haber sido reconocida como tal “por parte de la mayoría de los países representados en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el parlamento europeo, además de un grupo de tenedores de bonos reunidos en el Comité de Acreedores de Venezuela”, esta circunstancia “le abre la posibilidad de ejecutar actos de gobierno en el exterior”. Identifican como antecedentes al Consejo Nacional de Transición de Libia, reconocido por el Reino Unido como “única autoridad de gobierno” en 2011, y la Coalición Nacional por las Fuerzas Revolucionarias y Opositoras de Siria, que en 2012 fue igualmente reconocida por el Reino Unido como único representante de ese país. Anticipándose en cinco días a las acciones del Departamento del Tesoro contra bienes e intereses de PDVSA en territorio estadounidense (8), señalaban: “las acciones de la asamblea podrían ir más allá: podrían abarcar desde la toma de refinerías y otros activos propiedad del Estado venezolano, pasando por la apropiación de los activos líquidos y proventos de ventas de petróleo que circulen por dichos países, hasta la representación legal en procesos contra el Estado venezolano”. La estrecha imbricación de estos personajes con los decisores del Gobierno estadounidense es más que evidente.

El 27 de enero de 2019, Jeffrey Sachs escribe en CNN (9) que, contrario a la posición de Hausmann y compañía (a quienes no refiere explícitamente), está en desacuerdo con la política estadounidense de “cambio de régimen” (regime change) y con su costumbre de hacer bullying a Latinoamérica. Manifiesta su preocupación por lo que considera un inminente “conflicto catastrófico” en Venezuela y sugiere que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Guaidó como “Presidente interno” complica aún más la situación. No encuentra viable realizar elecciones en el corto plazo y cree que “las dos partes deben compartir el poder temporalmente, hasta nuevas elecciones, quizás en 2021”. Agrega: “Parece inconcebible, pero la historia muestra que se puede hacer”. Pone como ejemplo Polonia en 1989. Durante la transición, los “comunistas” tenían el control de la Presidencia, mientras que la oposición (con mayoría en el Parlamento luego de las elecciones de junio de 1989) nombró al primer ministro, que a su vez tenía la potestad de formar gabinete. Mientras, los “comunistas” retuvieron los ministerios de Defensa y del Interior, pero no tenían relación alguna con el manejo de la economía. Sachs cree que la fórmula es aplicable a Venezuela: Maduro continúa como Presidente, los militares mantienen los ministerios de Defensa y del Interior, la oposición toma el control del resto de los ministerios y del Banco Central de Venezuela, Guaidó o algún otro asume el rol equivalente a primer ministro, liderando al gabinete civil y definiendo las políticas económicas.

Por último, el 3 de febrero de 2019, Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs escriben en The New York Times (10): “El historial de Estados Unidos como agente que contribuye al cambio de régimen es muy deficiente”. Refiriéndose a las sanciones contra Venezuela, y acercándose a posiciones que pudieran parecer “progresistas”, afirman: “Es probable que el resultado sea una catástrofe económica y humanitaria de una dimensión nunca antes vista en nuestro hemisferio”. Plantean la necesidad de “una estrategia alternativa, una que parta de una transición del poder negociada”, en primer lugar porque “el pueblo de Venezuela no debe ser la víctima de una lucha por el poder entre Maduro y la oposición, ni tampoco entre los actores externos que respaldan a ambas partes”, declaración que vuelve a coquetear con cierto “progresismo”. Insisten en el ejemplo histórico de Polonia y finalmente proponen: “ambas partes deberían aceptar que un gobierno interino de expertos ayude a poner fin al colapso económico y la hiperinflación de Venezuela. Este gobierno interino debe tener un mandato limitado hasta lograr una estabilización y recuperación económicas, a fin de llevar al país a nuevas elecciones dentro de uno o dos años. Los líderes del gobierno actual, tal vez incluido Maduro, tendrían un papel limitado y predeterminado en el gobierno interino —por ejemplo, mantener el control de la defensa nacional—, pero sus poderes estarían circunscritos y no incluirían la economía y la reforma del sistema electoral”.

IV.-
¿En qué términos estaría planteado este nuevo ardid? A primera vista, el debate versa fundamentalmente sobre la manera más adecuada de resolver políticamente el “problema” venezolano: ¿es por la vía de la “intervención humanitaria”, lo que no excluye la celebración de elecciones “libres y justas” en el corto plazo, o lo conveniente para todas las partes, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, es una transición pacífica y negociada, con la coexistencia temporal de chavismo y antichavismo en el Gobierno?

Sin embargo, lo central es la economía. El ardid consistiría en ocultar deliberadamente el hecho de que todos los participantes en el debate son partidarios de políticas de “libre mercado”, que se traduce invariablemente en privatización, desregulación/flexibilización y recortes del “gasto público”. Puede incluso que alguno de estos “expertos” sea lo suficientemente competente como para “estabilizar” la economía nacional, con una pequeña gran ayuda de los organismos multilaterales, pero sobre todo sin la presión que supone la agresión económica permanente del imperialismo estadounidense y, más importante aún, con la ventaja que significa la tregua que concederían los poderes fácticos globales. La verdad, en tales circunstancias es realmente difícil ser incompetente. Pero el precio a pagar sería nada menos que nuestra existencia como nación libre, independiente y soberana: tendríamos una economía “estable”, pero completamente recolonizada, y en consecuencia una sociedad marcadamente desigual, justamente como la que vio nacer al chavismo en la década de los 90.

De todos, es quizá Ricardo Hausmann el más conocido por el pueblo venezolano, quien lo recuerda como ministro de Planificación durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, cargo que ocupó entre febrero de 1992 y junio de 1993, en sustitución de Miguel Rodríguez. Actualmente dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, institución con la que están relacionados de una u otra forma Santos, Barrios y Hernández. Por su parte, Francisco Rodríguez, quien también pasó por Harvard, está actualmente al frente de la firma Torino Capital.

Jeffrey Sachs merece comentario aparte. En “La doctrina del shock”, Naomi Klein lo llama “el nuevo doctor Shock” (el “original” es Milton Friedman). Sachs se hizo mundialmente famoso tras su paso por Bolivia, en 1985, historia que cuenta con detalle Klein en su libro (11). El 6 de agosto de aquel año, Víctor Paz Estenssoro asumió la Presidencia del país suramericano. Cuatro días después, designó a Gonzalo Sánchez de Lozada (el tristemente célebre “Goni”) “para encabezar un equipo económico bipartidista de emergencia (y de alto secreto) encargado de reestructurar radicalmente la economía. El punto de partida de dicho grupo fue la terapia de shock de Sachs”. El proyecto resultante “consistía en una revisión tan radical y generalizada de una economía nacional como nunca antes se había intentado en una democracia”, e incluía: “eliminación de los subsidios de alimentos, la anulación de casi todos los controles de precios y una subida del 300 % en el precio del petróleo” (o de la gasolina). También contemplaba “congelación durante un año de los sueldos de los funcionarios públicos”, “duros recortes en el gasto del Estado”, “abrir por completo las fronteras bolivianas a las importaciones sin límites de ninguna clase”, “reducción de plantilla de las empresas estatales como paso previo a su privatización”. El plan fue ejecutado, y efectivamente el Gobierno boliviano logró controlar la hiperinflación, pero el costo social fue extraordinario (aumento del desempleo, pérdida de valor del salario real, aumento de la pobreza, del hambre, de la desigualdad).

Para los partidarios del “libre mercado” en todo el mundo, Sachs “había conseguido lo que tantos habían juzgado imposible: había contribuido a organizar una transformación radical de signo neoliberal dentro de los confines de una democracia y sin que mediara una guerra”. The New York Times lo describió como un “evangelista del capitalismo democrático”. Apunta Klein: “la terapia de shock pudo por fin sacudirse el hedor de las dictaduras y los campos de muerte que se había adherido a ella” desde que Milton Friedman, líder espiritual de la cruzada neoliberal, asesoró a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. “Bolivia había introducido una terapia de shock de corte pinochetista sin necesidad de un Pinochet y bajo un gobierno de centro-izquierda, nada menos”. Ahora bien, contrario al relato dominante, “Bolivia demostró que la terapia de shock podía ser impuesta en un país que acababa de celebrar unas elecciones, pero no evidenció que pudiese ser aceptada democráticamente o sin represión; en realidad, volvió a ser una prueba evidente de todo lo contrario”. La parte de la historia que no se cuenta es que el plan neoliberal fue ejecutado en un contexto de estado de sitio, decretado por Paz Estenssoro para intentar frenar la furia popular en las calles. Al año siguiente, cuando el Gobierno procedió con el despido masivo de trabajadores, decretó nuevamente el estado de sitio para contener las protestas. Realmente, “Bolivia proporcionó un modelo para una nueva clase más digerible de autoritarismo: un golpe de Estado civil llevado adelante, no por soldados de uniforme miliar, sino por políticos y economistas trajeados y parapetados tras el escudo oficial de un régimen democrático”.

Es muy probable que poca gente recuerde a dónde fue a parar Jeffrey Sachs cuatro años después: sí, a Venezuela. Sachs fue asesor de Carlos Andrés Pérez, y por supuesto no es casual la asombrosa similitud entre el paquete de medidas neoliberales aplicado en Bolivia y el impuesto en Venezuela. Hugo Chávez se refiere a aquellas circunstancias en los siguientes términos: “Y el 16 de febrero, ante la sorpresa de sus propios seguidores, [Pérez] declaró que le iba a aplicar inmediatamente al país, sin anestesia, una ‘terapia de choque’ neoliberal exigida por el FMI. Apoyándose en su ministro de Fomento, Moisés Naím, y su ministro de Planificación, Miguel Rodríguez Fandeo, y aconsejado por Jeffrey Sachs, uno de los grandes fanáticos entonces del ultraliberalismo, Carlos Andrés, ese día, anunció las ominosas medidas del ‘paquetazo neoliberal’: liberalización del comercio, supresión del control de cambios, privatizaciones masivas de empresas públicas, recortes drásticos en los programas de ayuda social, fuertes aumentos de los precios de los productos y servicios de primera necesidad” (12).

El pueblo venezolano aun lloraba la muerte de miles de los suyos a manos de la brutal represión de Estado, y se alistaba para protagonizar nuevas rebeliones, cuando Jeffrey Sachs arribó a Polonia, convertido en el “Indiana Jones de la economía”, como le llamó Los Angeles Times. De nuevo, Naomi Klein cuenta la historia con suficiente detalle (13): Sachs viaja a Varsovia de la mano de George Soros, y allí se reúnen tanto con los “comunistas” como con el movimiento Solidaridad. Luego de la aplastante victoria de éste último en las elecciones parlamentarias de junio de 1989, “Sachs empezó su estrecha colaboración con el movimiento”. Les expresó a sus líderes que, tal y como lo había logrado en Bolivia, podía conseguir que el FMI aportara una ayuda significativa (unos 3 mil millones de dólares), pero que eso pasaba por adoptar lo que la prensa polaca llamaba entonces el Plan Sachs. Apunta Klein: “La trayectoria en él marcada era aún más radical que la impuesta en Bolivia: además de la eliminación de los controles de precios de la noche a la mañana y del recorte drástico de subsidios y subvenciones, el Plan Sachs propugnaba la venta de las minas, los astilleros y las fábricas estatales al sector privado. Aquello entraba directamente en contradicción con el programa económico defendido por Solidaridad (basado en la propiedad de los trabajadores)”. Sachs y David Lipton, entonces funcionario del FMI, redactaron el plan en una noche, luego de lo cual sostuvieron numerosas reuniones con el liderazgo de Solidaridad, para convencerlos de la necesidad de aplicarlo. “A muchos de los líderes de Solidaridad no les agradaron en absoluto las ideas de Sachs: el movimiento se había formado a raíz de una revuelta contra los drásticos aumentos de precios impuestos en su momento por los comunistas y ahora Sachs les estaba diciendo que hicieran lo mismo pero a una escala mucho más generalizada”.

Cuando, el 12 de septiembre de 1989, Tadeusz Mazowiecki, primer ministro polaco, tomó la palabra ante el Parlamento, muy pocos conocían cuál había sido la decisión adoptada finalmente por el comité central de Solidaridad respecto del rumbo que debía tomar la economía. “Mazowiecki estaba a punto de anunciar el veredicto, pero, en medio de su trascendental discurso, antes de que hubiese podido abordar la cuestión más candente a la que se enfrentaba el país, algo empezó a andar mal. El primer ministro comenzó a tambalearse, se aferró al atril y, según un testigo, «se puso pálido, respirando con dificultad, y se le oyó murmurar: ‘No me siento muy bien’»”.

Tal cual había acontecido con Alejandro Izaguirre, el ministro de Relaciones Interiores de Carlos Andrés Pérez, ciento noventa y seis días antes.

Una hora después, y luego de recibir atención médica, Mazowiecki pudo hacer su discurso: “Y, por fin, el veredicto: la economía de Polonia sería tratada de su propia fatiga aguda con una terapia de shock de una clase especialmente radical que incluiría «la privatización de las industrias estatales, la creación de mercados bursátiles y de capitales, una moneda convertible y una reconversión desde la industria pesada hacia la producción de bienes de consumo», además de «recortes presupuestarios», todo ello practicado a la mayor brevedad posible y de forma simultánea”.

V.-
Cuando Jeffrey Sachs, junto a Francisco Rodríguez, pone el ejemplo de Polonia como fórmula “para llegar a un acuerdo en Venezuela”, muy convenientemente omite lo que, sin embargo, relata Naomi Klein con detalle: “Puede que, en Polonia, la terapia de shock fuese impuesta después de las elecciones, pero, en realidad, supuso una burla del proceso democrático, ya que contradijo directamente los deseos de la aplastante mayoría de los votantes que habían apoyado a Solidaridad”. Como consecuencia directa de las medidas incluidas en el Plan Sachs, aumentaron el desempleo y la pobreza. Solo la intensa movilización popular evitó que los efectos fueran aún peores: “El hecho de que los trabajadores polacos lograsen frenar la privatización íntegra de su país significa que, por duras y penosas que fueran las reformas, aún pudieron haber sido mucho peores. La oleada de huelgas salvó sin duda centenares de miles de empleos que se habrían perdido si todas esas empresas supuestamente ineficientes hubiesen cerrado o hubiesen sido sometidas a expedientes de regulación de empleo y a reducciones drásticas de plantilla para su posterior venta a manos privadas”. Más importante aún: “Curiosamente, fue a partir de entonces cuando la economía de Polonia comenzó a crecer con rapidez, lo que demostró, según el destacado economista polaco (y antiguo miembro de Solidaridad) Tadeusz Kowalik, que quienes tanto afán parecían poner en demostrar la ineficiencia y la obsolescencia de las empresas estatales estaban «evidentemente equivocados»”.

Distinto de lo que plantean Sachs y Rodríguez, y también Hausmann y compañía, el neoliberalismo está muy lejos de ser la solución para Venezuela. Todo lo contrario: esta suerte de fanatismo del mercado produciría un enorme perjuicio a la sociedad venezolana, mucho más del que ya ha producido en años recientes, aunque ahora mismo nos pueda resultar inconcebible.

Pero tal vez no haya reflexión más oportuna, cuando se cumplen treinta años del Sacudón, que la siguiente: en general el pueblo chavista, pero sobre todo quienes tienen responsabilidades de Gobierno, y específicamente en el manejo de la economía, están en la obligación de evitar la trampa neoliberal. Porque es absolutamente cierto que el neoliberalismo ha venido ganando terreno progresivamente en tanto que sentido común. El caso Polonia nos enseña que la fortaleza de la economía nacional depende directamente, entre otras cosas, de la fortaleza de sus empresas públicas. Avanzar en la privatización de las mismas sin siquiera hacer un balance de su desempeño, que por demás debe ser público, resulta políticamente peligroso e irresponsable, y es algo que compromete seriamente nuestra soberanía. Si fuera el caso, por ejemplo, que la corrupción compromete la eficiencia de determinada empresa, lo que hay que combatir con fiereza es la corrupción, no sacrificar la empresa y, con ella, a la clase trabajadora.

El mismo caso de Polonia también nos recuerda la importancia decisiva de la movilización popular. Claro que es posible derrotar al neoliberalismo en todas sus expresiones (las amenazas y agresiones del Estado imperial estadounidense son expresión del neoliberalismo disciplinario) (14), pero eso exige de nosotros movilización y unidad programática. Pararnos firmes frente al neoliberalismo que, treinta años después, viene por la revancha, y no como el policía Izaguirre, tambaleante frente al pueblo venezolano.

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(1) Malfred Gerig. Discursos sobre una falsa elección: deuda, importaciones y metabolismo en la crisis económica venezolana. ALAI, 22 de marzo de 2017. https://www.alainet.org/es/articulo/184296

(2) Malfred Gerig. El callejón sin salida de la deuda externa venezolana. ALAI, 5 de noviembre de 2018. https://www.alainet.org/es/articulo/196319

(3) Steve Ellner. How Much of Venezuela’s Crisis is Really Maduro’s Fault? Consortium News, 15 de febrero de 2019. https://consortiumnews.com/2019/02/15/how-much-of-venezuelas-crisis-is-really-maduros-fault/

(4) Malfred Gerig. Discursos sobre una falsa elección: deuda, importaciones y metabolismo en la crisis económica venezolana. ALAI, 22 de marzo de 2017. https://www.alainet.org/es/articulo/184296

(5) Alexander Campbell. What’s the Deal with Sanctions in Venezuela, and Why’s It So Hard for Media to Understand? CEPR, 4 de febrero de 2019. http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/what-s-the-deal-with-sanctions-in-venezuela-and-why-s-it-so-hard-for-media-to-understand

(6) Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios. Cómo salvar a Venezuela. The New York Times, 9 de julio de 2018. https://www.nytimes.com/es/2018/07/09/opinion-salvar-venezuela-crisis-economica/

(7) Miguel Ángel Santos y José Ignacio Hernández. Por qué la Asamblea Nacional debe representar a Venezuela en el exterior. The New York Times, 23 de enero de 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/01/23/juan-guaido-nicolas-maduro/

(8) Reinaldo Iturriza López. Venezuela y el “capitalismo del desastre”. Telesur, 31 de enero de 2018. https://www.telesurtv.net/bloggers/Venezuela-y-el-capitalismo-del-desastre-20190131-0001.html

(9) Jeffrey Sachs. Here’s how Venezuela can achieve a peaceful resolution to the crisis. CNN, 27 de enero de 2019. https://edition.cnn.com/2019/01/26/opinions/heres-how-venezuela-can-achieve-a-peaceful-resolution-to-the-crisis-sachs/index.html

(10) Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs. Un llamado urgente para llegar a un acuerdo en Venezuela. The New York Times. 3 de febrero de 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/02/03/venezuela-juan-guaido-maduro/

(11) Naomi Klein. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós Ibérica. 2007. Todas las citas sobre Bolivia corresponden al capítulo 7 del libro, intitulado “El nuevo doctor Shock. La guerra económica sustituye a la dictadura”. Págs. 193-209.

(12) Ignacio Ramonet. Hugo Chávez. Mi primera vida. Vadell Hermanos Editores. Caracas, Venezuela. 2013. Pág. 492.

(13) Naomi Klein. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós Ibérica. 2007. Todas las citas sobre Polonia corresponden al capítulo 9 del libro, intitulado “Portazo a la historia: crisis en Polonia, masacre en China”. Págs. 231-260.

(14) Reinaldo Iturriza López. Venezuela: formar filas contra el neoliberalismo disciplinario. Telesur, 13 de febrero de 2019. https://www.telesurtv.net/bloggers/Venezuela-formar-filas-contra-el-neoliberalismo-disciplinario-20190213-0001.html

Venezuela: formar filas contra el neoliberalismo disciplinario

I.-
Al escribir estas líneas tengo en mente, principalmente, al contingente de compañeros y compañeras que, por razones diversas, ha renunciado temporalmente al trabajo militante; gente extraordinariamente valiosa que, por ejemplo, ha decidido dedicarse a atender las urgencias de la vida cotidiana, muchas veces porque no le ha quedado más alternativa; gente que ha dejado su trabajo en alguna institución pública, espacio que suele ser muy hostil para cualquier persona con vocación transformadora, por desacuerdo con sus superiores, por lo que evalúa como falta de coherencia entre el discurso y la práctica; gente que ha sido mantenida al margen en las mismas instituciones, pero también en los territorios, porque resulta incómoda, porque se empeña en mantenerse fiel a sus principios; gente que se siente defraudada por el liderazgo político chavista en general, al que considera, entre otras cosas, ajeno al sentir popular; gente que no se siente identificada con un Gobierno que demasiadas veces, a su juicio, anuncia que hará cosas que no hace, y hace cosas sobre las cuales no ofrece ninguna explicación; gente, en fin, que se siente derrotada o que se ha hecho a un lado (o ha sido apartada) porque cree que no tiene sentido pelear batallas que no son las suyas.

A esa gente, bajas de guerra, tenemos que poder hablarles. A esa, nuestra gente, no podemos abandonarla a su suerte.

II.-
Nadie en su sano juicio desea la guerra, pero corren tiempos de suspensión del juicio. La más clara demostración de ello es que, entrevistado el viernes 8 de febrero por AFP, Juan Guaidó “no descartó autorizar una intervención militar de los Estados Unidos o una fuerza extranjera en el país”, según reseñó El Universal (1). Sus palabras textuales fueron: “Haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario”, refiriéndose al “eventual uso de sus facultades para autorizar una intervención militar” (2). Al día siguiente, el congresista estadounidense Ro Khanna le respondió que él podía proclamarse líder de Venezuela, pero que no era nadie para autorizar intervenciones militares estadounidenses (3). En descargo de Guaidó, habría que precisar que él no habla como líder de Venezuela, sino como muñeco de ventrílocuo de la política exterior estadounidense.

Guaidó tiene razón cuando habla de “nuestra soberanía”, solo que no se refiere a la soberanía venezolana.

En la tercera y última parte del libro “Una geopolítica del espíritu”, Miguel Ángel Contreras Natera hace un fascinante resumen de la evolución de la doctrina de seguridad y defensa de Estados Unidos desde la Doctrina Carter hasta la “Estrategia de Seguridad Nacional”, pasando por el “Proyecto para un nuevo siglo americano”. Allí se cuenta la historia de un imperio decadente que, en un contexto de crisis general del capitalismo como sistema histórico, y frente a la amenaza que constituye Asia y la posibilidad de que se constituya en centro hegemónico del poder global, reacciona dando al traste con el sistema de relaciones internacionales prevaleciente desde el Tratado de Westfalia, en 1648, que establecía el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

En esencia, la gramática política imperial que se emplea hoy contra Venezuela data del período estudiado por Contreras Natera (1980-2006). Así, por ejemplo, cuando Guaidó afirma que hará “todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños” (4), incluso autorizar una intervención militar estadounidense en territorio venezolano, sus palabras son el eco colonial del razonamiento empleado por Michael Walzer para justificar la “guerra justa” contra Irak en 2003.

De igual forma, la caracterización de Venezuela como “un narcoestado sumido en una enorme corrupción y responsable de la brutal represión de sus ciudadanos” (5), empleada sistemáticamente por la vocería oficial estadounidense y replicada entusiastamente por políticos, medios y analistas alineados con sus intereses, obedece a la categorización realizada en 1999 por una institución dependiente de la Secretaría de Defensa, según la cual los Estados se dividen en cuatro grupos, de acuerdo al nivel de estabilidad de sus democracias: estados núcleo (core states), estados en transición (transition states), estados canallas o forajidos (rogue states) y estados fallidos (failed states). En realidad, la clasificación “varía en función de las afinidades que presenten los estados con respecto al modelo de Washington”. Un rogue state como el venezolano “merecería desaparecer como Estado de no-derecho desde el momento en que parece no respetar las prescripciones del derecho internacional”, tal y como éstas son interpretadas por “los estados supuestamente legítimos y respetuosos de las leyes, es decir, aquellos que, disponiendo de la mayor fuerza, están dispuestos a llamar a los estados canallas al orden o hacerlos entrar en razón, si fuera necesario recurriendo a una intervención armada – punitiva o preventiva” (6).

Así, tenemos a los estados, y la posibilidad de la “guerra justa” de unos estados (Estados Unidos y sus aliados) contra otros (estados canallas), pero algo falta. Guerra, moneda y Estado son las fuerzas constituyentes del capitalismo, apuntan Éric Alliez y Maurizio Lazzarato (7). Falta el mercado. Esta taxonomía imperial referida a los estados es funcional a los propósitos del “neoliberalismo disciplinario”, como lo define Contreras Natera: “La libertad propuesta por los portavoces del neoliberalismo disciplinario – en tanto ideología y técnica de gobierno – debe ser comprendida en el marco de las mutaciones y transformaciones actuales de la globalización. La libertad remite al respeto irrestricto a cierta mecánica natural […] intrínseca de los procesos económicos antes que al reconocimiento de libertades individuales”. Libertad es, antes que cualquier otra cosa, libre mercado, y éste es asumido como principio moral. Guiado por este principio, en el acto de intervenir militarmente en algún Estado canalla, Estados Unidos no está haciendo otra cosa que velar porque el libre mercado “no se vea obstruido por intervención gubernamental alguna. La necesidad de mercantilizar cada espacio de la vida […] se inscribe dentro de la visión de disciplinar los cuerpos y pueblos para aumentar la productividad. Estar en contra de Estados Unidos, en éste y otros muchos aspectos, es estar en contra de la libertad” (8).

En otras palabras, “una sociedad es democrática siempre y cuando se pronuncie contra el intervencionismo del Estado y a favor del mercado”. Si esto no es así, entonces “es preciso defender el mercado tanto política como militarmente”. El objetivo es “extender el mundo gobernado por el puro intercambio de mercancías, extender las relaciones mediadas por el dinero como la forma natural y única de las relaciones humanas”, lo que supone, en términos geopolíticos, que una parte del mundo domina la economía de la otra parte. El destino de los estados canallas, susceptibles de intervención militar, es ajustarse “internamente para que puedan mantener el servicio de sus deudas con el régimen Dólar-Wall Street. Los vínculos con este régimen suponen la subordinación de los estados en tanto orden imperial-colonial a las turbulencias del sistema financiero internacional” (9).

Lo que hace el neoliberalismo disciplinario es “re-escribir la economía de mercado como una pulsión de fuerzas naturales y ocultar con ello a las instituciones, los individuos, los actores globales y locales que motorizan el capitalismo global”. Pero no es solo “un proceso de reescritura político e ideológico”. Es fundamentalmente “un programa de control deliberado de las fuentes energéticas del Tercer Mundo”, lo que se expresa como “la profundización de los niveles de desigualdad, una extracción intensificada, una renovada acumulación primitiva y el despliegue de mecanismos de sujeción por medio de deudas, vigilancias y coerción crecientes a escala mundial” (10).

El problema, advierte Contreras Natera, es que “este etnocentrismo imperial, con sus inescrupulosas y sofisticadas defensas en el plano jurídico de la guerra justa, está quebrantando la institucionalidad internacional y, simultáneamente, con sus conjuntos de políticas de seguridad y defensa, socavando los procesos de reproducción de la vida en el planeta”. Asistido por la razón del más fuerte, arrogándose el derecho de ejercer su unilateralidad soberana, vulnera la soberanía de los llamados estados canallas. Un cuadro tal supone una peligrosa paradoja: “los estados que están en la situación de hacer la guerra a los rogue state son ellos mismos, en su más legítima soberanía, unos rogue state. Por consiguiente, dentro de la lógica autorizada y legitimada de los rogue state, ya solo hay estados canallas y ya no hay ningún Estado canalla” (11).

Suspendido el orden jurídico vigente, solo queda el estado de excepción permanente: “El caso de excepción decisivo políticamente es la guerra que, justamente, en tanto caso de excepción, también es el parámetro y, por consiguiente, aquello que no puede ser medido por otra cosa. Ante un caso excepcional, el Estado imperial estadounidense suspende el derecho por virtud del derecho a la propia conservación”. Siguiendo a Carl Schmitt, afirma Contreras Natera: “quien ostenta el poder de suspender el ordenamiento jurídico y, eventualmente, instaurar un orden legitimado basado en ese poder realmente ostentado, es el soberano” (12).

Es en nombre de la soberanía del Estado imperial estadounidense que habla Juan Guaidó. Y es en su nombre que se pone al servicio de una intervención militar en Venezuela. No en nuestro nombre.

III.-
El tratamiento de Venezuela como Estado canalla, la política de estrangulamiento de la economía nacional promovida y practicada por Estados Unidos, la farsa de la “ayuda humanitaria”, la amenaza de intervención militar, un “Plan País” neoliberal que supuestamente contiene “las claves que liberarán las fuerzas productivas de la nación” (13), y que se refiere a Venezuela como Estado fallido: todo esto sucede porque vivimos en un estado de excepción permanente a escala global, en el que, para resumir una idea expuesta por Michel Löwy, lo excepcional es la democracia (14).

Por eso resulta realmente desconcertante el contenido de una declaración suscrita por intelectuales y académicos como Edgardo Lander, Antonio Negri, Boaventura de Sousa Santos, entre otros, según el cual Nicolás Maduro “ha gobernado al margen de la Constitución, aplicando un estado de excepción permanente” (15).

Con todo y la presencia en el Gobierno venezolano de elementos autoritarios, corruptos y más bien propensos a favorecer los intereses del capital, lo que por cierto no es ninguna novedad, no puede existir la menor duda de que la democracia bolivariana sigue siendo un caso excepcional que, de hecho, confirma la regla global: el estado de excepción permanente, con el Estado imperial estadounidense autoproclamado como soberano.

El soberano imperial ha declarado la guerra a Venezuela. Cuando, el 9 de marzo de 2015, nos declaró “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” estadounidense, eran tambores de guerra los que sonaban. Ciertamente, la guerra cabalga sobre nuestro malestar, es decir, sobre nuestros errores, sobre lo que hemos hecho mal, sobre aquello que nos hace débiles. Pero no es por nuestros errores que se nos hace la guerra, sino por nuestros aciertos.

La amenaza es real. Y sí, es inusual y extraordinaria la amenaza a nuestra soberanía nacional. No es un Gobierno lo que estamos defendiendo, sino nuestra existencia como nación soberana. Pocas veces fue tan necesario nuestro trabajo militante. Es preciso romper el aislamiento, juntarnos los comunes, estrechar lazos, reconstruir relaciones, restañar heridas, rehacer vínculos, es decir, ir a contramano de la neoliberalización de la sociedad venezolana, neutralizar sus efectos políticos, formar filas contra el neoliberalismo disciplinario. Es momento de tomar la decisión.

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(1) AFP. Guaidó no descarta autorizar intervención de EEUU en Venezuela «de ser necesario». El Universal, 8 de febrero de 2019. http://www.eluniversal.com/politica/32653/juan-guaido-no-descarta-autorizar-intervencion-de-eeuu-en-venezuela-de-ser-necesario

(2) Agence France-Presse [@AFPespanol]. (8 de febrero de 2019, 18:18). [Amplía] «Haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario», respondió Guaidó sobre un eventual uso de sus facultades para autorizar una intervención militar #AFP
Recuperado de https://twitter.com/AFPespanol/status/1093997414187524096

(3) Ro Khanna [@RoKhanna]. (9 de febrero de 2019, 14:51). Mr. Guaido, you can proclaim yourself leader of Venezuela but you don’t get to authorize US military interventions. Only the US Congress can do that. We will not.
Recuperado de https://twitter.com/RoKhanna/status/1094307903215988737

(4) AFP. Guaidó no descarta autorizar intervención de EEUU en Venezuela «de ser necesario». El Universal, 8 de febrero de 2019. http://www.eluniversal.com/politica/32653/juan-guaido-no-descarta-autorizar-intervencion-de-eeuu-en-venezuela-de-ser-necesario

(5) Emili J. Blasco. Trump eleva a Venezuela a la categoría de «Estado canalla». ABC, 27 de septiembre de 2017. https://www.abc.es/internacional/abci-trump-eleva-venezuela-categoria-rogue-state-201709260104_noticia.html

(6) Miguel Ángel Contreras Natera. Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: la filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense. Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Caracas, Venezuela. 2011 Págs. 262-263.

(7) Éric Alliez y Maurizio Lazzarato. Wars and Capital. Semiotext(e). 2016. Pág. 15.

(8) Miguel Ángel Contreras Natera. Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: la filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense. Pág. 266.

(9) Miguel Ángel Contreras Natera. Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: la filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense. Pág. 267-269.

(10) Miguel Ángel Contreras Natera. Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: la filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense. Pág. 270.

(11) Miguel Ángel Contreras Natera. Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: la filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense. Pág. 298.

(12) Miguel Ángel Contreras Natera. Una geopolítica del espíritu. Leo Strauss: la filosofía política como retorno y el imperialismo estadounidense. Pág. 304.

(13) Plan País: la Venezuela que viene. Págs. 4, 42.
Puede descargarse en: https://www.elinformador.com.ve/2019/01/31/descargue-aqui-el-plan-pais-lo-que-viene-para-venezuela/

(14) Daniel Garroux y Gabriel Zacarías. “El estado de excepción es constante. Lo excepcional es la democracia”. Entrevista a Michel Löwy. Viento Sur, 23 de julio de 2016. https://vientosur.info/spip.php?article11548

(15) Declaración: Por una solución democrática, desde y para el pueblo venezolano. Viento Sur, 2 de febrero de 2019. https://vientosur.info/spip.php?article14573

Venezuela y el “capitalismo del desastre”

I.-
El lunes 28 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que todos los bienes e intereses de PDVSA bajo jurisdicción del país norteamericano habían sido “bloqueados”, y prohibía a las personas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con la empresa venezolana (1). Agregó el secretario Steve Mnuchin que “si la gente de Venezuela quiere seguir vendiéndonos petróleo”, solo lo aceptarían si ese dinero va a “cuentas bloqueadas” que, eventualmente, pondrían a disposición del “gobierno de transición” (2).

Según John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de la Administración Trump, y presente en la misma rueda de prensa, estas sanciones a PDVSA provocarían a Venezuela pérdidas estimadas en 11 mil millones de dólares en exportaciones en 2019, y el congelamiento de 7 mil millones de dólares en bienes.

El jueves 24 de enero, en declaraciones al canal FOX Business, Bolton había afirmado que “haría una gran diferencia para Estados Unidos económicamente si pudiéramos tener compañías petroleras estadounidenses invirtiendo y produciendo petróleo en Venezuela”. Apenas tres minutos antes de hacer explícitas las verdaderas intenciones del imperialismo estadounidense, sostenía que Chávez y Maduro habían “empobrecido a Venezuela; tenemos ahora entre tres y cuatro millones de refugiados que han huido del país, un hecho sin precedentes en el hemisferio occidental; Maduro, y Chávez antes de él, saquearon sistemáticamente los recursos petroleros del país, no hay inversión de capital, los ingresos han disminuido; literalmente la sociedad civil está colapsando”, razón por la cual la Administración Trump había decidido reconocer a Juan Guaidó como “Presidente interino”. (3).

Horas después de que se hicieran públicas las sanciones contra PDVSA, el martes 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobaba un “Acuerdo para la promoción del plan de rescate del país”, en el que se lee que en Venezuela se produjo un “colapso económico y social” que ha ocasionado una “emergencia humanitaria”, situación que es consecuencia de las políticas del “régimen de Nicolás Maduro”, que impuso “un modelo económico y político totalitario, de dominación y control social” que se conoce como “socialismo del siglo XXI” (4).

He aquí, en apretado resumen, un ejemplo de la manera como actúan los agentes foráneos y vernáculos de lo que Naomi Klein definió como “capitalismo del desastre” en su formidable obra “La doctrina del shock”, muy útil para comprender lo que ocurre en Venezuela, en momentos en que esas mismas fuerzas persiguen afectar severamente, de ser posible de manera irreversible, nuestra capacidad de interpretar nuestro presente.

Naomi Klein llama “capitalismo del desastre” a los “ataques organizados contra las instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarándolos al mismo tiempo atractivas oportunidades de mercado” (5). Fue lo que ocurrió, en primer lugar, en el Chile bajo la dictadura de Pinochet, pero también en Nueva Orleans, Estados Unidos, después del huracán Katrina, en 2005; en Sri Lanka después de tsunami de 2004; en Irak luego de la invasión encabezada por el gobierno estadounidense, en 2003; en el mismo Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001; en la China después de Tiananmen, en 1989; en la Rusia gobernada por Yeltsin, en 1993, y un largo etcétera. En cada uno de estos casos, expone Klein, los ataques fueron dirigidos por fervientes defensores de las políticas de ajuste neoliberal, que fueron posteriormente aplicadas de manera implacable.

Es exactamente lo que ocurre en Venezuela, con el agravante de que la situación de shock es inducida, en buena medida, por las elites locales y el imperialismo estadounidense, con el aporte decisivo de sus respectivas bases sociales de apoyo, fundamentalmente provenientes de las clases media y alta, de manera muy similar a lo que ya ocurrió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, en 1970-1973. En ambos casos se trata de gobiernos democráticos, de orientación socialista, elegidos por el voto popular, que son sistemáticamente asediados, y sus respectivas economías asfixiadas, con el propósito de crear las condiciones para una salida de fuerza que les permita luego “neutralizar” a las clases populares favorables al cambio revolucionario.

Entre otras cosas, por eso resultan particularmente repudiables las recientes declaraciones de Alfonso Guerra, ex vicepresidente español, quien comparó al gobierno de Nicolás Maduro con la dictadura de Pinochet. Según Guerra, “Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos pero al menos tienen eficacia en el terreno económico”. Más adelante remató: “Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la dictadura de Maduro, horrible, hay una diferencia: que en un sitio la economía no cayó y en otro sí ha caído” (6).

El actual “desastre” de la economía venezolana no es obra, como sentencia el documento de la Asamblea Nacional, del “socialismo del siglo XXI”, ni tampoco de la “incompetencia” del gobierno, sino fundamentalmente de la actuación de los poderes fácticos capitalistas globales y locales, a lo que se suman las dificultades políticas de la revolución bolivariana para dirimir el conflicto a favor de las mayorías populares. Venezuela padece hoy un verdadero “capitalismo del desastre”, casi de manual.

II.-
En el relato dominante, la situación en Venezuela ha sido traducida como “emergencia”, pero sobre todo como “crisis humanitaria”. Determinar las condiciones históricas que han hecho posible el uso de este concepto, y sus correspondientes efectos de poder, es todavía una tarea pendiente.

Un arqueo muy preliminar, tomando como referencia las noticias publicadas en “Voz de América”, órgano propagandístico del gobierno estadounidense, permite rastrear el uso del concepto en el año 2014. Curiosamente, aparece asociado al derecho a la libertad de expresión. En efecto, el 31 de marzo, en medio de la segunda oleada de violencia antichavista contra el gobierno de Nicolás Maduro, Rodrigo Diamanti, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y presidente de la oenegé “Un mundo sin mordaza”, declaraba que “la crisis política en Venezuela, combinada con la crisis económica y social está generando una crisis humanitaria” (7). Contra toda evidencia, Diamanti afirmaba que el gobierno violaba el derecho a la manifestación pacífica y libraba una persecución en las redes sociales.

En todo el año 2014 solo volvió a emplearse el término en una nota relacionada con la situación hospitalaria. La vocería la asumió entonces José Manuel Olivares, “médico residente del hospital universitario de Caracas y especialista en radioterapia oncológica y medicina nuclear”, quien sostuvo que “el país actualmente atraviesa una crisis humanitaria” (8). “Voz de América” omitió informar que Olivares ya era para entonces militante del derechista partido Primero Justicia. De hecho, actualmente es diputado a la Asamblea Nacional, resultando electo en las parlamentarias de 2015 por el estado Vargas, al igual, por cierto, que el diputado Juan Guaidó.

Será en 2015 cuando el término se instale definitivamente en la agenda. El 24 de febrero es reseñado un informe del tanque de pensamiento “International Crisis Group” en el que advierte que Venezuela “podría enfrentar una crisis humanitaria si no se toman las medidas para resolver los problemas del país” (9). Un par de semanas después, el lunes 9 de marzo, la Administración Obama declara a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” de Estados Unidos, e impone sanciones a siete funcionarios presuntamente incursos en violaciones de derechos humanos (10). En una nota fechada el 11 de marzo, una vez más José Manuel Olivares, ahora declarando en nombre de la oenegé “Médicos por la Salud”, sostuvo que el país afrontaba “una crisis humanitaria de salud” (11). Al día siguiente son reseñadas declaraciones del senador republicano Marco Rubio: “Mientras que las sanciones económicas individuales a los infractores de los derechos humanos, que fueron anunciadas a principios de esta semana, se han enfocado en la catástrofe que Nicolás Maduro y su régimen han infligido a los venezolanos, se debe hacer más y prestar más atención a esta crisis humanitaria y económica que amenaza la seguridad regional” (12). El mismo día, el secretario de Estado John Kerry “aseguró que si Venezuela detiene la ayuda petrolera que ofrece a los países de la región, podría desatarse una crisis humanitaria” (13). A partir de entonces, la vocería antichavista empleará el término con cada vez mayor frecuencia.

En 2016, ya bajo control de la oposición, la Asamblea Nacional se convertirá en caja de resonancia de este discurso: el 26 de enero declarará la “crisis humanitaria en la salud de Venezuela, en vista de la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria” (14), y el 11 de febrero declarará “crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria de la población venezolana” (15). El 23 de enero, el equipo de Misión Verdad publicó un informe en el que aportaba algunos datos que permitían demostrar la falacia del “cartelizado discurso sobre la ‘falta de dólares’ como causa fundamental de la restricción de la oferta de medicamentos que producen oligopólicamente” algunas pocas transnacionales farmacéuticas establecidas en el país (16). El 15 de febrero, el periodista Víctor Hugo Majano advirtió: “Las declaratorias de emergencia, tanto alimentaria como farmacéutica, impulsadas desde la Asamblea Nacional tienen como propósito principal obligar al Gobierno a mantener el flujo de divisas destinadas a financiar las importaciones de la capa comercial de la gran burguesía y de las corporaciones transnacionales dedicadas a la comercialización de bienes de consumo masivo” (17).

Hecha esta relación parcial de los hechos, y a primera vista, considerando las condiciones históricas en que emerge este discurso, el tipo de vocería que lo emplea, los motivos que la inspiran, parece claro que cuando comienza a hablarse de “crisis humanitaria” en Venezuela se hace a la manera de una profecía autocumplida. Quienes hablan este lenguaje “humanitario”, más que advertir sobre lo que puede ocurrir, están anticipándose a una realidad con cuya materialización están comprometidos. Por otra parte, más que describir una situación, se plantea el problema de tal forma que única y exclusivamente el gobierno es “culpable”, y se propone de una vez la solución: la “intervención humanitaria”. Esto es clave entenderlo: no hay “crisis” sin “intervención”.

Otro efecto político es la progresiva degradación del lenguaje político: la “humanitarización” del discurso es la expresión más reciente de la deshumanización del chavismo, que es consustancial al antichavismo. Las “hordas” de los primeros años de la revolución bolivariana son el equivalente del chavismo cómplice y criminal de un “genocida” que, como Nicolás Maduro, además es “usurpador”, como era “ilegítimo” Hugo Chávez. La actual virulencia de los ataques contra el chavismo, al que se considera poco más que sujeto de legítimo exterminio, despreciable y ruin, no obedece a la “crisis humanitaria”, como pudiera pensarse: se trata de exactamente la misma virulencia de hace veinte años, atizada por la brutalidad con que hoy se expresa el “capitalismo del desastre” en Venezuela.

Esa «humanitarización» del discurso político es la espesa trama a partir de la cual se intenta legitimar el ataque artero de la Administración Trump contra PDVSA: se «justifica» porque, palabras más, palabras menos, tal y como declaraba John Bolton a Fox Business el pasado 24 de enero, estamos hablando de un gobierno «genocida» y «corrupto». ¿Dónde está la trampa? En que esta trama discursiva funciona como un pantano: cualquiera que la ponga en entredicho es porque o «no reconoce» o «justifica» la crisis o la corrupción. Así, los principales responsables de la “catástrofe” quedan exentos de toda responsabilidad.

III.-
La “crisis humanitaria” es una oportunidad de negocios, como reconoció Bolton en la entrevista a Fox Business, y como también lo dejan ver los planes que se promueven entusiastamente desde la Asamblea Nacional.

El 19 de diciembre de 2018 fue presentado, a iniciativa de la Asamblea Nacional, el “Plan País, el día después”, que vendría a perfilar la hoja de ruta a seguir durante la “transición a la democracia”. De acuerdo a “Banca y Negocios”, el plan contempla:

– “reactivar el aparato productivo […] accediendo al financiamiento de la banca multilateral”, léase Fondo Monetario Internacional;
– “desmontar el sistema de controles, regulaciones, trabas burocráticas y normas punitivas”;
– “inversiones internacionales en un marco regulatorio que genere confianza y protección efectiva a la propiedad privada”;
– “apertura a la inversión privada en la empresas públicas”;
– “aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que […] permita al capital privado ser accionista mayoritario en proyectos petroleros”.
– “sector privado será el responsable […] de la operación de los activos de los servicios públicos”;
– “eficiencia del Estado para por reducir su tamaño”.

En materia social: “Se trata de abastecer y dar acceso continuo a bienes y servicios de primera necesidad, a dar una atención especializada a los sectores salud, educación y nutrición de los más vulnerables e incentivar empleos de calidad y protección del ingreso familiar” (18).

El 9 de enero de 2019 fue distribuido en la Asamblea Nacional el Anteproyecto de “Ley de Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. En su artículo 21 puede leerse: “La Asamblea Nacional dictará las Leyes necesarias a (sic) atender la emergencia humanitaria compleja y promover el rescate de la economía venezolana, de conformidad con el Acuerdo del Plan País aprobado el 18 de diciembre de 2018”.

De inmediato, pasa a enumerar los objetivos a cumplir: “rápida recuperación económica mediante la asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales” (numeral 1); “se abolirán los controles centralizados y medidas arbitrarias de expropiación y otras medidas similares, incluyendo el control de cambio. A estos fines, se sustituirá el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de mercado basado en el derecho de cada venezolano a trabajar bajo las garantías de los derechos de propiedad y libertad de empresa” (numeral 2); “empresas públicas serán sometidas a un proceso de restructuración que asegure su gestión eficiente y transparente, incluso, mediante acuerdos público-privados” (numeral 4)” (19).

Como puede verse, tanto el “Plan País” como el Anteproyecto de la “Ley de Transición” está plagado de medidas de corte claramente neoliberal: desregulación, privatizaciones masivas (incluyendo PDVSA), reestructuración del Estado, etc. Y lo que se plantea como medidas en materia social que, dado que atravesamos por una “crisis humanitaria”, tendría que ser lo central de cualquier propuesta de “transición a la democracia”, no pasa de ser una muy modesta versión de las políticas impulsadas durante la revolución bolivariana.

Tal es la engañosa propuesta de los “capitalistas del desastre” en Venezuela: nos prometen volver al país de Chávez, que habría sido destruido por el “socialismo del siglo XXI”, pero aplicando las mismas políticas neoliberales de los años 80 y 90, contra las cuales ya se rebeló el pueblo venezolano.

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(1) U.S. Department of the Treasury. Treasury Sanctions Venezuela’s State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A. 28 de enero de 2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594

(2) Ricardo Vaz. US Hits PDVSA with More Sanctions as UNSC Fails to Pass Resolution on Venezuela. Venezuelanalysis, 28 de enero de 2019. https://venezuelanalysis.com/news/14268

(3) Fox Business [Fox Business]. (24 de enero de 2019). John Bolton: I don’t think Maduro has the military on his side [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=8av-cPP1uPE

(4) Asamblea Nacional. Acuerdo para la promoción del plan de rescate del país. 29 de enero de 2019. http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-para-la-promocion-del-plan-de-rescate-del-pais

(5) Naomi Klein. La doctrina del shock. Paidós Ibérica. 2007.

(6) Alfonso Guerra afirma que hay dictaduras que «al menos son eficaces» frente a la de Maduro, «que no sirve para nada». El Diario, 28 de enero de 2019. https://www.eldiario.es/rastreador/Alfonso-Guerra-dictaduras-economica-Maduro_6_862023791.html

(7) Luis Alberto Facal. Venezuela vive una crisis humanitaria según ONG. Voz de América, 31 de marzo de 2014. https://www.voanoticias.com/a/venezuela-libertad-rodrigo-diamanti/1883104.html

(8) La crisis en Venezuela llega a los hospitales. Voz de América, 16 de junio de 2014. https://www.voanoticias.com/a/la-crisis-en-venezuela-llega-a-los-hospitales/1937809.html

(9) Álvaro Algarra. Venezuela: Alertan posible crisis humanitaria. Voz de América, 24 de febrero de 2015. https://www.voanoticias.com/a/venezuela-crisis-humanitaria-maduro-escasez/2657047.html

(10) Obama firma decreto contra Venezuela alegando que es una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional”. Alba Ciudad, 9 de marzo de 2015. http://albaciudad.org/2015/03/obama-implementa-nuevas-sanciones-contra-venezuela/

(11) Venezuela: Ratifican crisis humanitaria de salud. Voz de América, 11 de marzo de 2015. https://www.voanoticias.com/a/medicinas-hospital/2677025.html

(12) Senado prepara audiencia sobre Venezuela. Voz de América, 12 de marzo de 2015. https://www.voanoticias.com/a/marco-rubio-senado-audiencia-venezuela-crisis/2677466.html

(13) «Cancelar Petrocaribe desataría crisis humanitaria». Voz de América, 12 de marzo de 2015. https://www.voanoticias.com/a/venezuela-john-kerry-nicolas-maduro-sanciones-crisis/2677535.html

(14) Asamblea Nacional. Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria en la salud de Venezuela, en vista de la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria”. 26 de enero de 2016. http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-mediante-el-cual-se-declara-crisis-humanitaria-en-la-salud-de-venezuela-en-vista-de-la-grave-escasez-de-medicamentos-insumos-medicos-y-deterioro-de-la-infraestructura-sanitaria

(15) Asamblea Nacional. Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria de la población venezolana. 11 de febrero de 2016. http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-mediante-el-cual-se-declara-crisis-humanitaria-e-inexistencia-de-seguridad-alimentaria-de-la-poblacion-venezolana

(16) Guerra farmacéutica y el plan de la “crisis humanitaria”. Misión Verdad, 23 de enero de 2016. http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/guerra-farmaceutica-y-el-plan-de-la-crisis-humanitaria%20

(17) Víctor Hugo Majano. Burguesía importadora usa declaratorias de emergencia para mantener flujo de divisas. Misión Verdad, 15 de febrero de 2016. http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/burguesia-importadora-usa-declaratorias-de-emergencia-para-mantener-flujo-de

(18) Puntos clave del Plan País para la recuperación de Venezuela. Banca y Negocios, 26 de diciembre de 2018. http://www.bancaynegocios.com/puntos-clave-del-plan-pais-para-la-recuperacion-de-venezuela/

(19) Asamblea Nacional. Anteproyecto de “Ley de Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 9 de enero de 2019. http://puntodecorte.com/wp-content/uploads/2019/01/10E-T-Ley-Marco-del-Estatuto-08-01-19.pdf.

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Publicado originalmente en Telesur el 31 de enero de 2019.

El experimento venezolano

I.-
Escribo estas primeras líneas cerca de la medianoche del miércoles 23 de enero. La velocidad con la que se suceden los hechos obliga a ordenarlos. En la ruleta de la historia, hay truhanes apostándole fuerte al caos y a la desmemoria.

Afuera, la violencia es un rumor lejano. Ese rumor ha vuelto a instalarse entre nosotros desde el día lunes: al llamado de un pequeño grupo de efectivos de la Guardia Nacional a desconocer al Presidente Nicolás Maduro, ocurrido durante la madrugada, le han seguido varios focos de violencia en el oeste de la ciudad, en horas de la noche. Catia, El Valle, La Vega, La Pastora: todas parroquias populares.

El martes por la mañana, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, escribía en Twitter que las protestas en el oeste de Caracas demostraban “que no hay talanqueras que saltar. Aquí todos quedamos en el mismo corral: sin luz, sin agua, sin medicinas, sin gas y con un futuro incierto” (1). Pronto quedaba muy claro que se trataba de una estrategia: a diferencia de 2014 y 2017, cuando la violencia se expresó fundamentalmente en los territorios controlados por el antichavismo, casi siempre zonas acomodadas, en esta oportunidad se concentrarían en las zonas populares, al menos en una fase inicial. En efecto, durante la noche no se presentó un solo incidente en el este de la ciudad, y recrudeció la violencia en el oeste, más o menos en los mismos lugares de la jornada previa.

El mismo martes, Mike Pence, Vicepresidente estadounidense, se refería al Presidente Maduro como “un dictador sin derecho legítimo de poder” que “nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa”, y expresaba su apoyo a las intenciones de Guaidó de “declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición” (2).

Este miércoles, minutos después de la autojuramentación de Guaidó como “Presidente Encargado”, vino el reconocimiento de la Administración Trump, y de inmediato la previsible seguidilla de presidentes alineados con Estados Unidos: Mauricio Macri, Iván Duque, Jair Bolsonaro, Lenín Moreno… Más temprano, habían llegado los primeros reportes de violencia en el estado Amazonas. Alrededor de las 7 de la noche, se hablaba de víctimas mortales en Barinas, Táchira, Portuguesa, Yaracuy… El golpe de Estado en marcha dejaba su estela de violencia.

II.-
Si de algo no es posible acusar al gobierno estadounidense es de inconsecuente: no solo se apresuró a reconocer la dictadura de Pedro Carmona Estanga, quien se autojuramentó como Presidente de la República el 12 de abril de 2002, sino que se negó a reconocer la victoria de Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, hecho que, pese a ser más reciente, es mucho menos recordado (3). Para Estados Unidos no es nuevo esto de desconocer Presidentes legítimos y apoyar dictadores, y poco o nada le importa si el diputado Guaidó, ahora “Presidente Encargado”, resultó electo en comicios organizados por el mismo Poder Electoral que organizó las presidenciales del 20 de mayo pasado, en las que resultó reelecto Maduro.

No es nueva tampoco la violencia: al desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2013 le sucedió una oleada de violencia política antichavista que dejó un saldo de once muertos. Además, fueron asediados o violentados treinta y cinco centros de salud públicos (Misión Barrio Adentro), dos hospitales, treinta y nueve instalaciones de la red pública de distribución de alimentos, dieciocho medios alternativos y comunitarios, siete sedes regionales del Consejo Nacional Electoral, entre otras instalaciones públicas y establecimientos privados (4).

De acuerdo al relato dominante sobre Venezuela, ha habido dos grandes “ciclos de protestas antigubernamentales” desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia: la primera entre febrero y junio de 2014, y la segunda entre abril y julio de 2017. Uno más violento que el otro. Estaríamos, en consecuencia, en presencia del tercer “ciclo”, iniciado el 21 de enero pasado. Pero esto es completamente falso. Esta versión de los hechos omite de manera deliberada la oleada de violencia del 15 al 19 de abril de 2013.

A tal punto han ganado terreno el ocultamiento y la desmemoria, que cualquiera que lea el siguiente relato concluirá sin dudarlo un instante que se trata de algún episodio ocurrido durante las violentas jornadas de 2017: “De esos lesionados hay una persona que la quemaron viva, o sea, pretendían matarla quemándola. La incendiaron viva. Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en este momento tiene un grupo de personas. ¿Tú sabes lo que es un hermano venezolano tratar de quemarlo vivo? Eso es terrible” (5). Sin embargo, se trata de un extracto de las declaraciones que ofreció la ex Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el 16 de abril de 2013.

Estos hechos no caben en el relato dominante porque la mayoría de las víctimas mortales eran chavistas, y ninguna antichavista. Pero ¿qué ha ocurrido en la sociedad venezolana desde entonces? ¿Qué traumas ha sufrido? ¿Qué mutaciones ha experimentado? ¿Qué explica que aquellas terribles circunstancias resulten ajenas al propio chavismo?

Desde entonces la sociedad venezolana está en shock, y esa es una historia de la que muy poco se ha contado. La importancia de contarla tiene que ver en buena medida con el hecho de que hay fuerzas muy poderosas interesadas en que nos quedemos sin memoria. Y contarla pasa también por recuperar nuestro lenguaje o, como escribía recién un amigo, “volver a hablar sobre Venezuela en nuestro propio idioma”.

Esto último vale no solo para quienes luchamos en Venezuela, sino para quienes, en cualquier parte del mundo, luchan por la igualdad y la justicia, y por evitar la catástrofe capitalista. La pérdida de capacidad heurística de nuestros marcos interpretativos es algo que nos afecta a todos por igual, en mayor o menor medida. Y para ser capaces de transformar primero es preciso comprender.

Hoy Venezuela nos interpela. Nos plantea un serio desafío. Evadir el tema por tratarse de un asunto “tóxico” no puede seguir siendo una opción. Tenemos que ser capaces de sobreponernos a la intoxicación discursiva de los poderes fácticos globales. Ya solo poner en duda el relato de la “crisis humanitaria” es un paso importante. Lo que no significa, de ninguna manera, negar los graves problemas. Pero solucionarlos pasa por develar el entramado de relaciones de poder y saber tras aquel discurso. Nuestro punto de partida no puede ser precisamente aquello que es necesario explicar.

Sin duda alguna, en nuestro país está en marcha un experimento. Sin habérselo propuesto, ni mucho menos, el “Presidente Encargado” ha empleado una metáfora que sirve para ilustrarlo: estamos en un “corral”, sometidos a situaciones-límite. Y pretenden llevarnos al matadero mientras nos hablan de democracia y libertad (6).

Por lo pronto, llama la atención el cuasi-silencio respecto de las víctimas mortales en días recientes. Algunos medios antichavistas han hecho las consiguientes reseñas, con el sesgo correspondiente. Provea, alguna vez, hace mucho, una organización de derechos humanos respetable, ha vuelto a sumarizar de la manera más irresponsable: “La muerte de estos 27 venezolanos eleva a 242 el total de fallecidos en protestas desde que Maduro asumió el poder en 2013” (7).

Pero lo cierto es que las víctimas no han tenido, ni de cerca, la centralidad en el discurso antichavista que tuvieron en 2014 y 2017. ¿La razón? Muy similar a la de 2013: eran pobres en su gran mayoría. Como comentaba una amiga: sus nombres no fueron tendencia en Twitter, ni serán estampados en las franelas que se usarán en las marchas, ningún influencer hablará de ellos.

No todos estamos en el mismo “corral”. Solo la mayoría. Para ellos no aplican las palabras del Vicepresidente estadounidense, Mike Pence: “Estamos con ustedes” (8).

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(1) Juan Guaidó [@jguaido]. (22 de enero de 2019, 9:52). Las protestas en el Oeste #Caracas demostraron que no hay talanqueras que saltar. Aquí todos quedamos en el mismo corral: sin luz, sin agua, sin medicinas, sin gas y con un futuro incierto. Todos estamos sumergidos en esta crisis, menos el usurpador. #MañanaNosReencontramos
Recuperado de https://twitter.com/jguaido/status/1087709559479767040

(2) Mike Pence [@VP]. (22 de enero de 2019, 11:32). As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad.
Recuperado de https://twitter.com/VP/status/1087734655804194819

(3) Eva Saiz. Estados Unidos se niega a reconocer a Maduro como Presidente de Venezuela. El País, España. 16 de abril de 2013.
https://elpais.com/internacional/2013/04/16/actualidad/1366134296_720903.html

(4) Foro Itinerante de Participación Popular. Las víctimas de la arrechera. Caracas, Venezuela. Junio de 2013.

Haz clic para acceder a VICTIMAS-DE-LA-ARRECHERA-WEB.pdf

(5) Últimas Noticias [Últimas Noticias]. (16 de abril de 2013). Fiscal Luisa Ortega Diaz ofrece balance de fallecidos y lesionados [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_CvHciI2P7o

(6) RT en Español [@ActualidadRT]. (23 de enero de 2019, 18:32). Los paralelos en el trato de EE.UU. a Venezuela en 2019 y a Libia en 2011. Recuperado de https://twitter.com/ActualidadRT/status/1088202749597175810

(7) Provea. Asesinato de 27 personas en protestas 2019, eleva a 242 el total de fallecidos en manifestaciones durante la era Maduro. 25 de enero de 2019.
https://www.derechos.org.ve/actualidad/asesinato-de-27-personas-en-protestas-2019-eleva-a-242-el-total-de-fallecidos-en-manifestaciones-durante-la-era-maduro

(8) Mike Pence [@VP]. (22 de enero de 2019, 11:32). As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad.
Recuperado de https://twitter.com/VP/status/1087734655804194819

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Publicado originalmente en Telesur el 27 de enero de 2019.