Comenzar de nuevo


Foto: Sandra Iturriza

A mi padre, a los setenta y cinco años de su nacimiento

¿Hasta cuándo podremos tolerar esto? – preguntó M en la cocina, quizá intentando encontrar el eco que no había conseguido en la mesa. Mientras desayunábamos, había estado comentando sobre lo difícil que resultaría la cuarentena para muchas familias, en especial para aquellas que no podían asegurar las tres comidas diarias. Nuestra respuesta había sido el silencio. Ciertamente, no un silencio cómplice, como el de quienes solo tienen ojos para mirar sus propios platos. Más bien un silencio doloroso, apesadumbrado, pero silencio al fin.

El silencio nos persiguió hasta la cocina. No hubo comentario alguno, como si aquella pregunta fuera la hija huérfana de respuestas que hace tiempo habían iniciado un viaje sin retorno. Sin embargo, un pensamiento me atravesó la cabeza: Lo que sí es seguro, es que esta situación resulta más tolerable para nosotros, al menos más tolerable que para muchos otros.

Recordé entonces aquella conversación con la mayor de mis hijas, en 2016, cuando por primera vez en mucho tiempo, al punto que no puedo recordar cuándo fue la última vez, algunos alimentos comenzaron a faltar en casa. Esta situación se parece mucho a la que ya vivimos en la década de los noventa – le comenté. No tienes por qué preocuparte por nosotros. De alguna manera lograremos salir adelante. Ya lo verás. Te acordarás de estas palabras. En cambio, muchos no podrán hacerlo. Son los que hoy, como ayer, vuelven a sobrevivir, y como ayer, en algún punto, ya no podrán hacerlo. Creer que esas vidas no tienen por qué importarnos, y creer que solo importa lo que hagamos con nuestras vidas: esa sería la peor de nuestras derrotas. Eso significaría que, después de todo lo vivido, por lo que hemos luchado todos estos años, no ha servido de nada.

Como suele suceder en estas circunstancias, aquel recuerdo me condujo a otros recuerdos, y en cuestión de segundos, sin poder advertirlo y sin querer evitarlo, volví sobre mis pasos en los tempranos años noventa, cuando incursioné en la militancia revolucionaria.

Ahora mismo pienso en aquellos años sin atisbo de nostalgia. Al contrario, me reconforta saber que, de alguna forma, sigo siendo aquel muchacho de dieciocho. A mis cuarenta y seis, ya no lucho por cambiar un mundo que apenas conozco, como cuando me iniciaba en la vida adulta. He tenido oportunidad de conocerlo bien. Y mientras mejor lo conozco, más ganas tengo de cambiarlo. Me considero un hombre afortunado: no le tengo miedo a comenzar de nuevo, si fuera necesario.

Hoy me descubro llevando una vida muy similar a la que nos procuraron mis padres. Aunque, una vez formé mi propia familia, tuve que mudarme muchas veces, he vivido siempre en los mismos lugares: zonas residenciales de clase media trabajadora, a la que conozco muy bien, casi podría decir que como la palma de mi mano. Sin lujo alguno, más bien con frecuencia en el límite de la pobreza. Al principio, es posible, porque no nos quedaba otra opción. Pero de un tiempo a esta parte, así lo asumimos, por simple elección. Esto es lo que somos.

No somos mejores ni peores que otros. Somos lo que somos con nuestras miserias y grandezas. Y no tenemos intención de aparentar algo que no somos. Dudo mucho que la vejez nos dé por hacerlo. Creo que moriremos como vivieron o siguen viviendo nuestros padres y como nos enseñaron a vivir. De los lazos que me unen a la mujer con la que vivo, tal vez sea ese uno de los más fuertes.

A mis dieciocho apenas conocía el mundo que quería cambiar. Sabía, por supuesto, o más bien intuía, que algo andaba muy mal, y que nos merecíamos una vida mejor.

Incendiamos la ciudad por los cuatro costados. Estábamos resueltos a cambiarlo todo. Por aquellos años amé por primera vez e hice amigos que siguen estando entre mis amigos más entrañables, aunque ya casi no los frecuente.

Tras una pausa de pocos años que, no obstante, me pareció interminable, llegó el año 1998. Acababa de mudarme de la casa de mis padres y vivíamos en el típico edificio de clase media empobrecida, en la ciudad de Los Teques, en un modesto apartamento. La política era un tema prácticamente vedado en las conversaciones cotidianas con nuestros vecinos. Pero muy pronto, y debo admitir que para nuestra sorpresa, descubrimos que el anhelo de cambio era algo compartido por la inmensa mayoría de quienes nos rodeaban.

La celebración popular de la noche del 6 de diciembre de 1998 es algo que no podré olvidar jamás. Aquella alegría tan genuina, casi podría decirse que tan furiosa, estaba hecha de una materia que la volvía perdurable, eterna, resistente a futuras frustraciones y derrotas. Fue como si exorcizáramos colectivamente la tristeza. Con todo, el hallazgo más sorprendente estaba por venir.

Ocurrió en 2002. Entonces, y solo entonces realmente, descubrí al pueblo venezolano. Ese mismo pueblo por el que había estado luchado la década anterior. Comprendí, finalmente, que había luchado por el pueblo en abstracto, como suelen ser abstractos los ideales de un joven. Había luchado por un pueblo al que había sido incapaz de ver, aunque me cruzara con él incontables veces. Aquel año conocí el rostro del pueblo venezolano, y desde entonces comprendí que era correcto ser lo que era, no renegar de lo que era, pero que era parte de algo más grande. Descubrí, además, que estaba en el lugar donde debía estar.

Más tarde comprendí, también, que si en los noventa no había podido conocer al ser colectivo del que formo parte, fue porque parte importante de eso que hoy somos permanecía invisible. Porque es muy difícil reconocer a un pueblo que no ha terminado de reconocerse a sí mismo, de afirmarse en la lucha por cambiar su mundo y, más allá, el mundo todo.

Y pienso que tal vez algo de eso sea lo que nos está ocurriendo hoy, y puede que por tal motivo nos resulte tan sencillo, y tan intolerable al mismo tiempo, volver sobre 2016, y sobre los años noventa. Porque hoy no estamos todos los que somos. Una parte pareciera haber desaparecido de nuevo. Hay una parte de nosotros que ha vuelto a ser invisible. Y nos perturba pensar en lo intolerable que puede resultar para una parte de eso que somos, ser invisibles una vez más. Y está bien que la sola idea nos resulte intolerable a nosotros mismos. No podría ser de otro modo.

De otra manera, estaríamos resignándonos a vivir una vida mutilada, incompleta, como tiene que ser la penosa vida de quienes solo tienen ojos para los platos que hay sobre su mesa. Eso sería traicionar lo que somos, lo que hemos sido.

Hoy no estamos todos los que somos, y no asumirlo así sería engañarnos a nosotros mismos. Mal podríamos vernos al espejo si no somos capaces de ver que falta una parte, hoy invisible nuevamente. Estamos incompletos.

Hay que comenzar de nuevo. Pero, contrario a lo que podría pensarse, la certeza de que tenemos que hacerlo no puede ser considerada una derrota. Todo lo contrario. Entre otras cosas, porque nadie nos podrá arrebatar la alegría de saber que no vamos a comenzar de cero.

Cuarentena (XV): Gasolina y subsidio directo universal


Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos

Subsidios directos

Al cierre del artículo anterior dejaba en el aire las siguientes preguntas: ¿el nuevo esquema de distribución de los combustibles, vigente a partir del 1 de junio, prevé la eliminación de la venta de gasolina a precio subsidiado en las estaciones de servicio, previa adoptación de la modalidad de subsidio directo a los usuarios y usuarias? En tal sentido, ¿se seguirá el ejemplo de Irán? (1)

Respecto de la primera interrogante, el mismo presidente Maduro dejó entrever en su alocución del sábado 30 de mayo que lo que iniciaría dos días después sería una fase de “normalización” en el suministro de combustibles, que se extendería por tres meses, y que el objetivo era que “todos los vehículos automotores, carros, camiones, motos del país, estén en el Sistema Patria, y podamos ir a un subsidio directo al consumidor, al usuario”.

Adicionalmente, el presidente defendió la decisión de subsidiar el 100 por ciento del combustible para el transporte público “para no afectar en nada el pasaje del trabajador”, pero explicó que el objetivo era lograr, en el transcurso de noventa días, una “fórmula justa en el transporte público, porque creo que lo justo sería el subsidio al usuario del transporte público, directo, a través del Carnet de la Patria”.

El lunes 1 de junio, mientras ofrecía balance público de la implementación del nuevo esquema, insistió en el primer punto: “Todo el mundo debe estar inscrito en el Sistema Patria, porque llegará el momento en que a través del Sistema Patria les daré a ustedes el subsidio directo”.

De manera que todo indica que en septiembre, tras culminar la fase de “normalización” en el suministro, entrará en vigencia la modalidad de subsidio directo tanto para los usuarios y usuarias del servicio de expendio de combustibles, como para los del transporte público.

Pero, ¿cómo se implementarán estos subsidios directos? ¿Quiénes resultarán elegibles para recibirlos? ¿Qué monto recibirán? ¿Con qué periodicidad? ¿De acuerdo a qué criterios se determinará el monto de los subsidios directos?

Conocer la experiencia iraní puede permitirnos vislumbrar algunos escenarios.

La experiencia iraní

El documento que he utilizado como base para dar cuenta de la experiencia iraní fue publicado en julio de 2011 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se intitula: “Irán. Las Crónicas de la Reforma de Subsidio” (Iran. The Chronicles of the Subsidy Reform) (2). Salvo indicación contraria, toda la información que sigue está extraída de estas “Crónicas”.

Como su título lo indica, el documento es una crónica de la implementación de la Reforma de Subsidios Directos (Targeted Subsidies Reform) en Irán, vigente a partir del 19 de diciembre de 2010. Fue elaborado por Dominique Guillaume, Roman Zytek y Mohammad Reza Farzin, este último viceministro de Economía y Finanzas del Gobierno iraní.

Un dato curioso, que vale la pena mencionar, es que las pocas notas publicadas en Venezuela sobre el asunto, sin excepción, abrevan directamente de este documento, aunque casi ninguno lo referencie expresamente.

Antes de iniciar, y aunque resulte muy obvio, no está de más subrayar que la situación de la República Islámica de Irán en 2010, específicamente la económica, era muy distinta de la situación venezolana una década después.

Algunos pocos indicadores nos pueden permitir tener una idea muy aproximada del contraste entre una situación y otra. Así, por ejemplo, en los años precedentes a la reforma, específicamente en el período comprendido entre 2005 y 2009, la economía iraní creció un promedio de 5,6 por ciento anual (3). En 2010, el salario mínimo promedio ascendía a 303,5 dólares (4). En diciembre de 2010, la inflación anualizada fue calculada en 12,8 por ciento. Venezuela, por su parte, acumuló un crecimiento negativo de -62,4 por ciento en el período 2014-2018. A mediados de junio de 2020 el salario mínimo es el equivalente a 2 dólares. En mayo de 2020 la inflación fue de 38,6 por ciento, con un acumulado del 295,9 por ciento durante el año.

Con todo y que la implementación de la Reforma de Subsidios Directos de 2010 en Irán tuvo lugar en condiciones económicas significativamente más favorables, eso no desdice, en lo absoluto, de su enorme valor histórico referencial, como podremos ver a continuación.

Objetivo de la Ley de Reforma

Para comenzar, es muy importante precisar que lo que ocurrió en Irán fue una reforma de los precios de la energía. Es decir, no solo aumentó el precio de todos los combustibles (gasolina, diesel, kerosene, gas licuado de petrolero, etc.), sino también de la electricidad, el agua y el gas doméstico.

La base jurídica de la reforma de los precios de la energía fue la Ley de Reforma de Subsidio Directo (Targeted Subsidy Reforme Act), aprobada por el parlamento el 5 de enero de 2010. Fue concebida para aplicarse en cinco años, coincidiendo con el Quinto Plan Quinquenal 2010-2015 (Fifth Five Year Economic, Social and Cultural Development Plan).

La Ley de Reforma estipuló que todos los precios serían incrementados gradualmente. En el caso de los combustibles, hasta lograr el objetivo de establecer precios equivalentes a no menos del 90 por ciento de los precios del Golfo Pérsico. El precio del gas doméstico sería incrementado hasta llegar a un precio que no podía ser menor al 75 por ciento del precio promedio de exportación. En cuanto al agua y la electricidad, el precio sería incrementado hasta cubrir el costo de producción.

En 2008, el precio internacional de la gasolina rondaba los 2 dólares el litro. En Irán se pagaba a una tasa equivalente a 0,1 dólares el litro desde 2007, cuando fue establecido un sistema de racionamiento: desde entonces, cada usuario o usuaria podía consumir hasta 120 litros de gasolina al mes. Superada esa cuota, tenía que pagarla a precio de “mercado libre”, equivalente a 0,40 dólares por litro. Posteriormente la cuota fue reducida a 60 litros por mes por vehículo. El objetivo expreso del racionamiento fue reducir tanto la excesiva demanda, estimulada por el bajo precio, como el contrabando a países vecinos. El país estaba importando crecientes cantidades de gasolina para poder abastecer su mercado interno.

El objetivo principal de la Ley de Reforma era racionalizar el consumo. Compensando a los hogares por el aumento de los precios de la energía, se desestimularía el consumo excesivo de gasolina, mientras que la compensación en dinero permitiría a la población comprar o pagar una mayor cantidad de bienes esenciales y servicios.

Dos datos decisivos: por una parte, según estimaciones oficiales, la implementación de la Reforma de Subsidios Directos permitiría obtener un ahorro de entre 50 mil y 60 mil millones de dólares anuales; por otra parte, y según la Ley de Reforma, el 50 por ciento de esos recursos estarían dirigidos a la población, fundamentalmente a través de subsidios directos, pero también bajo la forma de fortalecimiento de planes sociales (salud, vivienda, empleo, etc.). Otro 30 por ciento se destinaría al sector privado y el restante 20 por ciento al sector público.

El sujeto de la Ley de Reforma

El Gobierno iraní tuvo claro desde el principio que el incremento de los precios de la energía resultaría inaceptable para la población a menos que estuviera acompañado de la compensación adecuada. Asumió como un hecho histórico indiscutible que la eliminación de subsidios a bienes y servicios básicos y esenciales se traduce en el deterioro del ingreso real, que afecta fundamental y desproporcionadamente a los hogares más pobres.

En razón de lo anterior, las autoridades hicieron mucho énfasis en que el objetivo no era eliminar los subsidios, sino subsidiar directamente a los hogares. Argumentaron que la energía barata beneficiaba principalmente a las clases privilegiadas, que además la consumían en exceso. La implementación de la Ley de Reforma beneficiaría a los hogares más pobres, que comenzarían a recibir un pago en efectivo que mejoraría sus condiciones de vida.

Como mínimo, el subsidio directo habría tenido que permitir a los hogares más pobres compensar la pérdida de utilidad debido a la reducción del consumo de energía una vez que hubieran aumentado los precios, con un mayor consumo de otros bienes y servicios. Pero el Gobierno iraní logró definir un monto que evitara la pérdida de utilidad de los hogares, permitiéndoles no solo consumir más bienes y servicios, sino incrementar el uso de energía.

La circunstancia decisiva de que el monto del subsidio directo dependiera, tal y como lo contemplara la Ley de Reforma, de los recursos obtenidos a partir del incremento de los precios, contribuyó a la aceptación social de la iniciativa.

Tarifas

Luego de revisar más de doscientos escenarios, las autoridades decidieron adoptar un sistema multi-precios, para moderar el impacto de la reforma, principalmente en los hogares más pobres, y promover el uso racional de energía. Múltiples variables fueron consideradas: el incremento de los precios tendría que ser suficiente para reducir la demanda excesiva, pero también había que tomar en cuenta, por ejemplo, los problemas de acceso en algunas regiones del país al gas doméstico utilizado para la calefacción, el servicio más consumido por los hogares más pobres, y que representaba el mayor gasto relacionado con la energía.

Las tarifas de la electricidad, el agua y el gas doméstico fueron establecidas previendo montos escalonados: a menor consumo, menor costo, y una vez superado un determinado nivel de consumo, precios más altos. Así, por ejemplo, el costo de 100 kWh de electricidad fue establecido en un precio de 270 riales (0,027 dólares). En exceso de 600 kWh, el usuario o la usuaria pagaría 2100 riales (0,21 dólares). A su vez, los usuarios y usuarias en climas más calientes podían ser elegibles para obtener descuentos. Las tarifas fueron diferenciadas por región del país: se establecieron precios más bajos en las regiones más calientes, con relativamente alta demanda de aire acondicionado. Igualmente, las tarifas del agua y del gas natural fueron diferenciadas por región. Por ejemplo, en las regiones con problemas de acceso al gas doméstico, los precios de la calefacción fueron permanentemente monitoreados y regulados.

En cuanto a la gasolina, y como recordaremos, el sistema multi-precios estaba vigente desde 2007. A partir de la implementación de la Ley de Reforma, el precio del litro de gasolina fue incrementado de mil riales (0,1 dólares) a 4 mil riales (0,4 dólares), con una cuota de 60 litros por mes por vehículo, y la gasolina a precio de “mercado libre” pasó de 4 mil riales a 7 mil riales (0,70 dólares). Adicionalmente, durante los primeros meses, a los usuarios y usuarias se les permitió consumir su cuota disponible de 60 litros de gasolina al viejo precio de mil riales.

Elegibilidad

Si bien la Ley de Reforma estipulaba que el 50 por ciento de los ingresos estarían dirigidos a los hogares del país, considerando su nivel de ingreso, no ofrecía mayores detalles. Inicialmente, las autoridades estaban inclinadas por otorgar el subsidio directo a los hogares más pobres. Pero pronto resultó claro que sería muy difícil definir administrativamente cuáles hogares podían resultar elegibles y cuáles no.

Finalmente, las autoridades decidieron que toda la población podía aplicar para recibir el subsidio directo, al tiempo que hicieron un llamado a los hogares más ricos para que se abstuvieran de hacerlo.

El proceso de aplicación para optar por el subsidio directo fue simple y las reglas establecidas bastante indulgentes. Básicamente, solo se necesitaba aplicar para recibir el subsidio directo. No hubo mayores verificaciones. Las autoridades reportaron una tasa de aprobación excepcionalmente alta del 98 por ciento de los aplicantes.

Para el momento de implementación de la Ley de Reforma, más de 61 millones de personas recibieron el subsidio directo, lo que representaba el 80 por ciento de la población de Irán, de 75 millones de personas. A cada iraní le fueron asignados 800 mil riales, pagaderos cada dos meses, es decir, un monto equivalente a 40 dólares mensuales, multiplicados hasta por seis integrantes del hogar. Más aún, las autoridades dejaron claro que aquellas personas que todavía no habían aplicado, seguían siendo elegibles para hacerlo, recibiendo el subsidio directo de manera retroactiva. Así, en mayo de 2011, más de 70 millones de iraníes se habían registrado para recibir el subsidio directo.

Los iraníes en el extranjero no eran elegibles para aplicar por el subsidio directo, pero podían hacerlo una vez retornaran a Irán.

De vuelta a Venezuela

Si algo podemos aprender de la experiencia iraní es que cualquier medida dirigida a la “sinceración” de precios, mediante la eliminación de subsidios, inevitablemente suscitará el rechazo popular.

Se puede apelar a un sinfín de argumentos morales para condenar la reacción popular, y de hecho eso es lo que suelen hacer los gobernantes antipopulares. Pero la condena moral no hace sino escamotear la verdadera razón por la cual la población rechaza medidas de tal naturaleza: ellas suponen el deterioro, con frecuencia muy significativo, de sus condiciones materiales de existencia, lo que suele expresarse, por ejemplo, en la pérdida del ingreso real.

A la espera de la gasolina. Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos

En Venezuela, donde la inmensa mayoría de la población ha visto severamente afectadas sus condiciones materiales de existencia en años recientes, es sencillamente inviable proceder a la tal “sinceración” de precios de los bienes y servicios, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que la clase trabajadora sobrevive por debajo del umbral que supone el límite mínimo del valor de su fuerza de trabajo, determinado por el valor de los artículos de primera necesidad (5).

En tal sentido, no solo es correcto, sino sobre todo justo y legítimo, proceder al incremento de los precios del combustible, previendo la implementación, en el corto plazo, de un subsidio directo para el pueblo venezolano.

En relación con los precios de los combustibles, específicamente, resultaba muy claro, al punto de no estar siquiera en discusión, que era necesario incrementarlos a un punto que permitiera racionalizar el consumo, evitar el contrabando de extracción y ahorrarle a la nación venezolana una cuantiosa cantidad de recursos. Sin duda, continuar regalando la gasolina beneficiaba fundamentalmente a los más privilegiados, incluidos corruptos y contrabandistas, y perjudicaba enormemente a la mayoría de la población.

Por supuesto que el incremento de los precios de los combustibles, por sí solo, no resuelve el principal problema de todos: cómo evitar el empeoramiento de las condiciones materiales de existencia de la población. Sin garantías de que el incremento no repercutirá en la pérdida del ingreso real de la clase trabajadora, éste puede significar, simplemente, la drástica reducción del mercado de combustibles, expulsando de facto a las mayorías o, dicho de otra manera, restringiendo su acceso al servicio, reservándolo para una minoría privilegiada que podría pagar, sin problema alguno, los nuevos precios, e incluso precios más altos que los establecidos oficialmente.

Esto es lo que, en teoría, vendría a resolver el subsidio directo anunciado por el presidente Maduro, y de allí su importancia.

Siguiendo con el ejemplo iraní, los recursos destinados a pagar este subsidio directo a la población tendrían que provenir de los recursos ahorrados como consecuencia del incremento de los precios de los combustibles. Y aquí llegamos a un punto clave de la cuestión.

El pueblo venezolano tiene que saber, y las autoridades están obligadas a suministrar esa información, a cuánto asciende el monto del ahorro. Al respecto, hay múltiples versiones, prácticamente una distinta según el vocero del que se trate. En agosto de 2018, el mismo presidente Maduro informaba públicamente que Venezuela dejaba de percibir anualmente alrededor de 18 mil millones de dólares anuales como consecuencia de los bajos precios de los combustibles, así como por el contrabando de extracción (6). Según el documento “Propuesta de reestructuración Petróleos de Venezuela S.A.”, fechado en marzo de 2020, y que habría sido elaborado por la Dirección Ejecutiva de Planificación de PDVSA para la consideración de la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque”, las pérdidas anuales por el subsidio a la gasolina ascienden a 11 mil millones de dólares (7). Más recientemente, en mayo de 2020, el economista Rafael Quiroz estimaba las pérdidas anuales en alrededor de 25 mil millones de dólares (8).

De nuevo, es fundamental conocer la cuantía de los recursos que podrá ahorrarse la nación a partir del incremento de los precios de los combustibles. Pero además, es muy importante saber qué porcentaje de esos recursos se destinará directamente a la población. Supongamos un ahorro de 10 mil millones de dólares anuales, por supuesto una cifra arbitraria, en ausencia de información oficial. Tomando como referencia la experiencia iraní, eso se traduciría en un fondo de 5 mil millones de dólares que estarían dirigidos a toda la población venezolana. Otros 3 mil millones irían al sector privado y 2 mil millones al sector público.

Naturalmente, estos porcentajes podrían variar ligeramente. La experiencia iraní es una invaluable referencia histórica, no una camisa de fuerza. En tal caso, la definición del porcentaje destinado a subsidiar directamente a la población pasaría, necesariamente, por calcular un subsidio directo que permita a los hogares venezolanos elevar sus ingresos. En otras palabras, el subsidio directo tendría que permitirles adquirir y pagar más bienes esenciales y servicios, e incrementar, incluso, el uso de energía. De la misma forma, perfectamente puede decidirse que el sector público, y específicamente la industria petrolera nacional, reciba una mayor cantidad de recursos que el sector privado.

Privatizaciones

Respecto del sector privado, cabe una muy importante precisión: múltiples señales sugieren la intención del Gobierno venezolano de favorecer el incremento de la participación de capital privado en la prestación de servicios esenciales, comenzando por el mismo mercado de combustibles, para también en electricidad, agua potable y gas doméstico. En algunos casos no se trata ya de señales, sino de hechos muy concretos. Quizá sea el servicio de gas doméstico el que más se ha visto afectado por este influjo privatizador. En todo caso, lo realmente importante es que la privatización del servicio no se ha traducido, en lo absoluto, en una mejoría de la prestación del servicio con la correspondiente garantía de acceso para las mayorías populares.

El caso del servicio de gas doméstico, en general poco conocido y menos estudiado, pero sí muy padecido por la población, es un buen ejemplo de que la mayor participación del sector privado no se traduce en mayor bienestar para los hogares venezolanos, un porcentaje de los cuales, muy por el contrario, es expulsado del mercado por la vía de hecho.

Más ilustrativo aún que el caso del servicio de gas doméstico, y de hecho el más emblemático de todos, es el mercado de artículos de primera necesidad: la progresiva retirada del Estado, contrarrestada parcialmente por la existencia de los CLAP, significó la virtual expulsión de parte importante de la población venezolana. Los productos están disponibles en las estanterías, ciertamente, pero muchos de ellos a precios sencillamente inaccesibles para la mayoría.

Muy al contrario de lo que parece ser una idea que ha ganado mucho terreno entre las autoridades gubernamentales, e incluso en una parte de la población (9), los problemas de la gestión pública de los servicios esenciales no se resuelven transfiriendo la gestión al capital privado, sino haciendo lo necesario para mejorar la gestión pública, que es la única que puede garantizar realmente el acceso universal.

Con mucha frecuencia se apela al recurso retórico del “pragmatismo” para justificar la privatización, que se vende como simplemente inevitable. Pero como diría un amigo con el que conversaba recientemente sobre estos asuntos, quizá no haya nada menos pragmático que la privatización.

De nuevo, un estudio detenido de lo que ha sucedido con la privatización progresiva del servicio de gas doméstico resultaría suficiente para concluir que no es recomendable, bajo ninguna circunstancia, intentar algo similar con servicios públicos como la electricidad o el agua potable. Insisto, guardando las debidas distancias, la experiencia iraní aporta pistas muy valiosas sobre lo que podría hacerse.

En cuanto al mercado doméstico de combustibles, nada permite suponer que sea realmente necesaria su privatización parcial, que es lo que parece haber sucedido con 200 estaciones de servicio, hasta ahora, aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente que, contraviniendo lo estipulado tanto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como en la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos (10), los operadores de estas estaciones de servicio han dejado de ser expendedores para convertirse en comercializadores. Muy por el contrario, todo indica que el nuevo esquema de precios puede ser perfectamente gestionado por PDVSA, manteniendo la propiedad sobre la totalidad de las estaciones de servicios, como mandan nuestras leyes, con el añadido de que, en tal caso, todo el ahorro derivado del incremento de los precios iría a parar a las arcas públicas, y no una parte a bolsillos privados. Al menos no directamente, porque una parte de esos recursos, tal y como sucedió en el caso de Irán, podría ser destinada al sector privado. Esto sí sería actuar muy pragmáticamente, es decir, poniendo en primer lugar el bolsillo de los hogares venezolanos.

Subsidio directo universal

Tan o más importante que lo anterior, hasta aquí he dado por sentado que el subsidio directo tendrá carácter universal. Es decir, que no lo recibirán exclusivamente los propietarios y propietarias de vehículos registrados en el Sistema Patria, sino todas las personas registradas en él, lo que definiría la medida real de la universalidad, y en tanto que cualquier persona, sin restricción alguna, puede registrarse cuando lo desee. Caso contrario, todo el país continuaría pagando por la gasolina de la minoría propietaria de vehículos, siendo la gasolina una mercancía que produce unas ganancias que pertenecen a toda la población. Lo más lógico sería, en todo caso, que las personas de más altos ingresos se abstuvieran de recibir el subsidio directo.

Además, dando igualmente por sentado la necesidad de incrementar en un futuro próximo las tarifas de los servicios de electricidad y agua potable, al menos hasta su precio de costo, el hecho de que se implemente, desde ya, un subsidio directo de carácter universal, previo cálculo del ahorro que supondría para toda la nación el incremento de las tarifas de estos servicios, contribuiría decisivamente a que la población considere no solo aceptable, sino incluso deseable, tarifas más altas de electricidad y agua potable. En otras palabras, un eventual incremento de las tarifas de estos servicios se traduciría en un aumento del monto del subsidio directo universal. Es lo que todavía podría hacerse respecto del servicio de gas doméstico, revirtiéndose el proceso de privatización: eliminar el subsidio indirecto, elevando las tarifas, previo cálculo del ahorro que esto supondría, y a partir de allí calcular el incremento en el subsidio directo universal a la población.

Por último, la implementación de este subsidio directo universal podría ser uno de los puntos de apoyo para comenzar a redefinir, o para terminar de definir, un plan económico que permita recuperar la productividad de la nación, comenzando por la industria petrolera nacional, y estimular la demanda interna. Muchos ajustes tendrían que hacerse, muchas otras variables tendrían que considerarse. Por ejemplo, las medidas orientadas a eliminar las restricciones para la importación tendrían que revisarse con detenimiento, como en general cualquier otra medida que implique sacrificar los ingresos fiscales del país. Al respecto, nuevamente la experiencia iraní sirve de referencia. Pero asumamos que esa es harina de otro costal, aunque no lo sea. Por ahora, es suficiente.

Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos

Referencias

(1) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario. 5 de junio de 2020.

(2) Dominique Guillaume, Roman Zytek y Mohammad Reza Farzin. Iran. The Chronicles of the Subsidy Reform. Fondo Monetario Internacional. 2011.

(3) Fondo Monetario Internacional. Islamic Republic of Iran: 2009 Article IV Consultation: Staff Report; Staff Supplement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Iran. 23 de marzo de 2010.

(4) Irán. Salario mínimo. Datosmacro.com.

(5) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario.

(6) Gasolina en Venezuela será puesta a precio internacional, pero con subsidio interno. Telesur, 13 de agosto de 2018.

(7) Propuesta de Reestructuración Petróleos de Venezuela S.A. Marzo de 2020.

(8) Gonzalo Domínguez Loeda. Gasolina al fuego, el riesgo de cobrar el combustible en Venezuela. EFE, 28 de mayo de 2020.

(9) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (VII): El intranquilo sueño neoliberal. 23 de enero de 2020.

(10) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario.

Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario


Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos.

Bajo perfil

De la misma manera que, para construir un relato económico creíble, con un mínimo de eficacia política, es necesario dar cuenta de la totalidad real, sin evadir responsabilidades (1), para saber dónde estamos parados y cuáles son las implicaciones de las políticas puestas en marcha, es necesario conocer los hechos.

En relación con el tema de los combustibles líquidos, con especial énfasis en la gasolina, y a partir del “nuevo esquema” de distribución anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de mayo, un detalle que resulta particularmente curioso es el poco o nulo conocimiento que tenemos sobre un actor decisivo del mercado interno de combustibles, lo que a su vez se relaciona directamente con su notable bajo perfil público: los expendedores de gasolina.

Los expendedores de gasolina son actores privados que están agrupados en Fenegas: Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos. En algunas notas periodísticas aparece mencionada como Federación Nacional de Expendedores de Gasolina. Su actual presidente es Juan Barros.

El 11 de septiembre de 1998, siendo presidente Rafael Caldera, y en plena campaña electoral (Chávez resultaría electo presidente por primera vez menos de tres meses después), fue aprobada una Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores (2).

Tal y como su nombre lo indica, dicha Ley fue creada con el propósito de “regular el proceso de apertura del mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos para uso en vehículos automotores y crear las condiciones para una adecuada participación de la empresa privada en el mismo” (artículo 1). Desde entonces, el sector privado comenzó a participar en las actividades relacionadas con “el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio de dichos productos en territorio nacional, incluida su importación” (artículo 3).

Poniendo orden

La Ley estuvo vigente durante una década, hasta 4 de septiembre de 2008, cuando fue aprobada la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos (3). Antes, como recordaremos, había sido aprobada una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que entró en vigencia el 1 de enero de 2002, y cuya versión más reciente data de mayo de 2006 (4).

Con la entrada en vigencia de la LOH, la actividad de comercialización de la gasolina y otros combustibles quedó reservada exclusivamente al Estado venezolano (artículos 57 y 27). El sector privado podía participar en las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de combustible, actividades todas concebidas como un “servicio público”, siendo absoluta potestad del Estado la fijación de precios, que asumía la responsabilidad de “garantizar el suministro, la eficiencia del servicio y evitar su interrupción” (artículo 60).

No obstante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, en 2008, se reservó “al Estado la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada entre Petróleo de Venezuela S.A., sus filiales y los establecimientos dedicados a su expendio” (artículo 1). Al mismo tiempo, se reservó al Estado “las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustibles líquidos” (artículo 2).

Para el momento en que se aprueba esta Ley, y según informó en su momento el presidente Chávez, de las 1854 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA controlaba alrededor de 600, poco más del 32 por ciento. Es decir, el sector privado tenía una participación en el mercado interno de combustibles superior al 67 por ciento (5).

Un año después, según el Informe de Gestión Anual 2009 de PDVSA (6), de las 1861 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA manejaba directamente 803, mientras que el sector privado, bajo la modalidad de “contrato de suministro”, manejaba 1058, es decir, el 56,85 por ciento del total de estaciones de servicio, recibiendo, por tal concepto, un subsidio directo del Estado.

Más recientemente, según el Informe de Gestión Anual 2016 de PDVSA (7), de las 1803 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA manejaba directamente 1088, y el sector privado 715. En otras palabras, éste último seguía teniendo una participación de casi el 40 por ciento en el mercado interno de combustibles, un porcentaje todavía mayor a la participación de PDVSA en 2008.

Foto: Marcelo Volpe. Colectivo Cacri Photos.

El desorden

Suponiendo que, al día de hoy, la participación del sector privado en el mercado interno de combustibles es similar a la de 2016, y dando por descontado que las 200 estaciones de servicio que hoy expenden gasolina no subsidiada están manejadas por privados, esto quiere decir, por supuesto, que la mayoría de las estaciones de servicio controladas por privados aún están obligadas a expender gasolina subsidiada.

Siendo éste el caso, ¿qué puede impedirnos suponer que al menos una parte de las innumerables privaciones que está sufriendo la ciudadanía para poder abastecerse de gasolina, se relaciona directa e inmediatamente con la presión que estaría ejerciendo el sector privado, o parte de él, para engrosar la lista de estaciones de servicio que no expenden gasolina subsidiada, o para hacerse de una cuota mayor del mercado interno de combustibles?

Conforme a múltiples relatos que circulan por las redes y de boca en boca, la tendencia parece clara: las 200 estaciones de servicio que solo expenden gasolina a “precio internacional” están ofreciendo un mejor servicio, e incluso están mejor abastecidas, que las 1368 estaciones de servicio restantes, un porcentaje de las cuales, no podemos saberlo, ni siquiera están operativas hoy 4 de junio.

Hay otro aspecto, quizá el más importante de todos, que aún no ha quedado del todo claro: ¿los operadores de estas 200 estaciones de servicio han dejado de ser expendedores y han pasado a ser comercializadores?

Al respecto, en su alocución del 30 de mayo, el presidente Maduro se refirió a un “nuevo esquema de participación”, que incluye la posibilidad de que estas 200 estaciones de servicio “vendan libremente” la gasolina. Las mismas estaciones de servicio, “estratégicamente ubicadas en el país”, estarían siendo “gestionadas por empresarios privados que están trayendo su gasolina”.

En efecto, en entrevista concedida a la agencia estadounidense The Associated Press (AP), y publicada el pasado 29 de abril, el empresario Wilmer Ruperti, dueño de Maroil Trading Inc., informó que había comprado 300 mil barriles de combustible, que habían arribado a Venezuela durante la cuarta semana de abril, y que un millón de barriles adicionales estaban en camino. Siempre según AP, el empresario informó que una parte de los recursos para comprar el combustible provenía de PDVSA, y que durante el mes de marzo sus abogados habían notificado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre sus planes de compra, y no había recibido ninguna objeción (8).

Según la agencia Reuters, a comienzos del mismo mes de abril, la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, había propuesto al Gobierno “flexibilizar las restricciones a la importación y venta de la gasolina”. En la misma nota se lee que “una fuente de PDVSA dijo que la estatal desestimó la oferta y prefirió centrar sus esfuerzos en reanudar la producción en su circuito refinador” (9).

No obstante, según nota publicada en Argus el 9 de abril, un integrante de la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” habría comentado que la propuesta “tiene mérito”. Y ofreció mayores detalles: “La propuesta en discusión permitiría a los inversores o empresas privadas venezolanas comprar e importar gasolina y diesel, distribuir el combustible en todo el país y venderlo desde las estaciones de servicio”, que les serían “transferidas” por PDVSA. “El combustible importado se descargaría en las terminales… que se encuentran cerca de sus refinerías… y la distribución de las terminales a las estaciones de servicio sería manejada por los operadores privados, dijeron los miembros de la comisión”. La estatal petrolera “también transferiría docenas de camiones cisterna de combustible… al sector privado para facilitar la distribución… Los miembros de la comisión… que favorecen la propuesta del sector privado afirman que los precios actuales del mercado negro demuestran la voluntad de algunos conductores de pagar lo que sea necesario para llenar sus tanques de manera confiable” (10).

En todo caso, si tal y como ha informado el presidente Maduro, y ha confirmado Ruperti, actores privados están comprando gasolina, y sobre todo si fuera cierto que los operadores de las 200 estaciones de servicio que venden a “precio internacional” han pasado a ser comercializadores, esto permitiría comprender el interés de los gasolineros en “demostrar” que la gestión privada del servicio es mucho más eficiente que su gestión pública.

Y es justo en este punto donde se hace muy evidente que la cuestión va mucho más allá de la diatriba aséptica sobre la buena o mala gestión, por la que tanto se inclinan los tecnócratas y expertos, y comienzan a develarse sus implicaciones políticas. Puesto que se comprenderá que la relación de hechos económicos expuesta hasta aquí, es también una relación de circunstancias políticas. También en este punto se hace casi imposible discernir dónde termina el necesario pragmatismo implicado en las medidas adoptadas y dónde comienza el oportunismo político.

Preguntas

Ciertamente, en un contexto de asedio económico como el que padece la nación venezolana, puede resultar no solo deseable, sino incluso inevitable, una mayor participación del sector privado en el mercado interno de combustibles. Lo anterior, dando por descontado que resultaba sencillamente irracional continuar regalando la gasolina, situación contraria, dicho sea de paso, a la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano.

Al margen, incluso, de cualquier consideración de índole legal, lo que no desdice de su pertinencia, cabe hacerse las siguientes preguntas, entre otras: ¿cuál terminará siendo la participación del sector privado en el mercado interno de combustibles? ¿Acaso puede negarse que el sector privado presionará, puesto que tal es su naturaleza, por obtener una cuota cada vez mayor del mercado? ¿Hasta dónde llegará la “retirada” del Estado? ¿Estamos presenciando los primeros pasos de un esquema que comprende la privatización progresiva de las estaciones de servicio? ¿Se trata de un esquema temporal o permanente? ¿Solo la participación mayoritaria del sector privado en el mercado puede garantizar una eficiente prestación del servicio? ¿Una eventual participación mayoritaria del sector privado en el mercado beneficiaría, necesariamente, a la mayoría del pueblo venezolano?

El presidente Maduro aseguraba, el 30 de mayo, que “llegará el día en que podamos equilibrar ingresos, salarios, bonos, precio justo del transporte, con un precio mayor sustentable de la gasolina”. ¿Queda descartada cualquier posibilidad de aumento del salario en el futuro inmediato, siendo el caso que la clase trabajadora venezolana sobrevive por debajo del umbral que supone el límite mínimo del valor de su fuerza de trabajo, determinado por el valor de los artículos de primera necesidad?

Por último, ¿el nuevo esquema prevé la eliminación de la venta de gasolina a precio subsidiado en las estaciones de servicio, previa adoptación de la modalidad de subsidio directo a los usuarios y usuarias? En tal sentido, ¿se seguirá el ejemplo de Irán? Es un tema que abordaré en una próxima entrega.

Foto: Marcelo Volpe. Colectivo Cacri Photos.

Referencias

(1) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (IV): Un paréntesis sobre neoliberalismo y rebelión. 1 de noviembre de 2019.

(2) Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores. 11 de septiembre de 1998.

(3) Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos. 4 de septiembre de 2008.

(4) Ley Orgánica de Hidrocarburos. 24 de mayo de 2006.

(5) Hugo Chávez. Alocución. 27 de agosto de 2008.

(6) PDVSA. Informe de Gestión Anual 2009. Pág. 16.

(7) PDVSA. Informe de Gestión Anual 2016. Pág. 78.

(8) Joshua Goodman y Scott Smith. Shipping tycoon defends Venezuela gas delivery amid shortage. AP, 29 de abril de 2020.

(9) Deisy Buitrago y Luc Cohen. Sector privado de Venezuela propone flexibilizar reglas para importación de gasolina. Reuters, 10 de abril de 2020.

(10) Venezuela eyes private-sector path out of fuel crisis. Argus, 9 de abril de 2020.

Cuarentena (XIII): La batalla por nuestro petróleo


El martes 28 de abril de 2020, apenas un día después de conocerse el nombramiento oficial de Tareck El Aissami como nuevo ministro de Petróleo, y de Asdrúbal Chávez como presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la agencia Reuters publicó una nota en la que refería haber tenido acceso a un documento de la empresa estatal venezolana que proponía “una profunda reestructuración que transferiría gran parte de sus actuales actividades a empresas privadas” (1).

El mismo día, el documento en cuestión ya circulaba en redes sociales, aunque no había sido publicado por ningún medio oficial, lo que no ha sucedido hasta hoy. Según Reuters, las autoridades gubernamentales habían evitado responder “de inmediato a las solicitudes de comentarios”.

El documento de sesenta y cuatro páginas, fechado en marzo de 2020, se intitula “Propuesta de reestructuración Petróleos de Venezuela S.A.” (2), y habría sido elaborado por la Dirección Ejecutiva de Planificación de PDVSA, para la consideración de la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque”, encargada de la “defensa y reestructuración” de la estatal petrolera, creada por el presidente Nicolás Maduro el 19 de febrero pasado, y dirigida por Tareck El Aissami, también vicepresidente del Área Económica (3).

Un millón de barriles, reorganización y simplificación

El punto de partida del documento es un objetivo muy general: “incrementar la producción y devolver a Venezuela el rol protagónico en el mundo petrolero”. Más específicamente, define como meta “la recuperación en el menor tiempo posible de al menos 1 millón de barriles en la producción de petróleo crudo y gas”. Para lograrlo, considera necesario “la reorganización del sector de exploración, producción, transporte, almacenamiento, transformación y comercialización de hidrocarburos de Petroleros de Venezuela S.A., y la simplificación de su estructura, eliminando su participación en negocios no petroleros”.

Respecto de esto último, plantea reducir el número de filiales de PDVSA a doce, de las veinticuatro con las que cuenta actualmente. Es lo que el documento enuncia como “eliminación de la participación de PDVSA en negocios no petroleros”, es decir, “todas aquellas empresas propiedad de PDVSA que ejecutan servicios y actividades no relacionadas directamente con la gestión directa de producción de petróleo y gas”. Estas incluirían, entre otras: PDVSA América, PDV Marina, PDV Naval y PDVSA Gas Comunal. Todas estas filiales se integrarían “a sus respectivos sectores en la administración pública” o se procedería “a la venta, o liquidación y cierre”.

Igualmente, propone la fusión de PDVSA Petróleo con la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). La empresa resultante se encargaría de operar en las áreas de producción de petróleo y gas, refinación y comercialización de la producción propia, concentrándose en la “gestión financiera y contractual de la cartera de inversiones del Estado en las empresas mixtas, ASC [Acuerdos de Servicio Conjunto] y Licencias”.

Tales serían, en resumen, las propuestas en materia de simplificación de estructura. Mención aparte merece la forma como es concebida PDVSA Gas: “debe ser el ente comercializador del gas producido en el país, comprando la producción de las empresas mixtas (a precios de mercado), y vendiendo a distribuidores en [el] nivel nacional e internacional”.

Cambios en materia legal: todo en uno

Pero el documento también propone significativos cambios en materia legal. En concreto, plantea:

  1. Modificación de tres artículos (22, 27 y 57) de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), aprobada por el presidente Chávez el 13 de noviembre de 2001, por vía habilitante.
  2. Eliminación del Decreto 5200, relativo a la Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, sancionado por el presidente Chávez el 26 de febrero de 2007.
  3. Eliminación de la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, firmada por el presidente Chávez el 7 de mayo de 2009.
  4. Igualmente, “implementar sin demoras ni burocracia” el artículo 44 de la LOH, que contempla la posibilidad de rebajar la regalía del treinta por ciento “hasta un límite del veinte por ciento”, lo que solo aplica, por cierto, para “un yacimiento maduro o de petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco”.
  5. Reducción igualmente “permanente” del impuesto sobre la renta (ISLR), actualmente del cincuenta por ciento. El documento no especifica la magnitud de la reducción.
  6. “Eliminación definitiva de la contribución especial sobre precios extraordinarios y exorbitantes”, es decir, de la Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, cuya versión más reciente data del 20 de febrero de 2013.
  7. “Eliminación definitiva de impuestos y contribuciones marginales”, establecidos en el artículo 48 de la LOH.
  8. “Regulación por Ley de los impuestos municipales”, que no podrían “exceder en ningún caso del uno por ciento (1%) sobre los ingresos brutos efectivamente percibidos por los sujetos obligados”.

Ley Orgánica de Hidrocarburos

Comencemos por la Ley Orgánica de Hidrocarburos (4). ¿Por qué modificar el artículo 22? Veamos lo que establece: “Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad. Igualmente podrá hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social, las cuales a los efectos de esta Ley se denominan empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras”.

¿Cuáles son estas “actividades primarias indicadas en el artículo 9” de la Ley? Veamos: “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley”.

Recordemos lo que establece el artículo 302 constitucional: “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respetiva [LOH], y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico…” (5).

Pues bien, lo que el documento plantea es que “se retire la limitación [de] que el Estado debe participar como mínimo con un 50% del capital social en las empresas que ejerzan actividades primarias de la industria petrolera”, lo que permitiría “flexibilizar la participación de capital privado nacional e internacional en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos en el territorio nacional con o sin la participación accionaria de PDVSA”.

De aprobarse esta modificación, el artículo 22 quedaría como sigue: “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, denominadas actividades primarias, podrán ser realizadas directamente por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación de capital estatal y privado, en cualquier proporción y por empresas privadas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras”.

Por su parte, el artículo 57 de la LOH establece: “Las actividades de comercialización de los hidrocarburos naturales, así como la de los productos derivados que mediante Decreto señale el Ejecutivo Nacional, sólo podrán ser ejercidas por las empresas a que se refiere el Artículo 27 de la presente Ley. A tal efecto, las empresas mixtas que desarrollen actividades primarias sólo podrán vender los hidrocarburos naturales que produzcan a las empresas a que se refiere el Artículo 27 de la presente Ley”.

¿Qué plantea el documento? La modificación del referido artículo, eliminando “la limitación [de] que las empresas mixtas que ejerzan actividades primarias de la industria petrolera solo podrán vender los hidrocarburos naturales que produzcan a las empresas de la exclusiva propiedad del Estado venezolano”, lo que permitiría “que las actividades de comercialización sean reguladas en la Ley a partir del principio de libertad de comercio”.

Es por ello que propone, igualmente, la modificación del artículo 27 de la LOH (al que hace referencia el artículo 57), que establece: “El Ejecutivo Nacional podrá mediante Decreto en Consejo de Ministros, crear empresas de la exclusiva propiedad del Estado para realizar las actividades establecidas en esta Ley y adoptar para ellas las formas jurídicas que considere convenientes, incluida la de sociedad anónima con un solo socio”. El documento no ofrece ningún detalle adicional sobre los alcances de la eventual modificación de este artículo.

Respecto de la aplicación “sin demoras ni burocracia” del artículo 44 de la LOH, éste establece, ciertamente: “El Ejecutivo Nacional, en caso de que se demuestre a su satisfacción que un yacimiento maduro o de petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco, no es económicamente explotable con la regalía del treinta por ciento (30%) establecida en esta Ley, podrá rebajarla hasta un límite del veinte por ciento (20%) a fin de lograr la economicidad de la explotación…”. No obstante, con todo y que el mismo artículo de la LOH establece que el Ejecutivo “queda facultado igualmente para restituirla [la regalía], total o parcialmente, hasta alcanzar de nuevo el treinta por ciento (30%), cuando se demuestre que la economicidad del yacimiento pueda mantenerse con dicha restitución”, el documento sugiere la “reducción permanente” de la regalía.

Por último, al plantear la “eliminación definitiva de impuestos y contribuciones marginales”, el documento parece sugerir la eliminación del artículo 48 de la LOH, que incluye cuatro tipos de impuestos: impuesto superficial, impuesto de consumo propio, impuesto de consumo general e impuesto de extracción.

“El último rastro que nos quedaba de la nefasta apertura petrolera”

Lo que se conoce como Decreto 5200, relativo a la Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas (6), fue sancionado por el presidente Chávez el 26 de febrero de 2007.

Firmado por el presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, durante el Aló Presidente número 268, este Decreto iba “dirigido a las asociaciones llamadas estratégicas, que no eran estratégicas para Venezuela”, y apuntaba a eliminar “el último rastro que nos quedaba de la nefasta apertura petrolera” (7).

Agregaba Chávez entonces: “Déjame leer aquí lo siguiente, la médula del Decreto: «Artículo 1°. Las asociaciones existentes entre filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. y el sector privado que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, y en las denominadas de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, deberán ser ajustadas al marco legal que rige la industria petrolera nacional, debiendo transformarse en empresas mixtas en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos». Es decir, explico: empresas mixtas donde la mayoría de acciones debe estar en manos de Petróleos de Venezuela, es decir, en manos de la República y no en manos de transnacionales. Sigo leyendo: «En consecuencia de lo antes previsto, todas las actividades ejercidas por asociaciones estratégicas en la Faja Petrolífera del Orinoco, constituidas por las empresas Petrozuata, S.A.; Sincrudos de Oriente S.A., Sincor, S.A., Petrolera Cerro Negro, S.A. y Petrolera Hamaca, C.A.; los convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas del Golfo de Paria Oeste, Golfo de Paria Este y La Ceiba, así como las empresas o consorcios que se hayan constituido en ejecución de los mismos; la empresa Orifuels Sinovensa S.A., al igual que las filiales de estas empresas que realicen actividades comerciales en la Faja Petrolífera del Orinoco, serán transferidas a las nuevas empresas mixtas»”.

Luego, a propósito del artículo 2 del Decreto, que reserva para el Estado “una participación accionaria del sesenta por ciento (60%)”, como mínimo, comentaba: “estamos recuperando la propiedad y la gestión de estas áreas estratégicas”.

Finalmente, sentenciaba: “Se acabó la privatización del petróleo en Venezuela… Ésta es la verdadera nacionalización del petróleo. El petróleo es de todos los venezolanos… No queremos que las empresas se vayan… Que sigan siendo socias, pero ahora no son ellos los dueños, ahora es PDVSA, y ellos socios minoritarios. Es decir, negocios en manos de los venezolanos. Ésta es un área estratégica. No se puede entregar a privados, al sector privado nacional ni transnacional”.

Según se lee en el documento que habría sido presentado a la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque”, la eliminación de este Decreto, tanto como la eliminación de la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, “permitirá descargar de PDVSA hacia el sector privado nacional e internacional las actividades conexas a la industria petrolera, entre ellas inyección de gas y agua a yacimientos, servicios lacustres, compresión de gas, tratamiento de ripios y aguas, servicios especializados, entre otros”.

Aunque el documento recomienda reducir la participación accionaria estatal hasta el 50,1 por ciento en veinticinco de las cuarenta y seis empresas mixtas en las que participa PDVSA (lo que representa el 54,3 por ciento del total), lo que pasaría por eliminar el Decreto 5200, una eventual reforma del artículo 22 de la LOH abriría las puertas a una participación minoritaria del Estado venezolano.

Igualmente, el documento recomienda conservar el porcentaje accionario actual, siempre mayor al 60 por ciento conforme al Decreto 5200, en apenas cinco empresas mixtas (10,8 por ciento), mientras que sugiere la fórmula fusionar/renegociar/portafolio para otras trece empresas mixtas, y pasar a licencia (sin intervención estatal) tres de ellas.

Respecto de las treinta y cuatro unidades de producción de esfuerzo propio, es decir, aquellas manejadas exclusivamente por el Estado, se recomienda pasar dieciocho a la modalidad de empresas mixtas, lo que equivale al 52,9 por ciento del total, sin especificar cuál sería el porcentaje accionario estatal. Además, se propone que once de estas unidades de producción sean manejadas bajo la figura de Acuerdos de Servicio Conjunto (ASC), modalidad de negocios que implica que “las operaciones de exploración y producción sean realizadas por una empresa de servicios”, sin ofrecer mayores detalles. Falta la información relativa al estatus de las seis unidades de producción restantes.

El beneficio del Estado (Government Take) como “problema”

Estrechamente vinculado con lo anterior, el documento presenta un gráfico en el que Venezuela aparece situado de séptimo entre “los países que más se benefician de la explotación de los hidrocarburos”. Pero de inmediato se hace la salvedad: “Esta cifra no considera que el Estado es el socio mayoritario en las únicas empresas que permiten sociedad con transnacionales, las empresas mixtas. Siendo éste el caso, y considerando que la participación del Estado en dichas empresas es del 60%, el Government Take se sitúa en más del 90% de los ingresos operacionales de estas empresas”.

En otras palabras, como consecuencia del Decreto 5200, siempre según el referido documento, Venezuela sería realmente el país que más se beneficia en todo el mundo de su actividad petrolera. Esta circunstancia, muy lejos de ser considerada una fortaleza o una ventaja, es concebida como un problema: “esto hace a Venezuela un país mucho menos atractivo para invertir en esta actividad”.

La solución sería reducir este Government Take “a un monto lo suficientemente atractivo para la inversión privada”, y es en razón de este argumento que se hacen las recomendaciones ya mencionadas: “reducción permanente” tanto de la regalía (artículo 44 de la LOH) como del ISLR; eliminación de la Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos (8), aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2013 ; eliminación de impuestos y contribuciones marginales (previstos en el artículo 48 de la LOH); y regulación de los impuestos municipales, que actualmente “pueden sobrepasar el 12% sobre los ingresos brutos”, por lo que se recomienda establecer un límite máximo del uno por ciento.

Específicamente sobre el impuesto por precios extraordinarios y exorbitantes, el documento se manifiesta expresamente partidario de los intereses del capital privado: dicho impuesto “debe ser eliminado” por tratarse de “un beneficio no equitativo para el Estado”, el cual “se encarga de capturar los ingresos generados por la volatilidad de los precios internacionales de petróleo, aumentando sus ingresos en tiempos de expansión y disminuyendo su riesgo en tiempos de contracción”. Agrega: “Si son las empresas mixtas las que asumen todo el riesgo potencial de las operaciones, también deben tener el derecho de participar en los beneficios extraordinarios y potenciales del negocio”.

“El expropiado histórico ha sido el pueblo”

El 7 de mayo de 2009, con motivo de la firma de Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos (9), el presidente Chávez hizo lectura pública de los artículos 2 y 6, que establecen lo siguiente:

“Artículo 2. Alcance de la reserva. Quedan reservados al Estado los bienes y servicios conexos a la realización de las actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que anteriormente eran realizadas directamente por Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) y sus filiales, y que fueron tercerizadas, siendo esenciales para el desarrollo de sus actividades. Los bienes y servicios a los que se refiere el presente artículo son:

1. De inyección de agua, de vapor o de gas, que permitan incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor de recobro.

2. De compresión de gas.

3. Los vinculados a las actividades en el Lago de Maracaibo: Lanchas para el transporte de personal, buzos y mantenimiento; de barcazas con grúa para transporte de materiales, diesel, agua industrial y otros insumos; de remolcadores; de gabarras planas, boyeras, grúas, de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos; de mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza.”

“Artículo 6. Expropiación. El Ejecutivo Nacional podrá decretar la expropiación, total o parcial, de las acciones o bienes de las empresas que realizan los servicios referidos en los artículos que anteceden…”.

Respecto de esto último, Chávez reflexionaba: “… esos recursos fueron expropiados al pueblo… Cuando se habla de expropiaciones… hay que decir que aquí el expropiado histórico ha sido el pueblo… es decir, la nación, la patria, la mayoría de nosotros. Y una minoría, entonces, se adueñó, disfrazándose con instrumentos jurídicos, con leyes injustas o medidas ilegales, violatorios de la soberanía nacional, de la Constitución, de la vieja y de la nueva. Se adueñaron de activos, de recursos que son de todos nosotros, como este caso” (10).

En aquel entonces, informaba el presidente, la medida significaba un ahorro para la nación por el orden de los 700 millones de dólares: “… vean ustedes el desangramiento, cómo la burguesía y la pequeña burguesía todavía tiene muchos mecanismos a través de los cuales se apropia del ingreso petrolero, de la mayor parte del ingreso petrolero. Distintos mecanismos que fueron creados durante cien años. Ahora hay que desmontarlos, y los seguiremos desmontando”.

De igual forma, implicaba la recuperación de al menos “trescientas lanchas, treinta remolcadores, treinta gabarras, treinta y nueve terminales y muelles, sesenta y una lanchas de buzos, cinco diques astilleros… trece talleres…”; incluida la gabarra que utilizó el mismo presidente Chávez en diciembre de 2002 para llegar hasta uno de los tanqueros inmovilizados por los “meritócratas” durante el paro-sabotaje petrolero, una vez que los trabajadores lograron ponerlo en funcionamiento: “Ellos tomaron las gabarras porque los empresarios se negaban a moverlas. ¡Pero ellos las tomaron! Y recuerdo que me dijo uno: ‘Chávez, saluda a mi esposa…’. Me la puso al teléfono y la saludé: ‘Yo estoy muy orgullosa, tengo veintiún días que no veo a mi marido, pero sé que está dando una batalla por la patria’. ¡Esos trabajadores merecen eso y mucho más! Son nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras”.

Según informó el presidente aquel día, con la aprobación de la Ley fueron incorporados a PDVSA más de ocho mil trabajadores hasta entonces tercerizados.

Terminales, patios, oleoductos, plantas, refinerías, combustible, lubricantes, gas…

El documento incluye información al detalle sobre las eventuales oportunidades de inversión para el capital privado nacional y transnacional, en lo que define como “aguas intermedias”, que refiere a “la infraestructura asociada a transporte por troncales principales de crudo y gas, patios principales de almacenamiento de crudo, rebombeos, extracción y fraccionamiento de líquidos del gas, plantas compresoras de alta presión, plantas de tratamiento e inyección de agua, terminales de embarque crudos, terminales de manejo y embarque de sólidos (coque/azufre, vapor, agua desmineralizada, generación eléctrica, hidrógeno y nitrógeno)”.

La decisión de incorporar esta definición de actividades petroleras que se realizan en “aguas intermedias” parece estar motiva por la necesidad de distinguirlas de las actividades que se realizan “aguas arriba”: exploración, producción, tratamiento y almacenamiento inicial, que se corresponderían con las “actividades primarias”, tal y como están definidas en el artículo 9 de la LOH, previamente citado.

En otras palabras, el documento parece sugerir que, actualmente, en el caso de las actividades que se realizan en “aguas intermedias”, no aplica lo establecido en el artículo 22 de la LOH que, como hemos visto, establece que las “actividades primarias” solo podrán ser realizadas por el Estado, mediante empresas de su exclusiva propiedad o por empresas donde tenga mayoría accionaria (empresas mixtas).

En todo caso, una eventual reforma del artículo 22 de la LOH, en los términos planteados en el documento, como ya hemos visto, haría superflua esta distinción entre “aguas arriba” y “aguas intermedias”.

En concreto, el documento recomienda estimular la participación de capital privado en las áreas de:

  • Transporte y almacenamiento de crudo: diecisiete terminales y patios, y catorce sistemas de oleoductos en todo el país. La modalidad de negocios recomendada es Acuerdos de Servicio Conjunto.
  • Procesamiento y compresión de gas: trece plantas. También en este caso la modalidad de negocios recomendada es Acuerdos de Servicio Conjunto.
  • Refinación y comercialización: cinco refinerías, dieciséis plantas de distribución de combustible y una planta envasadora de lubricantes. Modalidad de negocios: Acuerdos de Servicio Conjunto o empresas mixtas.

En el caso específico de las refinerías, propone “un nuevo modelo de negocio que permita el otorgamiento de licencias a empresas privadas o públicas”, tal y como lo establece el artículo 12 de la LOH. De igual forma, se lee en el documento, “las actividades de refinación de hidrocarburos pueden ser llevadas a cabo por el Estado y las entidades privadas, conjunta o separadamente”, como ciertamente reza el artículo 10 de la LOH.

El detalle es que el artículo 10 de la LOH también prevé lo siguiente: “Las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del Estado o de las empresas de su exclusiva propiedad, dedicadas a las actividades de refinación de hidrocarburos naturales en el país y al transporte principal de productos y gas, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley”.

En otras palabras, el Estado puede otorgar licencias (artículo 12 de la LOH), y las “actividades de refinación y comercialización… pueden ser realizadas por el Estado y los particulares, conjunta o separadamente” (artículo 10 de la LOH), pero esto no aplica para las actuales refinerías, de propiedad exclusiva del Estado, como lo establece expresamente el mismo artículo 10 de la LOH, sino para “refinerías a ser construidas”, como se lee en el artículo 11 de la LOH: “Las refinerías a ser construidas deberán responder a un plan nacional para su instalación y operación y deberán estar vinculadas a proyectos determinados aprobados por el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo…”.

En tal sentido, el otorgamiento de licencias para operar las refinerías del Estado exigiría, como mínimo, la modificación del artículo 10 de la LOH.

El documento también recomienda el otorgamiento de licencias para explorar y explotar campos de PDVSA Gas, e identifica un total de tres “áreas exploratorias” y otras nueve “áreas a desarrollar”. Las licencias suponen “exploración y explotación de yacimientos de gas seco por parte de terceros sin intervención de PDVSA”.

Por último, en materia de precios de combustibles, recomienda la eliminación progresiva del subsidio, “desde el 100% actual hasta un valor que iría en función del pulso social y la realidad económica del país”, protegiendo al transporte público, al transporte de alimentos y medicinas, y la generación eléctrica, pero teniendo como meta la fijación de “precio internacional a detal de los mismos”. De acuerdo a lo planteado en el documento, el subsidio actual supone la pérdida de once mil millones de dólares anuales para PDVSA.

Plan de la Patria

Es un hecho incontrovertible que lo contenido en el documento “Propuesta de reestructuración Petróleos de Venezuela S.A.” va en sentido contrario a lo propuesto por el presidente Chávez en el histórico documento que conocemos como “Plan de la Patria. Programa del Gobierno Bolivariano 2013-2019” (11).

Como seguramente recordará la inmensa mayoría del pueblo venezolano, el primer objetivo histórico del Plan de la Patria consiste en: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos conquistado después de 200 años: la independencia nacional”.

Asociado a este objetivo histórico, está uno de los objetivos nacionales: “Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos” (1.2). Relacionados, a su vez, con este objetivo histórico, tenemos varios objetivos estratégicos. Vale la pena mencionar aquí al menos cuatro de ellos:

  • “1.2.1. Mantener y garantizar el control por parte del Estado sobre Petróleos de Venezuela, S.A.”. Puede concluirse que, en general, la “Propuesta de Reestructuración” va en contra de este objetivo.
  • “1.2.2. Garantizar la hegemonía de la producción nacional de petróleo”. Puede interpretarse que la propuesta de modificación del artículo 57 de la LOH va en contra de este objetivo.
  • “1.2.3. Asegurar una participación mayoritaria en las empresas mixtas”. La propuesta de modificación del artículo 22 de la LOH va en contra de este objetivo.
  • “1.2.5. Asegurar los medios para el control efectivo de las actividades conexas y estratégicas asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos hidrocarburíferos”. La propuesta de eliminación del Decreto 5200 y de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos va en contra de este objetivo.

También asociado al primer objetivo histórico, tenemos otro de los objetivos nacionales: “Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional” (1.3). Relacionado con este último, tenemos varios objetivos estratégicos, de los cuales solo citaremos dos:

  • “1.3.1. Mantenimiento y fortalecimiento del actual régimen fiscal petrolero. Que contempló muchos cambios positivos a lo existente en 1998”. Algunas versiones del Plan de la Patria incluyen el siguiente cuadro:
ImpuestoRégimen fiscal
 1998Actual
ISRL34%50%
Regalía1% – 16.67%30%
Impuesto de extracción033,33%
Impuesto Registro de Exportación00,1%
Impuesto superficial0100 UT x Km2 %

La propuesta de reducir “permanentemente” tanto la regalía como el ISRL va en contra de este objetivo, así como la eliminación de los impuestos establecidos en el artículo 48 de la LOH. En general, toda la propuesta de reducir el “Government Take” va en contra de este objetivo.

  • “1.3.2. Mantener y fortalecer mecanismos eficaces de captación de la renta excedentaria, por incrementos extraordinarios y exorbitantes de los precios internacionales de los hidrocarburos”. La propuesta de eliminar la Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, va en contra de este objetivo.

Cualquiera podría argumentar, de manera oportunista, que estamos en 2020, y que por tanto lo que está escrito en el Plan de la Patria es sencillamente extemporáneo. Veamos, entonces, lo que está escrito en el Plan de la Patria 2019-2025 (12):

“El Plan de la Patria 2019-2025 es una fase de profundización de la etapa 2012-2018. Se han mantenido los cinco (5) Objetivos Históricos y se han detallado otros, que por las condiciones de desarrollo de la Revolución lo han requerido, en función de la guerra económica e imperial, así como por las condiciones reales de los procesos, para la profundización de la direccionalidad socialista. Así, por ejemplo, a los 24 objetivos nacionales se han incorporado 8, totalizando 32 Objetivos Nacionales. Los objetivos estratégicos se han desarrollado con mayor detalle, pasando de 151 a 173 Objetivos Estratégicos…”.

En efecto, el objetivo nacional 1.2 ha sido objeto de una ligera modificación, que no obstante no supone una variación de su significado y alcance: “Consolidar la defensa y soberanía en la preservación y uso de los recursos naturales estratégicos, con especial énfasis en los hidrocarburíferos, mineros y acuíferos, entre otros”.

Pero, ¿qué ha pasado con los objetivos estratégicos? Veamos:

  • “1.2.1. Fortalecer el rol del Estado en la administración y explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros”.
    • “1.2.1.1. Blindar el marco jurídico para garantizar la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos y mineros”.
  • “1.2.2. Mantener y garantizar el control por parte del Estado sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)”.
    • “1.2.2.1. Garantizar la hegemonía del Estado sobre la producción nacional de petróleo”.
    • “1.2.2.2. Asegurar una participación mayoritaria de PDVSA en las empresas mixtas”.
  • “1.2.5. Asegurar los medios para el control efectivo de las actividades conexas y estratégicas, asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos hidrocarburíferos”.
    • “1.2.5.1. Fortalecer las acciones emprendidas para el control efectivo de las actividades conexas estratégicas de la industria petrolera”.

Como puede verse, absolutamente ningún cambio regresivo, todo lo contrario. Ahora veamos qué ha sucedido con el objetivo nacional 1.3, y los objetivos estratégicos que le están asociados:

“1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso de la República y la reinversión de los excedentes nacionales, tanto públicos como privados, a efectos de garantizar los principios sociales de equidad y desarrollo nacional”.

  • “1.3.1. Fortalecer y profundizar el régimen fiscal del sector hidrocarburos, para garantizar el bienestar del pueblo”.
    • “1.3.1.1. Mantener y fortalecer el actual régimen fiscal petrolero para garantizar el bienestar del pueblo”.
    • “1.3.1.2. Garantizar los sistemas de información sobre la producción y comercialización del sector de hidrocarburos, a efectos de una mayor recaudación fiscal oportuna y eficiente”.
    • “1.3.1.3. Ajustar y actualizar, bajo el criterio del máximo interés nacional, los marcos normativos de los sectores asociados a la actividad de hidrocarburos, tales como el gasífero y el petroquímico”.
  • “1.3.2. Mantener y fortalecer mecanismos eficaces de captación de la renta excedentaria, por incrementos extraordinarios de los precios internacionales de los hidrocarburos”.
    • “1.3.2.1. Maximizar la captación de renta excedentaria mediante la adecuación periódica de los parámetros y políticas de referencia para la determinación de incrementos extraordinarios de los precios”.

De nuevo, ningún cambio regresivo. Muy por el contrario: todas y cada una de las modificaciones formales apuntan a defender, fortalecer, blindar, mantener, garantizar, asegurar, ajustar, actualizar y profundizar una política soberana en materia petrolera.

Producción o soberanía: ¿un falso dilema?

Habiendo revisado al detalle la “Propuesta de Reestructuración”, y dado su carácter indudablemente regresivo, nos queda la esperanza de que se trate de un documento falso. Podría tratarse, por qué habría de extrañarnos, de una “filtración” dirigida a fomentar la intriga y la desunión nacional. Un insidioso fragmento de la nota de Reuters citada al principio, podría estar apuntando en tal dirección: “Es probable que la propuesta enfurezca a algunos miembros del partido oficialista, que argumentan que tales movimientos hacia políticas económicas de libre mercado equivalen a una traición al legado de Chávez”.

Pero precisamente por tratarse de una propuesta profundamente lesiva de la soberanía nacional, y frente al escenario, por remoto que fuere, de que esté siendo siguiera considerada por las autoridades gubernamentales, bien cabe tomar las previsiones que el supuesto amerita.

Si tal fuera el caso, cabe hacerse varias preguntas. En primer lugar, ¿para lograr el objetivo de aumentar la producción petrolera en el menor plazo posible, tal y como está planteado expresamente en el documento, es realmente necesario comprometer la soberanía sobre nuestros recursos hidrocarburíferos?

¿No estaremos frente a un falso dilema: producción o soberanía?

Suponiendo que el dilema es real, y que se trata, por no existir ninguna otra alternativa, de optar entre producción y soberanía: ¿quién decide esto? ¿No tendría que ser precisamente el soberano?

¿Si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como manda el artículo 5 constitucional, por qué el soberano no está siendo partícipe y protagonista de una discusión en la que está en juego nada menos que la soberanía sobre sus recursos petroleros?

De nuevo, supongamos que el dilema es real: ¿debemos asumir, por tanto, que la República, amenazada como está por el imperialismo estadounidense y por el cipayaje, ha entrado en una fase histórica en la que el contenido del Plan de la Patria es ya letra muerta?

¿Si el Plan de la Patria ha dejado de ser nuestro horizonte estratégico, debemos asumir que la República se ha quedado sin horizonte?

¿Realmente la única alternativa es producción sin República ni horizonte?

Volvamos a la pregunta: ¿y si estuviéramos frente a un falso dilema: producción o soberanía? ¿Entre soberanía y producción hay contradicción? ¿Son conceptos mutuamente excluyentes?

¿Realmente estamos dispuestos a desperdiciar la oportunidad histórica que supone ser capaces de resolver el problema fundamental de producir, preservando y consolidando la soberanía sobre nuestros recursos petroleros?

Estoy absolutamente convencido de que todas nuestras energías tendrían que estar puestas en la resolución de ese problema fundamental. Las generaciones futuras, nuestros hijos e hijas y su descendencia, cuya independencia y felicidad dependen en buena medida de ese gigantesco esfuerzo que estamos obligados a hacer hoy, sabrán agradecerlo.

Referencias

(1) Luc Cohen. Venezolana PDVSA propone reforma de la industria petrolera para delegar más en socios. Reuters, 28 de abril de 2020.

(2) Propuesta de Reestructuración Petróleos de Venezuela S.A. Marzo de 2020.

(3) Prensa Presidencial y Karelis González. Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” velará por la defensa y reestructuración de la industria petrolera. 19 de febrero de 2020. 

(4) Ley Orgánica de Hidrocarburos. 24 de mayo de 2006. Aprobada por vía habilitante el 13 de noviembre de 2001, entró en vigencia el 1 de enero de 2002 y fue reformada por la Asamblea Nacional en mayo de 2006.

(5) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. Con la Enmienda Nº 1, sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de enero de 2009, refrendada popularmente el 15 de febrero de 2009, y promulgada por el presidente Chávez el 19 de febrero de 2009.

(6) Decreto 5200, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco. 26 de febrero de 2007.

(7) Hugo Chávez. Aló Presidente número 268. 26 de febrero de 2007.

(8) Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos. 20 de febrero de 2013.

(9) Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. 7 de mayo de 2009.

(10) Hugo Chávez. Intervención en la reunión con el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. 7 de mayo de 2009.

(11) Plan de la Patria 2013-2019.

(12) Plan de la Patria 2019-2025.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Plan de la Patria, leyes y otros instrumentos…


Cuarentena (XII): La gran prueba


Foto: Dikó. Colectivo Cacri Photos

¿Por qué la inmensa mayoría de la sociedad venezolana ha respondido acatando la cuarentena voluntaria, circunstancia que ha sido decisiva para controlar la propagación del coronavirus? ¿Qué nos dice esto sobre lo que hemos sido y podemos ser como sociedad? ¿Acaso nuestra respuesta colectiva no habla muy elocuentemente sobre lo que realmente somos?

Pánico

En un artículo publicado el pasado 13 de marzo en España, uno de los países europeos más afectados por la pandemia, Javier Salas resume de la siguiente manera las orientaciones de varios psicólogos sociales para enfrentar de manera eficaz la situación de emergencia: “Un liderazgo claro, instrucciones precisas, llamadas a la acción colectiva, porque en comunidad nos sentimos mejor, y evitar todo lo posible el desasosiego y la duda, porque provocan los comportamientos peculiares que hemos visto estos días, como la compra compulsiva de papel higiénico” (1).

Salas cita un artículo escrito por los psicólogos sociales ingleses Stephen Reicher y John Drury, quienes enfatizan la necesidad de colectivizar, en lugar de personalizar, la respuesta a la pandemia: “Si priorizamos al individuo, entonces el más fuerte en lugar del más necesitado ganará… En lugar de personalizar el problema, debemos colectivizarlo. La cuestión clave no es tanto ‘sobreviviré’, sino ‘cómo lo superamos’. El énfasis debe estar en cómo podemos actuar para garantizar que los más vulnerables entre nosotros estén protegidos y las pérdidas para la comunidad se minimicen; después de todo, desde una perspectiva colectiva, una pérdida para uno es una pérdida para todos” (2).

Basados en sus investigaciones en contextos de emergencia, Reicher y Drury concluyen que “cuando las personas dejan de pensar en términos de ‘yo’ y comienzan a pensar en términos de ‘nosotros’… comienzan a coordinarse, apoyarse mutuamente y asegurarse de que los más necesitados reciban la mayor ayuda”. Es lo que llaman “sentido de identidad compartida”. En ocasiones ésta “surge por el solo hecho de experimentar una amenaza común. Pero los mensajes también son importantes. Cuando una amenaza se enmarca en términos grupales en lugar de individuales, la respuesta pública es más sólida y más efectiva”. De allí la importancia de los mensajes que apelan a “la obligación moral de evitar imponer riesgos a los demás”, y la ineficacia de los mensajes dirigidos al individuo: “¡Cuídate!” (3).

Sobre los episodios de “pánico”, y más específicamente de “compras de pánico”, como la compra compulsiva de papel higiénico, Reicher, Drury y Clifford Stott ponen seriamente en entredicho la idea muy arraigada “de que es la búsqueda ciega y competitiva del interés propio lo que convierte los desastres en tragedias”. Sostienen que “el concepto de ‘pánico’ ha sido abandonado en gran medida por quienes estudian los desastres, ya que no describe ni explica lo que la gente hace en tales situaciones. Las personas generalmente no actúan de manera irracional o egoísta en las crisis. Por el contrario, investigaciones recientes enfatizan cómo experimentar una amenaza o peligro común puede llevar a las personas a desarrollar un sentido de identidad compartida o ‘unión’ y, cuando esto sucede, conduce a una mayor cooperación y apoyo a los demás”. En otras palabras, “lejos de ser agentes irracionales de destrucción propia, su tendencia a la autoayuda mutua en emergencias es el mejor recurso disponible para una sociedad” (4).

Enfatizan: “Mientras que algunos pueden actuar de manera egoísta, muchas personas se comportan de manera ordenada y medida, estructurada por las normas sociales. Se ayudan mutuamente, se esperan, y no solo ayudan a familiares y amigos, sino también a extraños. De hecho, hay momentos en que las personas mueren no por un exceso de egoísmo, sino por retrasarse al cuidar a los demás” (5).

De nuevo, subrayan la importancia de los mensajes en situaciones de emergencia: “el surgimiento de la identidad compartida en una crisis (y de una respuesta más efectiva) puede fomentarse dirigiéndose al público en términos colectivos e instándolos a actuar por el bien comunal. Por el contrario, la identidad compartida (y las respuestas efectivas) pueden debilitarse creando divisiones e induciendo la competencia entre las personas”. Así, por ejemplo: “En un contexto en el que se pide a las personas que se preparen para un posible autoaislamiento durante un período prolongado, las historias sobre otros en la comunidad que están fuera de control y que compran cantidades excesivas de un recurso valioso, sirven para crear un sentido de ‘cada quien por su cuenta’ o ‘sálvese quien pueda’. Además, hace que sea completamente razonable que las personas salgan y compren dichos recursos por sí mismas y esto se ve agravado por las imágenes de estantes vacíos que ilustran el costo si uno demora la compra. Con todo, si uno está persuadido de que sus vecinos están comprando irracionalmente (digamos) papel higiénico, entonces no es ‘pánico’ salir uno mismo y comprar papel higiénico antes de que se acabe. Es una respuesta completamente razonable de acuerdo a la información que uno tiene disponible. En todo caso, lo tonto sería no responder” (6).

En suma, la noción de “pánico” no solo no tiene ninguna base científica. Además, es profundamente dañina: “Las historias que emplean el lenguaje del ‘pánico’ ayudan a crear los mismos fenómenos que se condenan. Ayudan a crear el egoísmo y la competitividad que convierte los preparativos sensatos en almacenamiento disfuncional” (7).

El análisis de Armando Rodríguez, otro de los psicólogos sociales consultados por Javier Salas, coincide en buena medida con el que hacen sus colegas ingleses. Escribe Salas: “Cuando vemos a la gente correr con pánico, corremos con ellos: estamos diseñados para el contagio en situaciones de emergencia. Por eso, cuando no sabemos qué hacer y alguien reacciona acaparando papel higiénico, se produce un efecto de imitación inmediata. ‘Si nos muestran que esa es la vía de escape a la emergencia, y nos dicen que otros están acaparando esa vía de forma irracional y egoísta, la reacción es lanzarse también para no perder esa vía yo también’, explica Rodríguez. ‘Cuando no hay norma social, reaccionamos imitando erráticamente, porque sabemos que el otro está teniendo las mismas emociones que nosotros’, añade”. Concluye Rodríguez: “No nos volvemos voraces, violentos, histéricos, salvo cuando provocamos una profecía autocumplida” (8).

Para Reicher, Drury y Stott, “el comportamiento que estamos viendo actualmente en los supermercados no es la compra de pánico y no debe describirse como tal. Incluso decirle a la gente que no entre en pánico es contraproducente, porque esto en sí mismo sugiere que existe algo por lo que hay que entrar en ‘pánico’, que algunas personas están entrando en pánico y que, por lo tanto, no podemos confiar el uno en el otro. La razón por la cual esto es tan tóxico es que, de hecho, será mejor que superemos esta crisis actuando juntos como comunidad. En términos prácticos, esto significa que debemos confiar el uno en el otro… Sobre todo, nuestro mensaje para los medios, los políticos y los comentaristas expertos es: ¡No digan pánico!” (9).

En otro artículo, los mismos psicólogos sociales ingleses vuelven a abordar el tema de las “compras de pánico”, pero también se detienen a analizar otros hechos que son citados frecuentemente como ejemplos de la supuesta propensión de las personas a actuar de manera irracional durante situaciones de emergencia: “Ciertamente, algunas personas pueden haber actuado egoístamente y en contra del bien común. Sin embargo, los datos recientes (no publicados) sugieren que los acaparadores son un pequeño porcentaje de la población y la verdadera razón de la escasez es la frágil cadena de suministro ‘justo a tiempo’ de los supermercados modernos. Del mismo modo, una gran parte del problema de las aglomeraciones públicas tiene que ver con que las personas sean obligadas a trabajar por sus empleadores, y tengan opciones limitadas de cómo llegar a sus puestos de trabajo” (10).

Si muchas personas no pueden cumplir con la medida de aislamiento, esto “tiene menos que ver con las psicologías disfuncionales que con los sistemas disfuncionales y las prácticas disfuncionales. En efecto, las personas no cumplen principalmente con las medidas de distanciamiento debido a la falta de oportunidades, no a la falta de razón o fuerza de voluntad, y la respuesta debería ser proporcionar más oportunidades en lugar de burlarse del público” (11).

Para explicar esta tendencia a condenar moralmente la actuación de la gente común, calificándola con frecuencia de irracional, irresponsable e incluso infantil, Reicher, Drury y Stott sugieren la existencia de “dos psicologías”. La primera de ellas nos concibe como personas frágiles: “Nuestra comprensión del mundo está distorsionada por múltiples prejuicios. Nos resulta difícil manejar información compleja, lidiar con el riesgo y la incertidumbre. Nos falta voluntad para lidiar con la presión y es probable que ésta ceda bajo amenaza. Y todas estas tendencias se exacerban cuando nos unimos en grupos. Nuestra razón se atrofia, nuestras emociones aumentan y se propagan como una infección. Perdemos el control. Actuamos irracionalmente. Tenemos pánico”. De acuerdo a esta perspectiva, “las personas son el problema en una crisis. En el mejor de los casos, no pueden cuidarse a sí mismas. En el peor de los casos, exacerban el problema original a través de sus respuestas disfuncionales: desnudan las tiendas, exigen escasos recursos médicos que no necesitan, se niegan a acatar las medidas que son buenas para ellos, se pelean y se amotinan. La implicación de este punto de vista es un profundo paternalismo. Como las personas son tan infantiles en una crisis, necesitan que el gobierno las cuide… Implica que el gobierno debe comunicarse con moderación y de la manera más simple para que las personas no se sientan abrumadas por lo que se les dice” (12).

En marcado contraste, la segunda “considera a las personas en términos mucho más constructivos: constructivos en el sentido de que no distorsionamos la información, sino que creamos significado y comprensión con las herramientas disponibles para nosotros, y también constructivos en el sentido de que somos capaces de hacer frente a nuestro mundo, incluso en crisis. Además, en ambos sentidos, somos más constructivos cuando nos reunimos en grupos. Estamos en mejores condiciones de dar sentido a nuestro mundo y de hacer frente a los desafíos que enfrentamos en el mundo cuando actuamos entre nosotros como miembros de un grupo común que cuando actuamos uno contra el otro como individuos separados. La forma en que la colectividad crea resiliencia es particularmente clara en las crisis. Cuando las personas piensan en sí mismas como ‘nosotros’ en lugar de ‘yo’, es más probable que acepten medidas que optimicen la lucha general contra el coronavirus, incluso si están personalmente en desventaja” (13).

Claro está, este enfoque es completamente opuesto al “sentido común psicológico contemporáneo, que insiste en que el comportamiento se rige por el propio interés individual. También está en desacuerdo con los cambios sociales que socavan sin descanso las comunidades y colectividades, buscan transformar los grupos sociales en consumidores individuales, y ven cada relación como un intercambio interpersonal basado en el mercado. En este sentido, quizás el coronavirus es una poderosa llamada de atención” (14).

Profecías autocumplidas

La respuesta de la sociedad venezolana frente a la pandemia puede resultar realmente sorprendente, sobre todo si tomamos en cuenta que, desde hace poco más de un lustro, viene siendo profundamente afectada por el acentuado deterioro de sus condiciones materiales y espirituales de vida, experimentando el progresivo socavamiento de la sociabilidad construida desde principios del siglo XXI, fundada en el bien común, la solidaridad con los más desfavorecidos, y la participación y el protagonismo populares.

De hecho, la perspectiva que nos ofrecen los psicólogos sociales previamente citados con motivo de la situación de emergencia social ocasionada por la pandemia, constituye un insumo invaluable para intentar realizar un análisis en retrospectiva de lo acontecido en Venezuela en años recientes.

En primer lugar, debe resaltarse el profundo y negativo impacto que han tenido todas las modalidades de profecías autocumplidas, en particular desde que iniciaron los esfuerzos sistemáticos por instalar en el sentido común la idea de “crisis humanitaria”, alrededor de 2014 (15). Por cierto, y no es ninguna coincidencia, el primer blanco fue precisamente el sistema público de salud.

Muy lejos de estar orientada a aportar a la mejora del sistema público de salud, la idea de una “crisis humanitaria” en materia sanitaria estuvo políticamente motivada desde sus inicios: el objetivo no era cuestionar públicamente la mala gestión gubernamental, exigiendo los necesarios correctivos, lo que de hecho, en sentido estricto, es legítimo derecho ciudadano, y es lo que corresponde hacer al pueblo organizado, sino crear las condiciones para deslegitimar no solo al Gobierno nacional, sino al mismo sistema público de salud.

El relato de la “crisis humanitaria” en materia alimentaria perseguía idénticos objetivos: es sencillamente imposible leer el análisis de los psicólogos sociales a propósito de las “compras de pánico” en el contexto de la emergencia con motivo de la pandemia, y no recordar el tratamiento dado todos estos años por políticos, medios y opinadores a los sucesivos episodios de escasez de artículos de primera necesidad, y sobre todo los numerosos comentarios sarcásticos a propósito de las estanterías vacías, y en particular sobre la falta de papel higiénico, con el agravante de que, en este caso, se humillaba deliberadamente a la inmensa mayoría de la población venezolana (16).

De hecho, si lo comparamos con lo sucedido con el sistema público de salud (y con el sistema educativo público, y en general con todos los servicios públicos, que han sido objeto de ataques muy similares con idénticos propósitos), en el caso del sistema público de distribución de alimentos las consecuencias fueron más perjudiciales y duraderas: su desmantelamiento total, el levantamiento de los controles de precios y la total “libertad” de actuación a los monopolios y oligopolios, que no han dejado de aprovechar su posición de dominio sobre el mercado para “marcar” precios, que aumentan discrecional y permanentemente. La desaparición del sistema público de distribución de alimentos (a lo que siguió la creación de los CLAP, en abril de 2016, en un esfuerzo gubernamental por llenar ese vacío) es el ejemplo más acabado de profecía autocumplida.

Muy clara demostración de que el relato de la “crisis humanitaria” no tiene como objetivo superar la crisis, sino crearla y profundizarla (tal es la lógica de las profecías autocumplidas), lo constituyen los sistemáticos ataques violentos a centros públicos de salud, unidades educativas públicas, unidades e instalaciones de transporte público, ya sea de personas o de alimentos y otros insumos, establecimientos del sistema público de distribución de alimentos, sobre todo durante las oleadas de violencia política de los años 2013, 2014, 2017 y 2019, todo esto traducido en la destrucción de numerosos bienes públicos, pérdidas multimillonarias para la nación, sin mencionar la pérdida de vidas humanas.

Muchos otros ejemplos pueden citarse: la masiva migración de venezolanos y venezolanas como consecuencia de la “crisis humanitaria” fue el tópico privilegiado de políticos, medios y analistas, mucho antes de que la migración fuera efectivamente masiva (17). Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros países, han sido adoptadas apelando a la misma idea de “crisis humanitaria”, es decir, contribuyendo significativamente a agravar la misma crisis a la que han recurrido como pretexto argumental para imponer dichas medidas. Otra profecía autocumplida. Y tal vez el caso más extremo: la idea de “intervención humanitaria” para resolver la “crisis humanitaria”, que barajan irresponsablemente los mismos políticos, medios y expertos. Irónicamente, y suponiendo que no es suficiente con invocar el sentido común, el mismo hecho de que se trate de una profecía aún no cumplida es lo que nos impide afirmar, con todas las pruebas en la mano, que una tal intervención provocaría, ahora sí, una verdadera crisis humanitaria (18).

El hecho cierto es que esta recurrencia de profecías autocumplidas ha tenido un profundo impacto en nuestra sociabilidad o, para decirlo de otra forma, en la manera como concebimos lo que hemos sido, lo que somos como sociedad y lo que nos depara el futuro. Lo que en otra parte he llamado el proceso de neoliberalización de facto de la sociedad venezolana (19) ha dejado una huella profunda en nosotros.

En la medida en que este proceso ha venido avanzando, la imagen que tenemos de nosotros mismos se ha ido acercando peligrosamente a aquella primera idea de “psicología” que describían Reicher, Drury y Stott: personas frágiles, prejuiciosas, con manifiesta incapacidad para comprender el mundo, con dificultad para manejar información compleja, lidiar con el riesgo, la incertidumbre, las presiones, las amenazas; personas irracionales, emocionales, disfuncionales, infantiles, egoístas, propensas a la violencia; personas que menospreciamos el valor de lo colectivo y desconfiamos de lo público. Todo lo cual, por demás, y como ya apuntaban los mismos psicólogos sociales, en sintonía con el sentido común psicológico contemporáneo, tan propenso a concluir que actuamos movidos por el interés individual, antes que pensando en el bien común, y como consumidores, antes que como cualquier otra cosa.

En parte, lo que he pretendido llamar aquí nuestra gran prueba tiene que ver con la necesidad de que revisemos, con toda la honestidad de la que seamos capaces, si esta idea de “psicología” es lo que realmente nos define. Y con “nosotros” no me refiero solo a nosotros en tanto individuos, y tampoco a nuestro entorno más cercano, sino a la sociedad de la que formamos parte. No importa si en el examen de nosotros mismos salimos mal parados. Lo importante es no dejar de concebirnos como parte de un todo, al margen del cual estaríamos perdidos.

Foto: Carlos F. Rojas. Colectivo Cacri Photos

La confianza recuperada

Luego de pensarlo mucho (y a pensar en esto he dedicado parte importante de mi tiempo en cuarentena), mi conclusión provisional es que la imagen que nos hemos hecho de nosotros como sociedad durante los años más recientes, se aleja mucho no solo de lo que hemos sido, sino sobre todo de lo que realmente somos.

¿Quién puede negar que, en la medida en que las peores profecías autocumplidas han estado a la orden del día, ha sido manifiesta nuestra tendencia a actuar de manera voraz, violenta e histérica, para emplear los mismos términos del psicólogo social Alfredo Rodríguez? Pero justo en este punto es necesario volver sobre la pregunta inicial: ¿por qué la inmensa mayoría de la sociedad venezolana ha respondido acatando la cuarentena voluntaria, circunstancia que ha sido decisiva para controlar la propagación del coronavirus?

¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho la diferencia? ¿O es que acaso los mismos políticos, medios y opinadores, en un arrebato súbito de sensatez, han dejado de hacer los pronósticos más catastróficos? Absolutamente todo lo contrario: por ejemplo, varias semanas antes del primer caso confirmado de coronavirus, declararon la inminencia de un “holocausto de la salud” y vaticinaron “una verdadera masacre epidemiológica que nos pudiera llevar al exterminio” (20).

Lo que ha hecho la diferencia, en primer lugar, ha sido la respuesta gubernamental: acatando de manera oportuna las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informando a la población de manera regular y pormenorizada, orientando de manera clara y precisa sobre las necesarias normas de prevención, haciendo un llamado a la unión nacional, sin distingo de parcialidades políticas; subrayando la importancia de apelar al bien común, a la solidaridad; reforzando el sistema público de salud; empleando los medios a su alcance, como el Sistema Patria, para atender de manera eficaz a la población; estrechando la colaboración con instituciones, como la misma OMS y la Organización Panamericana de la Salud, y con países como Cuba, China y Rusia, para acceder a información experta, recursos o insumos de extraordinaria valía. El resultado se puede resumir en una sola palabra: confianza.

Esta confianza recuperada, que es confianza en las autoridades gubernamentales, pero sobre todo confianza en nosotros mismos, es sin duda alguna uno de los acontecimientos más significativos que haya tenido lugar en Venezuela en mucho tiempo.

Es la confianza, y no el pánico, es el valor que otorgamos al bien común, y no el egoísmo, lo que en última instancia nos ha persuadido sobre la conveniencia de respetar la cuarentena.

¿Esta circunstancia desdice de la existencia de un proceso de neoliberalización de facto de la sociedad venezolana? Ciertamente no. Pero nos permite identificar sus límites, convencernos de que tal fenómeno está muy lejos de ser una fatalidad.

¿Hemos asimilado, como sociedad, las profundas implicaciones de este acontecimiento? Urge hacerlo, y en esto consiste la gran prueba que tenemos por delante: una vez recuperada, reaprender la confianza, que es la manera de no perderla de nuevo. Porque de la misma manera que aprendemos la desesperanza, aprendemos la desconfianza en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en las ideas, valores y sentimientos que nos hacen seres humanos más solidarios, capaces de anteponer el bien común al interés individual. 

No nos llamemos a engaño: la confianza recuperada puede ser una conquista social efímera, momentánea. Puede suceder, perfectamente, que se desvanezca frente a nuestros ojos sin que podamos siquiera advertirlo. Por eso, insisto, es tan importante asimilar cuanto antes el hecho: hemos sido capaces, como sociedad, más allá de nuestras posiciones políticas, de recuperar la confianza.

Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos

La posibilidad de pensar lo que hacemos

Por razones muy obvias, quienes tuvimos o tenemos responsabilidades de Gobierno estamos aún más obligados a asimilar, de inmediato, los alcances de este acontecimiento. Debemos, en primer lugar, reconocer nuestra responsabilidad a la hora de evitar que tantas y tan perjudiciales profecías se cumplieran.

El eficaz manejo que las autoridades gubernamentales han hecho de la situación de emergencia con motivo de la pandemia es la más clara demostración de lo que debe hacerse para conjurar las profecías autocumplidas. Pero esta misma verdad, a mi juicio incontrovertible, pone también en evidencia que durante los últimos años nuestro desempeño como Gobierno ha sido muy ineficaz.

Tal ineficacia, me parece, se relaciona directamente con el hecho de que hemos asumido una actitud paternalista, en los términos definidos por Reicher, Drury y Stott. Es decir, partiendo de la desconfianza en la gente, convencidos de su incapacidad para manejarse en una situación de profunda crisis, persuadidos de su inmadurez o de su irracionalidad, nos creemos llamados a protegerla, antes que cualquier otra cosa. Esto es particularmente evidente en la manera como, de un tiempo a esta parte, las autoridades gubernamentales en general transmiten sus mensajes a la población: “con moderación y de la manera más simple para que las personas no se sientan abrumadas por lo que se les dice” (21). Con mucha más frecuencia de la tolerable socialmente, tal actitud se traduce en la casi total desinformación respecto de asuntos que son fundamentales para la sociedad o, para decirlo de otra manera, en la completa opacidad respecto de decisiones de enorme relevancia social.

La manera como las autoridades gubernamentales han lidiado con la pandemia es la medida de lo que corresponde hacer en todos los órdenes, fundamentalmente en materia económica. En esta materia, donde se decide en grado sumo el futuro de toda la sociedad, el Gobierno pareciera empeñado en escribir un manual de cómo hacer exactamente todo lo contrario de lo que es preciso hacer.

Particularmente en lo económico, la información puesta al servicio de toda la sociedad debería ser suficiente, regular, oportuna, detallada, clara, independientemente de su complejidad. Además de estar informada, a la sociedad le asiste el derecho de discutir, cuestionar, rechazar y por supuesto elaborar propuestas, mucho más en situaciones de crisis. Pues hay que crear las condiciones para que esto sea posible.

Así, por ejemplo, y por citar un caso de extraordinaria relevancia, anunciar la reestructuración de nuestra industria petrolera es una medida correcta y necesaria, pero del todo insuficiente, en tanto que PDVSA ha vuelto a convertirse en una verdadera caja negra para toda la sociedad. Más allá de la abundante información pública sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno estadounidense, es poco lo que se sabe sobre lo que ocurre dentro de la principal empresa del país. La judicialización de trabajadores y trabajadoras de la empresa de manera nada transparente, violándose el debido proceso, viene a agravar aún más la situación.

¿Cuál es el resultado del manejo tan ineficaz de asuntos tan sensibles para la sociedad? No es ningún misterio: desconfianza.

En uno de los textos más lúcidos que se hayan escrito hasta ahora a propósito de la pandemia, Yuval Hoah Harari planteaba: “Una población automotivada y bien informada suele ser mucho más poderosa y eficaz que una población controlada e ignorante… La gente tiene que confiar en la ciencia, las autoridades públicas y los medios de comunicación. En los últimos años, los políticos irresponsables han socavado de forma deliberada la confianza en la ciencia, las autoridades públicas y los medios de comunicación. Ahora esos mismos políticos irresponsables podrían verse tentados de tomar la senda del autoritarismo, argumentando que no cabe confiar en que la población haga lo correcto” (22).

Lo escrito por Harari es un “retrato hablado” de Donald Trump, a quien evita mencionar expresamente, aunque es bastante severo con el Gobierno estadounidense: “el actual gobierno estadounidense ha renunciado a la labor de liderazgo. Ha dejado bien claro que la grandeza de Estados Unidos le importa mucho más que el futuro de la humanidad” (23).

En todo caso, en lo que quiero insistir es en la importancia de la confianza. El mejor antídoto contra los políticos, medios y expertos irresponsables que socavan la confianza de la gente, son los políticos, medios y expertos que actúan responsablemente, confiando en la capacidad de la gente para manejar información compleja, en su capacidad para hacer frente a situaciones de crisis, y transmitiendo mensajes que ponen el acento en la necesidad de actuar en razón del bien común. Tal es el remedio contra cualquier profecía autocumplida.

Harari hace otra precisión muy pertinente: “Siempre que se hable de vigilancia, debemos recordar que la misma tecnología de vigilancia no sólo puede utilizarse por los gobiernos para vigilar a los individuos, sino también por los individuos para vigilar a los gobiernos (24). Esto a propósito de la enorme oportunidad que supone una herramienta como el Sistema Patria.

Recientemente, Ketsy Medina sugería que el Sistema Patria podía ser aprovechado por la población para realizar denuncias relacionadas con la violencia de género. Razón no le falta. ¿Por qué no? De hecho, también puede servir como una eficaz herramienta para que la gente pueda denunciar el cobro ilegal en las estaciones de servicio, aportando información que le permita a las autoridades, en tiempo real, tener una idea bastante aproximada de posibles focos de conflicto social. En general, puede servir para que la gente evalúe el funcionamiento de los servicios públicos, para formular denuncias contra comerciantes inescrupulosos, para evaluar la gestión de autoridades locales, regionales e incluso nacionales.

Específicamente respecto de las aglomeraciones públicas en torno a las estaciones de servicio y el malestar popular asociado al cobro ilegal por parte de efectivos de la GNB, vale recordar, una vez más, lo planteado por Reicher, Drury y Stott: si la gente no cumple con las medidas de distanciamiento social, esto ocurre la mayoría de las veces por falta de oportunidades, no porque la gente sea irracional. En lugar de culpabilizar a la gente común y corriente, es decir, “en lugar de burlarse del público” (25), lo que debe hacerse es crear más oportunidades, en este caso en particular sancionando severamente a los efectivos corrompidos y garantizando la eficacia en la prestación del servicio, dándole prioridad a quien corresponda, y también, por cierto, informando a la población sobre la cantidad de combustible existente en el país. De nuevo: tenemos que ser capaces de confiar en la capacidad de la sociedad venezolana para manejar esta información. Asumir de antemano que la gente entrará en pánico es todo lo contrario de lo que hay que hacer.

Una cosa es pensar que hacemos lo único posible para enfrentar una situación de crisis, y otra muy distinta es permitirnos la posibilidad de pensar lo que hacemos para enfrentarla. Superar esta gran prueba, como sociedad, pasa por elegir la segunda opción.

Foto: Marcelo Volpe. Colectivo Cacri Photos

Referencias

(1) Javier Salas. Cómo conseguir que nos quedemos en casa en lugar de comprar más papel higiénico. El País, 13 de marzo de 2020.

(2) Stephen Reicher y John Drury. Don’t personalise, collectivise! The Psycologist. The British Psychological Society.

(3) Stephen Reicher y John Drury. Don’t personalise, collectivise!

(4) Stephen Reicher y John Drury. Don’t personalise, collectivise!

(5) Stephen Reicher y John Drury. Don’t personalise, collectivise!

(6) Stephen Reicher y John Drury. Don’t personalise, collectivise!

(7) Stephen Reicher y John Drury. Don’t personalise, collectivise!

(8) Javier Salas. Cómo conseguir que nos quedemos en casa en lugar de comprar más papel higiénico.

(9) Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott. The truth about panic. The Psycologist. The British Psychological Society.

(10) Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott. The two psychologies and Coronavirus. The Psycologist. The British Psychological Society.

(11) Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott. The two psychologies and Coronavirus.

(12) Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott. The two psychologies and Coronavirus.

(13) Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott. The two psychologies and Coronavirus.

(14) Stephen Reicher y John Drury. Don’t personalise, collectivise!

(15) Reinaldo Iturriza López. Venezuela y el “capitalismo del desastre”. 2 de febrero de 2019.

(16) Reinaldo Iturriza López. Chavismo, amor propio y goce popular. 15 de mayo de 2015.

(17) Reinaldo Iturriza López. La migración en Venezuela: un pasaje de ida y vuelta. 14 de septiembre de 2016.

(18) Reinaldo Iturriza López. Venezuela y el “capitalismo del desastre”.

(19) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (VIII): Neoliberalismo y clases populares: la mutación en marcha. 4 de febrero de 2020.

(20) Coronavirus causaría «holocausto de la salud», según la Federación Médica Venezolana. Tal Cual, 28 de enero de 2020.

(21) Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott. The two psychologies and Coronavirus.

(22) Yuval Noah Harari. El mundo después del coronavirus. La Vanguardia, 5 de abril de 2020.

(23) Yuval Noah Harari. El mundo después del coronavirus.

(24) Yuval Noah Harari. El mundo después del coronavirus.

(25) Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott. The two psychologies and Coronavirus.

Cuarentena (XI): La frágil tregua


Hombre con cuatro y tapabocas. Capuchinos, Caracas. Foto: Dikó. Colectivo Cacri Photos

Una bofetada a la humanidad

Las noticias y testimonios que llegan de los barrios populares de Guayaquil, Ecuador, sobre decenas y tal vez centenares de cadáveres en casas y calles (1), es una bofetada no solo para la nación suramericana, sino para toda la humanidad. Es imposible permanecer impávidos frente a tanto horror. Sencillamente no hay nada que explique, y mucho menos justifique, semejante situación. Tampoco puede haber espacio para los eufemismos: el victimario no es el COVID-19, sino el neoliberalismo.

No hay nada que permita suponer que el destino de los pueblos gobernados por liderazgos neoliberales vaya a ser muy distinto al que ya alcanzó al pueblo estadounidense. En general, la respuesta de los gobernantes en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, por solo citar a los países con mayor número de casos confirmados (2), ha sido muy similar a la adoptada por la Administración Trump: timorata, lenta, torpe, rayando en lo irresponsable e inhumano, y privilegiando los intereses de las elites económicas.

Lamentablemente, lo que cabe esperarse para las próximas semanas es un agravamiento de la crisis sanitaria en estos países de Nuestra América, muy probablemente opacada por el caos sanitario en Estados Unidos, hoy epicentro de la pandemia, y seguramente disimulada y hasta silenciada por la mediática global, exactamente de la misma forma que ha sido deliberadamente silenciada la oportuna y por los momentos eficaz respuesta del Gobierno venezolano.

Policía bueno, policía malo

La respuesta de las autoridades venezolanas ha tenido un efecto político inesperado: el debilitamiento acelerado de la estrategia de “doble poder”, en el contexto de los esfuerzos estadounidenses por precipitar un “cambio de régimen”, y liderizada dentro y fuera del país por elementos de la ultraderecha venezolana, secundados por parte importante de una clase política antichavista que, muy a pesar de las permanentes disputas entre partidos y facciones, actúa bajo la tutela de Estados Unidos.

Cuerpos de seguridad y enfermeros activan estrictas medidas sanitarias con ciudadanos venezolanos provenientes de Colombia. Tazón, Caracas. Foto: Marcelo Volpe. Colectivo Cacri Photos

Tal situación de debilidad, sumado a la impopularidad de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela (de la que incluso da cuenta una firma como Datanálisis, históricamente alineada con el antichavismo), y al creciente consenso global respecto de la necesidad de ponerle fin a las “sanciones” económicas que pesan sobre varias naciones del planeta (¡incluso el Financial Times!), han supuesto, entre otras cosas, un desplazamiento del protagonismo opositor hacia figuras que claman por un “acuerdo político” que le permita a Venezuela acceder eventualmente no solo al financiamiento de las multilaterales, sino a los multimillonarios recursos de la nación secuestrados por bancos extranjeros.

Entre estas figuras destaca la de Francisco Rodríguez, que en el pasado ha desempeñado el papel de “policía bueno”, polemizando con personajes como Ricardo Hausmann (3), asociados directamente a la ultraderecha venezolana, hasta cierto punto ideólogos de lo que sería la “línea dura” contra Venezuela, y que de hecho han asumido cargos de responsabilidad en la institucionada paralela promovida por Estados Unidos, como es el caso del mismo Hausmann.

No deja de llamar la atención la similitud entre la fórmula planteada por Francisco Rodríguez (“gobierno interino” con participación limitada de algunos integrantes del actual Gobierno venezolano, que perdería todo poder de decisión en materia económica, pero mantendría el control de la FANB) y el “Marco para la transición democrática en Venezuela” (4) hecho público por la Administración Trump el 31 de marzo, que supone la creación de un “Consejo de Estado” que cohabitaría con el Alto Mando Militar, gobernadores y alcaldes.

Con todo, las opiniones más recientes de Francisco Rodríguez, que incluyen un exhorto a la Asamblea Nacional para que disponga del dinero de la nación que permanece bloqueado ilegalmente en cuentas en el extranjero, con el fin de asistir a las familias de migrantes venezolanos, han sido objeto de duras críticas por parte de elementos vinculados a la ultraderecha.

Por su parte, el anuncio que ha hecho Donald Trump este miércoles 1 de abril, relativo al inminente despliegue de fuerzas militares en el Caribe para combatir a los “carteles de la droga” (5), previa calificación del presidente Nicolás Maduro como “narco-terrorista” (6), el pasado 26 de marzo, puede ser el preludio del bloqueo a las costas venezolanas, la tristemente célebre “cuarentena” por la que la ultraderecha venezolana viene clamando públicamente desde abril de 2017 (7).

Náufragos del neoliberalismo

Mientras policías buenos y malos echan mano de sus respectivas tácticas de negociación política, y Venezuela es capaz de mantener a raya al COVID-19, el neoliberalismo hace aguas en todo el continente, dejando ver todas sus costuras y miserias.

De momento, este último dato está lejos de ser una buena noticia: que el neoliberalismo haga aguas en medio de la pandemia, significa que nuestros pueblos, incluidos millones de migrantes económicos venezolanos y venezolanas en países suramericanos, pagarán el mayor costo, no solo en vidas humanas, sino con mayor desempleo y pobreza. Son los náufragos del neoliberalismo. Y el número va en aumento.

No debería sorprendernos que, en el corto plazo, la diáspora venezolana en Suramérica sea deliberadamente reposicionado como tema prioritario en la agenda política y mediática global, regional y nacional, de manera similar a como ocurrió en 2019, con motivo de las multitudinarias manifestaciones populares de carácter anti-neoliberal que sacudieron a varios países del continente. Ya hay señales que apuntan en tal dirección (8). Las elites gobernantes, ajenas a toda idea de nación suramericana, no tardarán en recurrir a los mismos chivos expiatorios, promoviendo conflictos intra-clase, apelando al chovinismo y a la xenofobia, para intentar disimular la completa ineficacia de sus políticas antipopulares.

Las diversas modalidades de cuarentena adoptadas por los países del continente han supuesto una suerte de frágil tregua forzada, que les ha permitido a varios gobiernos contener parcialmente la masiva contestación popular frente al neoliberalismo. En tal sentido, pudiera pensarse que la pandemia les ha dado la oportunidad de tomar un segundo aire. Nada más alejado de la verdad: el torpe manejo de la pandemia expondrá aún más a los gobiernos neoliberales. Tras la cuarentena, en las calles, nuestros pueblos, tal vez incluso el estadounidense, sabrán hacer lo que corresponde: continuar y profundizar la lucha ya iniciada y saldar las debidas cuentas.

Entonces, el neoliberalismo que hoy hace aguas se convertirá en una extraordinaria noticia.

“Cuarentena en casa”. Caracas. Foto: Carlos F. Rojas. Colectivo Cacri Photos

Referencias

(1) Alertan situación sanitaria por Covid-19 en Guayaquil, Ecuador. Telesur, 31 de marzo de 2020.

(2) Organización Mundial de la Salud. Número de casos de COVID-19 en la Región de las Américas al 2 de abril de 2020.

(3) Reinaldo Iturriza López. Treinta años después del Sacudón, el neoliberalismo viene por la revancha. 27 de febrero de 2019.

(4) Departamento de Estado de Estados Unidos. Marco para la transición democrática de Venezuela. 31 de marzo de 2020.

(5) Remarks by President Trump, Vice President Pence, and Members of the Coronavirus Task Force in Press Briefing. 1 de abril de 2020.

(6) Remarks by President Trump, Vice President Pence, and Members of the Coronavirus Task Force in Press Briefing. 26 de marzo de 2020.

(7) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (II): Venezuela como experimento biopolítico. 6 de octubre de 2019.

(8) Emergencia sanitaria mundial por coronavirus agrava situación de migrantes venezolanos: Informe. Reuters, 1 de abril de 2020.

“La pandemia pone severamente en cuestión a la racionalidad neoliberal” (Para entrevista en Últimas Noticias, 27 de marzo de 2020)


Foto: Nica Guerrero. Colectivo Cacri Photos

Este viernes 27 de marzo fue publicado en Últimas Noticias un buen trabajo de Ángel González, intitulado El mundo en shock. Una mirada a lo que viene detrás de la pandemia, que recoge el análisis de varios compañeros: Pablo Giménez, Luis Salas y José Negrón Valera. También algunas opiniones mías al respecto. Lo que sigue es la versión íntegra de la entrevista que me hiciera Ángel un día antes de la publicación del reportaje.

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Algunos dicen que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus “cambiará al mundo”. Mucho se habla de las consecuencias económicas. Pero, ¿podemos hablar de consecuencias de carácter político? Prácticamente estamos en un “estado de emergencia global”. ¿Qué podemos esperar?

Las consecuencias económicas derivadas de la pandemia tienen, por supuesto, un correlato político. De hecho, como sabes, es sencillamente imposible separar una cosa de la otra, por más que el lenguaje a menudo excesivamente técnico e incluso eufemístico de los “expertos” en economía nos lleven a pensar que son campos separados. En primer lugar, no son pocos los analistas que han insistido en el hecho de que la pandemia funciona como un pretexto para que países como Estados Unidos adopten medidas que permiten encubrir, hasta cierto punto, una crisis global del capitalismo muy similar, e incluso de mayores proporciones, a la de 2007-2008. Apelando al pretexto de la pandemia, la Administración Trump ha recurrido al auxilio multimillonario de los grandes capitales, mientras ha postergado de una manera que parece deliberada la adopción de las medidas sanitarias de contención que recomienda la OMS, menospreciando expresamente la gravedad del problema, todo lo cual en razón de la “salud” de la economía, es decir, de los grandes capitales. Algo muy similar, como sabemos, ha ocurrido en Europa, particularmente en Reino Unido, pero también, en un primer momento, en países como Italia y España, hoy severamente golpeados por la pandemia. Es la misma actitud que han asumido gobiernos como los de Brasil, Colombia, Chile y México.

Ahora bien, hablando más concretamente de las implicaciones políticas, quizá la más relevante sea el hecho de que la pandemia pone severamente en cuestión a la racionalidad neoliberal, que determina los modos de gobierno de buena parte de los países del Norte global, pero también del Sur. La pandemia ha puesto al descubierto, con mucha elocuencia, la ineficacia política de los recortes masivos a la salud pública, o problemas más específicos, como por ejemplo el hecho de que la producción masiva de implementos médicos para atender la crisis se haya relocalizado en países como China, donde es posible elaborarlos a menor costo. ¿El “estado de emergencia global” puede prefigurar un mundo post-neoliberal? Es muy pronto para afirmarlo. Con el añadido de que algo como el post-neoliberalismo no necesariamente significa un mundo más justo. A esto apuntan los análisis que vienen haciéndose respecto del gigantesco y muy eficaz sistema de control que les ha permitido a países como China y Corea del Sur, contener la propagación del virus. El resultado podría ser perfectamente un mundo más “seguro”, pero menos libre. En cualquier caso, también ha resultado muy evidente que estos últimos países han gestionado la crisis de manera mucho más eficaz (en lo que refiere, estrictamente, a la contención del virus) que sus pares del Norte. La Unión Europea, con los distintos países cerrando sus fronteras, y asumiendo posturas muy poco solidarias, parece una ficción. Todo indica que, en cuestión de días, Estados Unidos pasará a ser el epicentro de la crisis sanitaria global. A su vez, me parece que hay suficientes indicios de que China no tardará en reactivar su economía, lo que le permitirá recuperar el terreno perdido en un plazo relativamente corto, para afianzar su lugar como la principal economía del mundo, terminando de desplazar a Estados Unidos.

El filósofo esloveno Slavoj Zizek dijo que esta crisis podía abrir una oportunidad para avanzar hacia formas más colaborativas de relacionamiento político a nivel internacional. Una suerte de “comunismo globalizado”. ¿Cómo ves esa perspectiva?

Me parece que Zizek es realmente menos optimista de lo que puede parecer en primer término. Es justo decir que en ningún momento ha planteado algo como la muerte, a lo Kill Bill, del capitalismo. Lo que ha escrito es que la pandemia constituye una oportunidad para convencernos de que es necesario un cambio, porque no podemos seguir por el camino al que nos conduce el capitalismo global. Ha dicho textualmente: “el Coronavirus también nos obliga a re-inventar el comunismo basándonos en la confianza en las personas y la ciencia”. Tal sería, digamos, el dilema político que supone la pandemia. Hay que ser muy insensato para estar en desacuerdo.

Por otro lado, el filósofo surcoreano Byung Chul Han difiere directamente de Zizek y dice que éste se equivoca. Afirma que “la crisis no vencerá al capitalismo” y que coincide con el filósofo italiano Giorgio Agamben en su tesis de que se impondrá un “estado de excepción permanente” como situación “normal”. Y habla de una acentuación y desarrollo de los mecanismos de control social. ¿Qué podemos esperar, en realidad?

Si menospreciar en lo absoluto el aporte de estos intelectuales, creo que es necesario estar prevenidos respecto de estas “polémicas”. Cualquiera que lea con atención lo escrito tanto por Zizek como por Byung Chul Han puede concluir que, a fin de cuentas, sus posturas son muy similares. Sus diagnósticos también. Byung Chul Han refiere que Zizek evoca un “oscuro comunismo”, y plantea: “El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución… No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana”. Pues bien, es claro que Zizek no plantea en ningún momento que el virus vencerá al capitalismo. De igual forma, el comunismo del que habla es, digamos, bastante “transparente”. Ambos coindicen en que ésta tendrá que ser la tarea de personas de carne y hueso. En todo caso, lo más notable, me parece, es que ninguno de los dos ofrece mayores pistas al respecto.

“Un hombre con tapabocas que transitaba por el centro de Caracas, se detiene por unos minutos para acariciar a un perro callejero”. Foto: Marcelo Volpe. Colectivo Cacri Photos

Agamben, por su parte, incluso ha creído necesario escribir una “aclaratoria”. Afirma que sus palabras iniciales han sido distorsionadas. En todo caso, el panorama que pinta es bastante sombrío: “Lo primero que muestra claramente la ola de pánico que ha paralizado al país es que nuestra sociedad ya no cree en nada más que en la nuda vida. Es evidente que los italianos están dispuestos a sacrificar prácticamente todo, las condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo, incluso las amistades, los afectos y las convicciones religiosas y políticas ante el peligro de caer enfermos. La nuda vida —y el miedo a perderla— no es algo que una a los hombres, sino que los ciega y los separa”. Sospecho que esa posición es discutible: si estoy bien informado, me parece que la gravedad de la situación en Italia se relaciona, al menos en parte, con el hecho de que parte de la sociedad italiana (incluyendo, por supuesto, su liderazgo político y económico), en un primer momento, menospreció la gravedad de la situación. Y eso hizo que se multiplicara la exposición de las personas al virus, provocando la situación que ya conocemos. Luego, no estoy seguro de que sea correcto concluir que la gente decide permanecer en sus hogares porque son presas del pánico. Respetar la cuarentena, evitar exponerse y exponer a otros, también puede ser interpretado como una forma de solidaridad, y no como una señal inequívoca de pánico. En todo caso, el análisis que durante mucho tiempo viene haciendo Agamben sobre el “estado de excepción permanente” es extraordinariamente lúcido. Es cierto, como plantea en su artículo más reciente, que “una sociedad que vive en un estado de emergencia perpetua no puede ser una sociedad libre”. Pero habría que distinguir entre este fenómeno sobre el que tanto ha trabajado, de estado de excepción permanente, y que caracterizaría al mundo en que vivimos, y el estado de alarma decretado con motivo de la pandemia. Se superponen, y ciertamente el segundo puede tributar al primero, pero no son exactamente lo mismo.

¿Cuál es la perspectiva de esta crisis para Venezuela? En términos políticos…

Respecto de Venezuela, habría que decir que el estado de excepción en su modalidad de estado de alarma ha contado con el apoyo mayoritario de la población. Afirmar lo contrario sería mentir. Así de simple. Ahora bien, esta circunstancia puede parecer curiosa e inexplicable, siendo el caso que la autoridad que lo decreta es considerada ilegítima por una parte de la sociedad. ¿Qué ha sucedido? Que el Presidente ha actuado, sin duda alguna, con mucho sentido de la oportunidad, actuando firmemente y a tiempo, antes de que el virus se propague, como ha sucedido en otras latitudes. Me parece que predomina la percepción de que, en este caso, el Presidente no está actuando como el representante de una parcialidad que busca sacar provecho de la situación, sino como la autoridad de todos los venezolanos y venezolanas. ¿Cuál era la percepción generalizada antes de la pandemia? Que la autoridad del Estado prácticamente había desaparecido, que prevalecía el caos. Pues bien, el Estado ha “reaparecido” y el soberano, que es quien decide el estado de excepción, se ha relegitimado. Y lo ha hecho nada más y nada menos que velando por la salud y la seguridad de toda la población.

A esta percepción de un mínimo de seguridad y orden en medio del caos, habría que tomar en cuenta que estamos ante un caos global. Habría que evaluar el impacto que tiene en la sociedad venezolana el hecho de estar expuesta a una cantidad realmente asombrosa de informaciones sobre muertes masivas, pánico, desabastecimiento, acaparamiento, precios especulativos, etc., en los países del “primer mundo”. Por una parte, estamos viendo cómo en muchos lugares del mundo, guardando las debidas distancias, ocurre ahora lo que hace al menos un lustro sucede en nuestro país, mientras que, justo ahora que prevalece el caos global, en nuestro país hemos sido capaces de controlar la situación. Eso no quiere decir, por supuesto, que nuestros gravísimos problemas han desaparecido súbitamente. Pero sí sugiere que una firme actuación de las autoridades, sumado a la voluntad de las mayorías populares, pueden hacer la diferencia.

Esto deja muy mal parados a los actores políticos que se han prestado a la estrategia de “doble poder”, inscrita en los esfuerzos de Estados Unidos por acelerar el “cambio de régimen”, puesto que ha quedado una vez más en evidencia, ahora de manera particularmente elocuente, que el tal “doble poder” es una completa farsa. Pero también deja muy mal parados a los elementos que, dentro del Gobierno, vienen defendiendo posturas orientadas a una retirada estatal de la economía, y la idea de la “autorregulación” del mercado, que es precisamente lo que está causando estragos a escala global, mucho más que la pandemia propiamente.

Es, por tanto, una oportunidad como muy pocas, que además se nos ha presentado de manera inesperada, para retomar la iniciativa en todos los órdenes, siempre en provecho de la sociedad en su conjunto (y no de parcialidades políticas), y con la mayor participación de las mayorías populares. Es una oportunidad para que, de la misma forma como lo han hecho para enfrentar la pandemia, las autoridades se pongan al frente de la situación, informando pormenorizadamente sobre las medidas económicas y de todo tipo, que tendrán que tomarse no solo para contener el virus, sino para erradicar los privilegios, combatir las injusticias, la pobreza, la desigualdad. Así, por ejemplo, sería realmente absurdo que, en momentos en que, por razones de fuerza mayor, gobiernos muy capitalistas del Norte global incurren en el “exceso” de poner en tela de juicio el afán privatizador neoliberal, en nuestro país insistamos con tales prácticas. De la misma forma, sería realmente absurdo que el Gobierno ceda a la pretensión de las elites económicas de que sean las mayorías populares las que carguen con el peso de la crisis. En definitiva, la relegitimación de nuestras autoridades no puede depender exclusivamente de garantizar un mínimo de seguridad a la población, sino que debe descansar, fundamentalmente, en el esfuerzo por construir una sociedad genuinamente democrática, más justa, solidaria e igualitaria.

A lo anterior habría que sumarle varios datos significativos: la Secretaría General de Naciones Unidas solicitando el cese de las medidas coercitivas unilaterales, para que las naciones agredidas puedan ser capaces de enfrentar en mejores condiciones los efectos de la pandemia; la Unión Europea declarando que apoya las solicitudes que han hecho países como Venezuela e Irán, para el acceso a recursos que tienen disponibles organismos multilaterales; actores políticos del antichavismo que durante los últimos años habían quedado relegados a un segundo plano (en la medida en que la ultraderecha, encarnada en Voluntad Popular, asumía el liderazgo), manifestándose en favor de un acuerdo político, para que Venezuela pueda acceder al financiamiento externo, entre otros datos de contexto. En tales circunstancias, a la Administración Trump no se le ocurre mejor idea que ofrecer una recompensa por la cabeza del Presidente de la República, Nicolás Maduro, entre otras autoridades nacionales, como si transcurriera el siglo XIX y nuestro país fuera el lejano oeste. Este zarpazo del Gobierno estadounidense es una señal de que están leyendo estos datos y están sentado posición de la manera más brutal y grotesca posible, pateando la mesa una vez más, de manera de conjurar cualquier posibilidad de acuerdo político. De nuevo, actuando de manera unilateral y criminal, puesto que resulta claro que el perjudicado no es el Presidente Nicolás Maduro, sino toda la población venezolana. Pero además, es una clara señal de cómo Estados Unidos ha venido perdiendo progresivamente el liderazgo político global, contrario a lo que pudiera pensarse a propósito de semejante acto de “fuerza”. Son como bandazos que va dando la primera potencia mundial en la medida en que se produce su declive. Insisto, en los próximos días, el epicentro de la crisis sanitaria global será Estados Unidos. Y la Administración Trump ha demostrado fehacientemente su completa ineficacia a la hora de gestionar una crisis que le va a estallar en la cara, si no le estalló ya. Pues bien, respecto de Venezuela actúa con la misma torpeza: pudiendo ponerse a la cabeza del esfuerzo por lograr un acuerdo político que tiene cada vez más consenso nacional e internacional, lo sabotea permanentemente. Es como si quisiera arrastrarnos al precipicio al que lamentablemente se dirige Estados Unidos. Nuestro reto es evitarlo a toda costa, y creo que estamos en condiciones de hacerlo.