Salvajes y desafiliados (Entrevista en Venezuelanalysis, octubre de 2020)


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Cira Pascual Marquina (CPM): Tú has desarrollado una lectura creativa sobre la identidad de Chavismo. Como ejercicio, ¿podrías hacer una síntesis sobre esta lectura?

Reinaldo Iturriza (RI): Está en primer lugar lo planteado en El chavismo salvaje. Cronológicamente, este libro recoge escritos que van desde 2007 hasta 2012, fundamentalmente. Entre otras cosas, hay allí un primer intento de identificar las tensiones a lo interno del chavismo, de explicar a qué lógicas responden las distintas líneas de fuerza que lo atraviesan, cómo éstas se expresan en prácticas, etc. Escribir estos textos implicó, naturalmente, un mínimo ejercicio de abstracción, intentando captar el movimiento real, por demás vertiginoso, pero en ningún momento tuve la intención de ubicarme como un observador del chavismo “desde afuera”. Todo lo contrario, son textos enteramente militantes. En ese entonces consideraba que teníamos la obligación de intentar explicar lo que íbamos comprendiendo acerca de lo que habíamos sido y éramos como movimiento. Había que hacer un esfuerzo por partida doble: por una parte, dejar registro de lo que significaba para nosotros y nosotras la experiencia de la revolución bolivariana, y por la otra construir un relato al margen de la propaganda, que no hiciera concesiones a interpretaciones autoindulgentes. 

El mismo concepto de “chavismo salvaje” está lejos de ser una simple metáfora, o una provocación. Lo que identificaba entonces es que había un intento de “brutalizar” al chavismo, que es una de las prácticas fundantes del antichavismo, pero igualmente otro orientado a “embrutecerlo”, que sería lo propio de lo que allí denomino como “oficialismo”. Con todo, hacía la importante salvedad de que el funcionariado, por ejemplo, no era por definición “oficialista”, y precisaba que perfectamente podía reproducirse una lógica política “oficialista” militando en el movimiento popular. Intentaba, en síntesis, que problematizáramos la cuestión del poder, de su ejercicio, y por su supuesto del Estado, de la institucionalidad.

En El chavismo salvaje planteé unos cuantos problemas de esta índole y dejé abiertas, como es inevitable, muchas interrogantes. Fue realmente un punto de partida. En adelante he intentado profundizar en algunos de estos asuntos, y en otros que han ido surgiendo.

Luego, en 2017, escribí un pequeño ensayo aún inédito: Chávez lector de Nietzsche. Chávez fue un intenso y desprejuiciado lector de Nietzsche durante sus últimos dos años de vida. Y como cabría esperar de un hombre como Chávez, no se trataba de simples disquisiciones filosóficas. Tales lecturas, entre otras, inspiraron algunas decisiones de gran envergadura. El célebre “Comuna o nada” nace, al menos en parte, de esta peculiar y muy heterodoxa lectura que hacía Chávez de Nietzsche. En fin, en línea con el análisis iniciado en El chavismo salvaje, y tomando como referencia la lectura que hacía Gilles Deleuze de Nietzsche, sugería la existencia de un chavismo activo que se distinguiría claramente de un chavismo reactivo.

En 2018 escribí otro libro aún inédito, La política de los comunes, en el que además reúno algunos textos ya publicados sobre la cuestión comunal en Venezuela. Entre otras cosas, allí intento demostrar que el chavismo significó una ruptura con la cultura política adeca. Es decir, si bien hay una clara línea de continuidad entre ésta y lo que podría llamarse la cultura política chavista, lo que distinguiría a esta última es, precisamente, lo que tiene de singular. ¿En qué consiste la singularidad del chavismo? ¿En qué punto ocurre esto? Cuando, en plena década de los 90, se produce lo que el mismo Chávez llamaría una verdadera “ruptura epistemológica”, que es lo que sucede cuando los jóvenes militares bolivarianos “descubren” la idea-fuerza de democracia participativa y protagónica. De nuevo, aquí estamos en presencia de un acontecimiento teórico y político en toda la línea, en tanto que, gravitando en torno a esta idea-fuerza, la política revolucionaria en Venezuela ya no sería la misma. Hay un antes y un después de este acontecimiento. Creo no exagerar al afirmar que la misma revolución bolivariana será posible a partir de esta ruptura. Ella lo cambia todo, y en particular la manera de relacionarse con el sujeto popular.

Más recientemente, en 2019, escribí la Radiografía sentimental del chavismo, y comencé a trabajar en una línea de investigación a la que intitulé Cuarentena, lo que por cierto no tiene que ver con la contingencia derivada de la pandemia por el coronavirus, sino con el hecho de que, en 2017, las líneas de fuerza más reaccionarias del antichavismo se hicieron fervorosos promotores del bloqueo económico total contra Venezuela (una “cuarentena” para contener y erradicar la “enfermedad contagiosa” que es el chavismo). 

La Radiografía puede ser leída como una actualización del análisis iniciado en El chavismo salvaje. Por ejemplo, lo que identifico en la Radiografía como “chavismo desafiliado” no es más que la expresión más contemporánea del mismo chavismo salvaje hastiado, ¡ya en 2010!, de lo que llamo la “política boba”, con el agravante de que este fenómeno de desafiliación se ha hecho masivo.

En Cuarentena he intentado identificar los condicionantes de este fenómeno de desafiliación política, comenzando a hurgar a fondo en un campo de análisis al que no presté la suficiente atención en todos estos años: el económico. Más que un asunto pendiente, se trata, digamos, de una deuda colectiva, mucho más que personal: comprender, por ejemplo, cuál es la composición de clases de la sociedad venezolana actual. Pero, más allá de la pertinencia de una instantánea sobre la actual coyuntura histórica, me parece que debemos ser capaces de saber cuál ha sido la evolución de la estructura de clases en la sociedad venezolana, pongamos, desde la década de los 70. Hasta tanto no dispongamos de información tan básica como crucial, estaremos condenados a repetir las mismas generalidades sobre el “rentismo petrolero”, el “post-rentismo” y cuestiones por el estilo.

Algunas de mis hipótesis de trabajo, actualmente, son las siguientes: 1) hay una relación estrecha, no mecánica, pero tampoco casual, entre la emergencia de las primeras células revolucionarias en el seno del Ejército venezolano, en la década de los 80, y el progresivo aumento de la informalidad y el desempleo; 2) hay evidencia histórica, documental, de la claridad estratégica de los militares bolivarianos respecto de lo que tendría que ser la médula del sujeto popular revolucionario: eso que tan temprano como en 1993 Chávez identificaba como “clase marginal”, conformada, fundamentalmente, por lo que algunos estudiosos llaman “subproletariado”, que es la fracción de clase proletaria más golpeada por la crisis económica: son los pobres que trabajan, pero cuyo trabajo no les garantiza lo mínimo suficiente para la reproducción de la vida; 3) el apoyo de este “subproletariado” será decisivo en la victoria electoral de Chávez en 1998 y más determinante aún en la resistencia contra todas y cada una de las tentativas destituyentes de los primeros años de revolución bolivariana, incluido el categórico triunfo en el referendo de 2004; 4) la política social, económica y cultural durante las presidencias de Chávez tendrá como propósito, fundamentalmente, afectar positivamente las condiciones materiales y espirituales de vida de esta fracción de clase; 5) todo el esfuerzo de construcción de hegemonía popular y democrática liderado por Chávez tendrá como centro de gravedad esta fracción de clase: sus aspiraciones y demandas, pero también su organización. Desde esta perspectiva, me parece, puede entenderse una iniciativa como la creación de los consejos comunales y, más tarde, de las Comunas; 6) la derrota en las parlamentarias de 2015 es un campanazo, en el sentido de que es signo de fractura de esta construcción hegemónica democrática.

Pienso que, con información suficiente a la mano, es posible demostrar, sin mayores contratiempos, que este “subproletariado” es el correlato económico (y al mismo tiempo político, sin duda alguna) de eso que en algún momento llamé “chavismo salvaje”. Y habiendo hecho el correspondiente análisis riguroso, pormenorizado, de la evolución de la estructura de clases de la sociedad venezolana durante las últimas décadas, algo que, insisto, está por hacerse, creo que estaríamos en mejores condiciones para encarar los desafíos del tiempo presente. 

La pregunta sobre el “chavismo salvaje” hoy, en buena medida desafiliado, es la pregunta sobre el “subproletariado”. Y las respuestas a estas preguntas nos arrojarían pistas inestimables sobre cómo proceder para retomar la construcción de hegemonía popular y democrática. 

CPM: Ahora viene algo más complicado… contrastemos la identidad del Chavismo con el ejercicio de la política desde el Estado hoy (entendiendo todos los factores externos que condicionan la política, pero centrándonos en el ejercicio cotidiano de la misma)

RI: Es que, de entrada, es prácticamente imposible referirse al ejercicio cotidiano de la política gubernamental sin tomar en cuenta estos factores externos. Si hay algo que sobredetermina, digamos, nuestra vida cotidiana es el bloqueo económico que pesa sobre el conjunto de la sociedad venezolana. Los efectos del bloqueo llegan al extremo de lo inenarrable: éste produce sufrimiento, privaciones, angustia, ansiedad, miedo, ira, desconfianza, muerte, a lo que se suman la incertidumbre y el estrechamiento del horizonte que produce una circunstancia como la pandemia. Hablamos de una experiencia que es difícil de transmitir a pueblos que, por una razón u otra, han tenido la fortuna de no padecer un asedio tan criminal. 

Además, allí donde tiene eficacia el relato imperialista se produce lo que Walter Benjamin llamaría empatía con el vencedor, cuya traducción sería más o menos la siguiente: si en Venezuela estamos atravesando por semejante trance histórico es porque nos lo tenemos bien merecido, idea que se expresa de distintas formas, incluido el truculento expediente sobre la existencia de una “dictadura”, un “régimen”, etc.

Hay empatía con el vencedor por dos razones, principalmente: porque se es cómplice de quienes se arrogan el derecho de hacer el papel de verdugos, que es el caso, por ejemplo, del antichavismo más cipayo, y porque se tiene miedo de padecer un asedio similar, por lo que se elige no levantar cabeza, desviar la mirada o directamente ensañarse contra el vencido, para decirlo en términos del mismo Benjamin.

CPM: Ahora bien, y ésta es una pregunta clave: ¿el pueblo venezolano ha sido vencido? 

RI: Cualquiera podría opinar que estoy equivocado, y seguramente sería capaz de esgrimir razones muy válidas, pero mi respuesta es que no. No creo que el pueblo venezolano haya sido vencido. Y una de las razones que sustentan mi posición es, precisamente, el profundo convencimiento de una parte importante de la población, así lo percibo, de que, con todo y los nefastos efectos del bloqueo, tenemos un margen de maniobra. Es decir, nuestro destino sigue estando en nuestras manos.

Lo que percibo es que, para una parte importante de la población, el bloqueo no es una fatalidad. Es un crimen, y ese crimen produce privaciones y muertes. Pero no es una fatalidad. De ese convencimiento se deriva el hecho de que tanta gente, en todas partes, rechace tan enérgicamente el relato, propio del oficialismo, según el cual todo lo que padecemos es consecuencia del bloqueo. Y lo peor que podemos hacer en este momento es apelar a un hecho tan grave como el bloqueo para convertirlo en un pretexto.

El problema con este relato es que libera de cualquier responsabilidad a quienes, precisamente, tienen responsabilidades de gobierno y, peor aún, libera de responsabilidad a todo el mundo: no seríamos más que víctimas que habría que proteger o, en todo caso, no tendríamos más que la obligación de “resistir”, preferiblemente sin “quejarnos” tanto. Hay mucho de falsa épica en este relato, y también mucho de fatalismo.

¿El gobierno venezolano debe dejar de cumplir con su obligación de proteger a la población? Por supuesto que no. ¿Todo el que está ejerciendo funciones de gobierno ha hecho suyo este relato? Tampoco lo creo. Pero es sin duda un relato que ha ganado mucho terreno. 

De hecho, me parece bastante evidente que hay una crisis del relato bolivariano. ¿Cómo superarla? Poniendo en la balanza ambas cosas: el bloqueo, los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, el asedio imperial, de un lado, y del otro nuestro margen de maniobra, las alternativas que tenemos, lo que podemos hacer. Eso pasa por tener confianza en el genio colectivo, es decir, en el sujeto popular que, en última instancia, hizo posible la revolución bolivariana.

¿Eso quiere decir que todas y cada una de las decisiones gubernamentales deben ser previamente discutidas públicamente, a la manera asamblearia? Está claro que no. Pero no puede seguir siendo una práctica común tomar tal o cual decisión en determinada materia y que, frente a cualquier manifestación de inconformidad o incomprensión respecto de lo decidido, la respuesta sea, cuando la hay: no había ninguna otra alternativa.

Cuando en política se parte del principio de que no hay alternativas, es como si decidieras bajar las santamarías. Y hay que saber medir las consecuencias de bajarle las santamarías en la cara al pueblo que se politizó con Chávez. Por esa razón, entre otras, es que hay tanta gente desafiliada, que ya no espera nada ni del chavismo ni del antichavismo. Eso sí debería preocuparnos y ocuparnos, y no el hecho de que todavía haya mucha otra gente que expresa de manera abierta su inconformidad, lo que a fin de cuentas es señal de vitalidad política.

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CPM: Durante todo el Proceso Bolivariano siempre hubo una relación tensionada entre la institucionalidad y el movimiento popular. Durante muchos años, esa tensión fue productiva o virtuosa, pero en este momento estamos viendo que las tensiones se van convirtiendo en grietas. ¿Qué ocurre?

RI: Respecto de este asunto, pienso que lo que conocemos como el movimiento popular está en la obligación de ser profundamente autocrítico. No basta con que constatemos que eso que identificas correctamente como tensión virtuosa haya degenerado, ciertamente, en algo que se asemeja al antagonismo puro y duro. 

Uno podría despachar el asunto diciendo que esta situación no es más que una expresión de la lucha de clases a lo interno del movimiento, aunque también es cierto que hay gente que no alcanza a ver siquiera esto, y termina cediendo a la tentación de pasar cualquier conflicto, tensión o antagonismo por el tamiz de la lealtad y la traición, de manera que ya no hay más conflicto, sino leales y traidores por todas partes.

Intentemos aproximarnos a la raíz del conflicto. He dicho más arriba que el esfuerzo de construcción de hegemonía popular y democrática liderado por Chávez tuvo como centro de gravedad al subproletariado, buena parte del cual, durante la primera década de este siglo, pasó a engrosar las filas del proletariado, eso que de manera más o menos equívoca llamamos “nueva clase media popular”, pero que nunca fue clase media en sentido estricto, sino clase trabajadora que, por primera vez en su historia, pudo vivir dignamente. Lo significativo aquí, entre otras cosas, es que estamos hablando de la mayoría del país.

En otras palabras, Chávez se hizo un líder con la suficiente auctoritas no solo para gobernar al país, con amplias libertades democráticas, sino también para arbitrar entre las distintas líneas de fuerza del chavismo, poniendo en el centro de la política chavista, reitero, a una fracción de clase determinada, sin que esto implicara, por cierto, que la pequeña burguesía y la burguesía dejaran de beneficiarse, al margen de que estén dispuestas a reconocerlo.

Ahora bien, por razones que no da chance de profundizar aquí, y en las que hay que seguir escudriñando, me parece que quedó irresuelto el problema de la organización de esa fracción de clase, y en general de la clase trabajadora. No puede ignorarse el hecho de que el chavismo insurge en un contexto de severa crisis de las formas tradicionales de mediación política: partidos, sindicatos, gremios, lo que exigía a todo el movimiento ensayar nuevas formas de organización, sin que fuera posible, y tampoco deseable, prescindir de las formas más tradicionales. Los consejos comunales y las Comunas vendrían a ser las formas más avanzadas de este ejercicio de experimentación política. En ellos el subproletariado se sentía, digamos, a sus anchas, con la ventaja de que estos espacios tendían a permitirle una interlocución más directa con el mismo Chávez, sin tener que pasar por el partido, el sindicato, las gobernaciones, las alcaldías, etc. 

Pero sabemos de sobra que esto no siempre ocurría así. Más bien era todo lo contrario: una y otra vez, el pueblo organizado en estos y otros espacios afines tenía que verse obligado a lidiar, naturalmente, con el partido, las gobernaciones, las alcaldías, etc., y la relación solía ser muy problemática, por decir lo menos. Y no podía ser de otra forma, porque se trataba de dos lógicas, incluso de dos maneras radicalmente distintas de concebir la política, que se enfrentaban. Entonces Chávez arbitraba, desempeñando, al mismo tiempo, el papel de jefe de Estado y el de subversivo dentro del Estado; el Chávez que está en la obligación de preservar el statu quo y el que desea transformarlo; todo a pulso, casi siempre con mucha mano zurda, realzando la importancia del partido o de preservar el control de gobernaciones y alcaldías, por ejemplo, pero al mismo tiempo exhortando a ese pueblo que se politizó al margen de las formas tradicionales de representación política, a no ser apéndice de nada ni de nadie.

Mientras todo esto ocurría, ¿qué papel desempeñaba el movimiento popular? Me parece que intentaba, correctamente por demás, abrirse paso y ejercer un liderazgo en estos espacios de organización popular, en ocasiones dentro del partido, a veces en funciones de gobierno, pero representando siempre una modesta parte dentro de un todo muy vasto. Muy cualificado políticamente, pero con limitaciones muy evidentes, apenas disimuladas por la ventaja que implicaba contar con un liderazgo como el de Chávez.

Creo que es bastante obvio, y por eso realmente no tiene mérito repetirlo aquí, que la ausencia física de Chávez trastoca profundamente la dinámica a lo interno del movimiento. Y es igualmente obvio que Maduro no es Chávez. Supongamos que es cierto que el subproletariado, o en general la clase trabajadora, ya no es el centro de gravedad de la política chavista, sino la “burguesía revolucionaria”, porque así lo determina la nueva correlación de fuerzas. Pues bien, ¿qué papel le corresponde jugar al movimiento popular? Ciertamente, dejar constancia de las implicaciones políticas de este trastocamiento, pero eso pasa, necesariamente, por preguntarse qué ha sido de la clase trabajadora, por interrogarse por las tribulaciones que anidan en el alma popular. Y en las actuales circunstancias, creo que eso implica comprender qué pasa por la cabeza del pueblo venezolano todo, pero en particular del chavismo desafiliado, ese vasto sujeto que parece haber quedado sin interlocución posible, en una suerte de no-lugar de la política, como ya lo he planteado en alguno de los textos que forman parte de la Radiografía.

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CPM: El pasado y el presente. Para una parte del Chavismo (Misión Verdad, por poner un ejemplo) el Proceso Bolivariano está en su momento más glorioso por su capacidad de resistir los golpes. Para otra parte del Chavismo, el Proceso se está achicando por haberse apartado de la vocación democrática que lo caracterizó y por haberse desdibujado el horizonte socialista. Sin embargo, hay otro grupo a lo interno que (como Marx en el 18 Brumario) considera que la revolución debe dejar atrás su pasado y hacer su poesía en el presente. Entonces, ¿cuál debe ser la relación de la revolución con su pasado, y hasta cuándo?

RI: El pasado no nos sirve de nada si no nos permite avanzar, o desplazarnos, en el presente. Permíteme que insista en este punto de la construcción de hegemonía popular y democrática. 

Cuando uno lee con detenimiento al Chávez de la década de los 90, algunos de los pasajes más extraordinarios tienen que ver con la dura polémica que sostiene entonces con el liderazgo de los partidos de izquierda venezolanos, con parte de su militancia, con algunos referentes de la intelectualidad de izquierda. En resumen, Chávez les cuestionaba su profunda desconexión con las mayorías populares, su vocación por las discusiones interminables sin pasaje al acto, su lectura manualesca de los clásicos del marxismo, su escasa vocación de poder, su cortedad de miras estratégica, su sectarismo, su menosprecio por el pueblo. En la versión del mismo Chávez, esta izquierda consideraba aquellos cuestionamientos como un anatema, como palabrería propia de un advenedizo. He intentado reconstruir parcialmente este episodio en La política de los comunes.

Desconozco, y la verdad importa poco, si Chávez había estudiado para entonces a un autor como Gramsci, pero conocía a profundidad la obra de gente como Alfredo Maneiro, José Esteban Ruiz Guevara, Pedro Duno, José Rafael Núñez Tenorio, Kléber Ramírez, Domingo Alberto Rangel, Alí Rodríguez Araque, Víctor Hugo Morales, Hugo Trejo, entre otros que pudieran mencionarse, y de hecho conoció y dialogó personalmente si no con todos, sí con la mayoría de ellos, antes de llegar a la Presidencia, dicho sea de paso, y en algunos casos incluso antes del 4F de 1992.

Lo que quiero decir es que Chávez era todo lo contrario de un advenedizo: era, sin duda alguna, un militar de izquierda que, precisamente por conocerla lo suficiente, aunque no hubiera militado en ella, y en buena medida inspirado en el acervo crítico de quienes tenía como sus más lúcidos referentes, pronto comprendió que, para que la revolución bolivariana fuera posible, era imprescindible ir “más allá de la izquierda”, como lo planteara Maneiro en su célebre texto de 1980.

De nuevo, aquí el “descubrimiento” de la idea-fuerza de democracia participativa y protagónica resultó decisivo: ella implicaba, en los hechos, someter a cuestionamiento radical, inclemente, lo que podríamos denominar la tradicional cultura política de izquierdas, comenzando porque el liderazgo político debía abandonar cualquier pretensión de “vanguardia esclarecida” y tenía que aprender a desplazarse por las catacumbas populares como pez en el agua, llevando la palabra, sí, pero sobre todo escuchando, sintiendo el padecimiento de las mayorías, acompañando sus luchas. Me parece que Chávez, al que tanto se ha acusado de líder mesiánico, vertical, autoritario, comprendió que al ciudadano común había que tratarlo como un igual, con respeto, con dignidad, y no estoy seguro de que hayamos asimilado todavía el profundo impacto que esto tuvo en el campo de la cultura política.

Es a partir de la centralidad de esta idea de que el pueblo venezolano no solo está cualificado para participar activamente en los asuntos políticos, sino además para ser protagonista, que Chávez y el chavismo incipiente van conformando un poderoso bloque de poder, que termina alzándose con la victoria electoral de 1998. Hablamos de un momento histórico en que los rótulos importaban muy poco: no importaba si usted se autodefinía como una persona de izquierdas, lo que importaba era si usted consideraba necesario derrotar a la clase política que representaba a la democracia burguesa, al pacto de élites, y si creía posible construir una democracia genuina, popular, participativa y protagónica.

Cualquiera que revise los estudios de opinión de la época puede constatar que la mayoría de la gente que votó por Chávez no se identificaba con la izquierda. Pero, además, ¿qué cosa era la izquierda? Porque lo cierto es que, definitivamente, no hay una izquierda, sino muchas. No lo tenía claro el movimiento, que reunía en su seno distintas expresiones de la izquierda, desde la más tradicional hasta la más radical, pero también a gente de la derecha. No lo tenía claro la gente, y tampoco Chávez, que incluso coqueteó durante breve tiempo con la “tercera vía”, como seguramente recordaremos.

Pero sucede que, en 2006, la mayoría de la gente que vota por Chávez se autodefine de izquierdas. ¿Qué significaba entonces ser de izquierdas? No es una pregunta cualquiera. Por simple deducción lógica podemos concluir que no significaba lo mismo que a comienzos del gobierno de Chávez, y mucho menos lo que significaba a mediados de la década de los 90, cuando el mismo Chávez entablaba aquella polémica con el liderazgo político de la izquierda tradicional. Habiendo superado ya varias pruebas de fuego, se había producido una suerte de decantación ideológica, programática, que no dejaba de expresarse en la gramática política, y por supuesto en la acción de gobierno. 

Hablando de gramática política, cuando en 2004 Chávez comienza a hablar de socialismo, lo hace planteando expresamente la necesidad de revisar e ir más allá de la vieja cultura política de izquierdas. En el fondo, no hacía más que reiterar, en otros términos y en circunstancias históricas muy distintas, con un acumulado político inestimable, lo que ya había planteado a mediados de los años 90.

Chávez no se deslinda de la izquierda, la izquierda se resignifica con Chávez y el chavismo, se cualifica, se hace más potente, más nacional y popular, intentando consolidar una nueva cultura política, una forma distinta de concebir el ejercicio de la política, más radicalmente democrática. 

Con la ventaja que implica hacer cualquier lectura retrospectiva, hoy puede evaluarse qué tan lejos llegaron Chávez y el chavismo, o qué tan lejos llegamos, en este intento de refundar el ejercicio de la política revolucionaria. Podemos señalar, aquí y allá, dónde hubo avances más lentos, retrocesos incluso; cuánto siguió pesando la vieja cultura política, no solo de la izquierda más tradicional, sino incluso de la adeca; podemos y debemos identificar cuáles siguen siendo los problemas irresueltos.

Pero lo que no puede desconocerse es que la tentativa de construir hegemonía democrática y popular, eso que Chávez llamaba el socialismo venezolano, bolivariano, del siglo XXI, fue apuntalado, en buena medida, por un liderazgo de izquierda revolucionaria, que logró aglutinar en torno suyo a las mayorías populares.

Por todo lo anterior, hay que ser extremadamente cautos, diría incluso que muy escrupulosos y manejarse con mucha honestidad política e intelectual, cuando se discute, hoy en día, sobre la izquierda. Más específicamente, percibo una cierta inclinación por distinguir entre izquierda y chavismo, o por erigirse como el “legítimo” representante de aquella o de este último. En los casos más extremos, hay una cierta propensión a identificar a la “izquierda”, así, entre comillas, como una amenaza o algo por el estilo, como el epítome de lo que está extraviado en política.

El asunto, por supuesto, está muy lejos de ser puramente nominal. Aquí no se trata tanto de cómo usted se autodenomine. La historia nos ha brindado unos cuantos ejemplos, y lo seguirá haciendo, lamentablemente, de muchos “legatarios” de Chávez que terminaron en farsa. Aquí de lo que se trata es de a cuál cultura política se tributa: cómo concebimos el ejercicio de la política, cómo procedemos (por ejemplo, cuando se está cerca del “poder” o lejos de él), cómo dirimimos las diferencias, cómo nos relacionamos con la gente, que es quizá lo más importante.

Irónicamente, en muchas de las invectivas contra la “izquierda” pueden identificarse exactamente las mismas prácticas, los mismos malos hábitos, de la izquierda más tradicional: soberbia, autoritarismo, verticalismo, sectarismo, menosprecio por la gente; el convencimiento de que se forma parte de una vanguardia preclara que sí está informada, sí entiende, sí es capaz de ver lo que la mayoría no puede ver, sí sabe lo que hay que decir en el momento correcto y conoce perfectamente cuáles cosas no deben ser discutidas. En suma, la misma cultura política que hizo de la izquierda más tradicional un conjunto de fuerzas sencillamente incapaz de construir hegemonía popular y democrática.

Dejar atrás el pasado y hacer poesía en el presente, decías en tu pregunta, siguiendo a Marx. Me parece que al poeta le hace falta un buen baño de humildad. No olvidar que la poesía popular fue hecha todos estos años, y sigue haciéndose, en buena medida, contra la vieja cultura política de izquierdas. Nos hace falta asumir que si a tanta gente no le gusta la poesía que recitamos hoy, no es tanto porque está hastiada del presente, sino porque sabe, después de Chávez, que no es posible lidiar con el presente repitiendo los mismos errores del pasado.

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Publicado por primera vez en Venezuelanalysis.com.

Supervivencia al desnudo


En algún momento de la cuarentena descubrimos un programa que se llama Supervivencia al desnudo (Naked and Afraid), que transmite Discovery Channel, y comenzamos a verlo en familia, justo antes de dormir.

El programa tiene distintas modalidades, pero entiendo que el formato original consiste en dos personas, casi siempre un hombre y una mujer, desconocidos el uno para el otro, que deciden intentar sobrevivir veintiún días en un paraje remoto, que suele estar ubicado en alguna zona selvática de África o Suramérica, completamente desnudos, sometidos al clima inclemente, al peligro que significan los animales salvajes, los insectos, etc., y al riesgo que implica tener que proveerse de agua y de los alimentos necesarios por cuenta propia. Solo se les permite llevar una herramienta.

Algo que salta a la vista es el hecho de que la inmensa mayoría de los participantes son personas blancas, entre los veinte y los cuarenta. Blancos estadounidenses, específicamente.

Si a ver vamos, cualquiera podría interpretarlo de la manera que sigue: el programa se trata de una pareja de blancos estadounidenses que decide abandonar temporalmente su modo de vida para buscar lo que no se les ha perdido.

Por supuesto, lo encuentran: son muchos los participantes que no logran completar un desafío que, necesario es reconocerlo, es sumamente exigente, tanto física como mentalmente, y todos, incluidos quienes lo logran, deben pagar un alto precio.

Naturalmente, uno abriga la esperanza de que al menos uno de los participantes complete los veintiún días, sobre todo cuanto se trata de una persona que demuestra comprender que superar semejante prueba pasa necesariamente por cuidar de su pareja de aventuras. En cambio, en el caso de los fanfarrones, esos que se la pasan haciendo alarde de sus destrezas, con frecuencia imaginarias, uno espera que se queden en el camino, lo que casi siempre ocurre. Dígame aquellos que dicen cosas del tipo: “Algunos de mis más lejanos antepasados fueron nativoamericanos”, como si tal circunstancia los hiciera, automáticamente, más aptos.

Es curioso, pero el programa parece estar concebido de manera tal que uno sienta animadversión por quienes se lamentan por el hambre, porque no pudieron dormir o porque extrañan a sus seres queridos. Es como un patrón: en el caso de quienes manifiestan en algún punto, por ejemplo, que extrañan a sus hijos o hijas, solo es cuestión de tiempo para que abandonen el desafío. Estos serían, para decirlo a la manera estadounidense, los “perdedores”. En cambio, los “ganadores” difícilmente muestran algún signo de debilidad, a pesar de todo.

En la modalidad “extrema”, más entretenida aún, participan doce personas, divididas en grupos de tres. La apuesta es más alta: deben sobrevivir cuarenta días. Eventualmente, los grupos deben desplazase por el territorio y encontrarse con el resto. Es decir, en algún punto el grupo se hace más grande, lo que puede facilitar, pero también hacer más difícil la convivencia. Siempre hay drama: disputas por el liderazgo, rivalidades entre grupos, incluso gente que es execrada y debe retirarse del desafío.

Súmele a lo anterior las sucesivas imágenes de serpientes, alacranes, arañas, leones, hienas, elefantes, cocodrilos, pirañas, hormigas, que nos recuerdan permanentemente que, como suelen repetir los participantes, no se trata de un “juego”, sino de un asunto muy serio.

En fin, creo que es justo reconocer que existen programas protagonizados casi exclusivamente por blancos estadounidenses que pueden resultar muy entretenidos. En casa nos divertimos mucho.

En cambio, ¿se imaginan un programa de africanos sobreviviendo en África, o de suramericanos sobreviviendo en Suramérica, o de personas de origen africano o suramericano, incluso de blancos estadounidenses, sobreviviendo en Estados Unidos? No sería lo mismo.

Cuando todo colapsa


Desconozco cuál habrá sido la recepción en Francia de la miniserie El colapso (L’effondrement, 2019). Sus ocho capítulos, de unos veinte minutos cada uno, pueden verse de un solo tirón, siempre y cuando se disponga de Internet, por supuesto. En casa pudimos verla hace un mes. Hoy no podríamos hacerlo.

El escenario elegido para el primer capítulo es un supermercado. El primer signo del colapso inminente es un bajón de luz, que deja el lugar a oscuras. Nadie reacciona con temor o desespero, lo que sugiere que se trata de una situación que puede haber ocurrido previamente. Las personas parecen confiar en que el problema se resolverá rápidamente. En efecto, a los pocos segundos se restablece el servicio y todo transcurre en aparente normalidad.

Todavía en la caja, y luego mientras camina por los pasillos del supermercado, varias personas abordan a un joven trabajador y le preguntan por los productos que faltan en los anaqueles. Éste intenta explicarles que hay problemas con la reposición de inventarios. Camina hasta el depósito, al fondo del establecimiento. Allí se topa con un superior, que le pregunta por qué no está en su lugar de trabajo. El joven simula que fue a buscar alguna mercancía para reponerla en las estanterías. El superior le replica que, en vista de la escasez, la orden es reponer a cuenta gotas y remarcar los precios de los productos.

El segundo capítulo transcurre en una estación de servicio. La gasolina es muy escasa y hay una larga cola de gente, ahora sí, visiblemente molesta, esperando su turno. El dinero ya no tiene el valor de antes: quienes administran la gasolinera solo reciben alimentos, a cambio de una pequeña cantidad de combustible. Si no hay alimentos, no hay gasolina. Los términos del intercambio son evidentemente injustos y arbitrarios, y los impone quien tiene a su disposición el bien escaso. Un funcionario policial llega al lugar. Es la autoridad, está armado, y exige que se le despache toda la gasolina que necesita. Muy pronto se desatará el caos.

Si el primer capítulo gira alrededor del joven trabajador precario, y el segundo en torno a una familia pequeño burguesa, el tercero trata de la manera como un hombre, blanco, en sus cincuenta, perteneciente a la burguesía, utiliza los medios a su disposición, incluida la violencia, para mantenerse a buen resguardo.

Algunos de los capítulos siguientes nos reservan algunas escenas memorables, por cuanto retratan con elaborada crudeza las miserias y grandezas de las personas sometidas a situaciones límite.

El capítulo final nos aporta algunas pistas de las causas que habrían originado el colapso, pero no nos muestra la circunstancia específica que lo desencadena. Tal vez, simplemente, porque no puede tratarse de una sola circunstancia, sino de una concatenación de hechos y omisiones que conducirían al desenlace fatal. Quizá porque el tiempo y las circunstancias que transcurren entre las incidencias del último capítulo y las del primero, constituyen un misterio que le corresponde resolver al público espectador.

Cabe al menos una tercera posibilidad: el colapso ya inició, y realmente no vale la pena mostrar las circunstancias que lo desencadenaron porque, a fin de cuentas, cuando fueron más que evidentes, la mayoría de la gente, sobre todo la que vive en el Norte global, prefirió mirar a otra parte y actuar como si nada pasara.

Una política alegre


Más allá del shock que produce la guerra total contra la nación, y del hecho innegable de que la mayoría de la población no tiene más opción que concentrarse en la resolución cotidiana de la materialidad, hay otras razones que explican el creciente y peligroso desinterés por los asuntos políticos.

Una de ellas es la indignación campante, que determina el ánimo de parte considerable de quienes, de una forma u otra, intervienen en el debate público, expresión esta última que raya en el eufemismo, a juzgar por la virulencia de algunas polémicas.

Hay gente que vive indignada, cuya vida transcurre como si no fuera posible vivirla sin indignación. Es gente que ha llegado al punto de considerar la indignación como un derecho irrenunciable, incluso por encima del mismo derecho a la vida. Peor aún, que se cree ya no con el derecho, sino en la obligación de señalar a los que han traicionado: a unos porque, dicen otros, hacen alarde de resistirlo todo, pero han terminado por aceptar cualquier cosa; a otros porque, dicen unos, ya no resisten, y no les viene en gana aceptar nada.

Quiénes son traidores a quiénes y quiénes son leales a qué ideales, importa poco. Lo importante, tal parece, es que hay traidores por todas partes, lo que justificaría la indignación generalizada. Cualquiera puede ser lo mismo leal que traidor y, por más insólito que parezca, puede incluso ser ambas cosas al mismo tiempo. Todo depende del cristal con el que se mire.

¿A quién conviene este terrible juego de espejos? ¿A quién beneficia la clausura de la política que supone esta entronización de la moralina, justo cuando el tiempo histórico más nos exige política con pe mayúscula?

A estas alturas, difícilmente pueda encontrarse a persona sensata que no haya preferido abstenerse, en algún momento, de sentar posición sobre tal o cual asunto, para mantenerse a buen resguardo de la iracundia. En ocasiones, el silencio no es autocensura, sino el recurso que se tiene a la mano para censurar a los vociferantes.

Si miraran más allá de sus narices se darían cuenta de que ya hemos tenido suficiente de su pretendida superioridad moral.

La política no puede ser un torneo de bajas pasiones. Ejercer el liderazgo pasa por asumir la responsabilidad de hacer cuanto sea necesario para que prevalezca la unidad. De igual forma, carece de cualquier sentido hacer llamados a la unidad denostando del liderazgo.

La indignación, que no debe confundirse con la legítima rabia, es una pasión triste, diría Spinoza. Una pasión que disminuye nuestra potencia de actuar. En lugar de reivindicar la “alegría” de los que aún resisten frente a la “tristeza” de los que han sucumbido, o la “tristeza” por los que han traicionado y la “alegría” por los que sí se han mantenido fieles a sus principios, lo que hace falta es una política alegre, deslastrada de tanta indignación, soberbia y paranoia.

¿Esto supone abandonar los principios en favor de una unidad ilusoria? En lo absoluto. Supone, por ejemplo, no olvidar que cuando lo más supremacista del antichavismo, presumiendo de una supuesta superioridad que era realmente impotencia, hizo suyo insistir en que el chavismo no tenía cabida en la sociedad venezolana, por considerarlo una excrecencia, un accidente histórico, un motivo de vergüenza, una peste que había que erradicar, respondimos construyendo una sociedad más democrática e igualitaria, en la que nadie sobraba, en la que cada persona importaba.

De allí venimos y hacia allá debemos ir. De lo contrario, ¿hacia dónde vamos?

Comenzar de nuevo


Foto: Sandra Iturriza

A mi padre, a los setenta y cinco años de su nacimiento

¿Hasta cuándo podremos tolerar esto? – preguntó M en la cocina, quizá intentando encontrar el eco que no había conseguido en la mesa. Mientras desayunábamos, había estado comentando sobre lo difícil que resultaría la cuarentena para muchas familias, en especial para aquellas que no podían asegurar las tres comidas diarias. Nuestra respuesta había sido el silencio. Ciertamente, no un silencio cómplice, como el de quienes solo tienen ojos para mirar sus propios platos. Más bien un silencio doloroso, apesadumbrado, pero silencio al fin.

El silencio nos persiguió hasta la cocina. No hubo comentario alguno, como si aquella pregunta fuera la hija huérfana de respuestas que hace tiempo habían iniciado un viaje sin retorno. Sin embargo, un pensamiento me atravesó la cabeza: Lo que sí es seguro, es que esta situación resulta más tolerable para nosotros, al menos más tolerable que para muchos otros.

Recordé entonces aquella conversación con la mayor de mis hijas, en 2016, cuando por primera vez en mucho tiempo, al punto que no puedo recordar cuándo fue la última vez, algunos alimentos comenzaron a faltar en casa. Esta situación se parece mucho a la que ya vivimos en la década de los noventa – le comenté. No tienes por qué preocuparte por nosotros. De alguna manera lograremos salir adelante. Ya lo verás. Te acordarás de estas palabras. En cambio, muchos no podrán hacerlo. Son los que hoy, como ayer, vuelven a sobrevivir, y como ayer, en algún punto, ya no podrán hacerlo. Creer que esas vidas no tienen por qué importarnos, y creer que solo importa lo que hagamos con nuestras vidas: esa sería la peor de nuestras derrotas. Eso significaría que, después de todo lo vivido, por lo que hemos luchado todos estos años, no ha servido de nada.

Como suele suceder en estas circunstancias, aquel recuerdo me condujo a otros recuerdos, y en cuestión de segundos, sin poder advertirlo y sin querer evitarlo, volví sobre mis pasos en los tempranos años noventa, cuando incursioné en la militancia revolucionaria.

Ahora mismo pienso en aquellos años sin atisbo de nostalgia. Al contrario, me reconforta saber que, de alguna forma, sigo siendo aquel muchacho de dieciocho. A mis cuarenta y seis, ya no lucho por cambiar un mundo que apenas conozco, como cuando me iniciaba en la vida adulta. He tenido oportunidad de conocerlo bien. Y mientras mejor lo conozco, más ganas tengo de cambiarlo. Me considero un hombre afortunado: no le tengo miedo a comenzar de nuevo, si fuera necesario.

Hoy me descubro llevando una vida muy similar a la que nos procuraron mis padres. Aunque, una vez formé mi propia familia, tuve que mudarme muchas veces, he vivido siempre en los mismos lugares: zonas residenciales de clase media trabajadora, a la que conozco muy bien, casi podría decir que como la palma de mi mano. Sin lujo alguno, más bien con frecuencia en el límite de la pobreza. Al principio, es posible, porque no nos quedaba otra opción. Pero de un tiempo a esta parte, así lo asumimos, por simple elección. Esto es lo que somos.

No somos mejores ni peores que otros. Somos lo que somos con nuestras miserias y grandezas. Y no tenemos intención de aparentar algo que no somos. Dudo mucho que la vejez nos dé por hacerlo. Creo que moriremos como vivieron o siguen viviendo nuestros padres y como nos enseñaron a vivir. De los lazos que me unen a la mujer con la que vivo, tal vez sea ese uno de los más fuertes.

A mis dieciocho apenas conocía el mundo que quería cambiar. Sabía, por supuesto, o más bien intuía, que algo andaba muy mal, y que nos merecíamos una vida mejor.

Incendiamos la ciudad por los cuatro costados. Estábamos resueltos a cambiarlo todo. Por aquellos años amé por primera vez e hice amigos que siguen estando entre mis amigos más entrañables, aunque ya casi no los frecuente.

Tras una pausa de pocos años que, no obstante, me pareció interminable, llegó el año 1998. Acababa de mudarme de la casa de mis padres y vivíamos en el típico edificio de clase media empobrecida, en la ciudad de Los Teques, en un modesto apartamento. La política era un tema prácticamente vedado en las conversaciones cotidianas con nuestros vecinos. Pero muy pronto, y debo admitir que para nuestra sorpresa, descubrimos que el anhelo de cambio era algo compartido por la inmensa mayoría de quienes nos rodeaban.

La celebración popular de la noche del 6 de diciembre de 1998 es algo que no podré olvidar jamás. Aquella alegría tan genuina, casi podría decirse que tan furiosa, estaba hecha de una materia que la volvía perdurable, eterna, resistente a futuras frustraciones y derrotas. Fue como si exorcizáramos colectivamente la tristeza. Con todo, el hallazgo más sorprendente estaba por venir.

Ocurrió en 2002. Entonces, y solo entonces realmente, descubrí al pueblo venezolano. Ese mismo pueblo por el que había estado luchado la década anterior. Comprendí, finalmente, que había luchado por el pueblo en abstracto, como suelen ser abstractos los ideales de un joven. Había luchado por un pueblo al que había sido incapaz de ver, aunque me cruzara con él incontables veces. Aquel año conocí el rostro del pueblo venezolano, y desde entonces comprendí que era correcto ser lo que era, no renegar de lo que era, pero que era parte de algo más grande. Descubrí, además, que estaba en el lugar donde debía estar.

Más tarde comprendí, también, que si en los noventa no había podido conocer al ser colectivo del que formo parte, fue porque parte importante de eso que hoy somos permanecía invisible. Porque es muy difícil reconocer a un pueblo que no ha terminado de reconocerse a sí mismo, de afirmarse en la lucha por cambiar su mundo y, más allá, el mundo todo.

Y pienso que tal vez algo de eso sea lo que nos está ocurriendo hoy, y puede que por tal motivo nos resulte tan sencillo, y tan intolerable al mismo tiempo, volver sobre 2016, y sobre los años noventa. Porque hoy no estamos todos los que somos. Una parte pareciera haber desaparecido de nuevo. Hay una parte de nosotros que ha vuelto a ser invisible. Y nos perturba pensar en lo intolerable que puede resultar para una parte de eso que somos, ser invisibles una vez más. Y está bien que la sola idea nos resulte intolerable a nosotros mismos. No podría ser de otro modo.

De otra manera, estaríamos resignándonos a vivir una vida mutilada, incompleta, como tiene que ser la penosa vida de quienes solo tienen ojos para los platos que hay sobre su mesa. Eso sería traicionar lo que somos, lo que hemos sido.

Hoy no estamos todos los que somos, y no asumirlo así sería engañarnos a nosotros mismos. Mal podríamos vernos al espejo si no somos capaces de ver que falta una parte, hoy invisible nuevamente. Estamos incompletos.

Hay que comenzar de nuevo. Pero, contrario a lo que podría pensarse, la certeza de que tenemos que hacerlo no puede ser considerada una derrota. Todo lo contrario. Entre otras cosas, porque nadie nos podrá arrebatar la alegría de saber que no vamos a comenzar de cero.

Cuarentena (XV): Gasolina y subsidio directo universal


Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos

Subsidios directos

Al cierre del artículo anterior dejaba en el aire las siguientes preguntas: ¿el nuevo esquema de distribución de los combustibles, vigente a partir del 1 de junio, prevé la eliminación de la venta de gasolina a precio subsidiado en las estaciones de servicio, previa adoptación de la modalidad de subsidio directo a los usuarios y usuarias? En tal sentido, ¿se seguirá el ejemplo de Irán? (1)

Respecto de la primera interrogante, el mismo presidente Maduro dejó entrever en su alocución del sábado 30 de mayo que lo que iniciaría dos días después sería una fase de “normalización” en el suministro de combustibles, que se extendería por tres meses, y que el objetivo era que “todos los vehículos automotores, carros, camiones, motos del país, estén en el Sistema Patria, y podamos ir a un subsidio directo al consumidor, al usuario”.

Adicionalmente, el presidente defendió la decisión de subsidiar el 100 por ciento del combustible para el transporte público “para no afectar en nada el pasaje del trabajador”, pero explicó que el objetivo era lograr, en el transcurso de noventa días, una “fórmula justa en el transporte público, porque creo que lo justo sería el subsidio al usuario del transporte público, directo, a través del Carnet de la Patria”.

El lunes 1 de junio, mientras ofrecía balance público de la implementación del nuevo esquema, insistió en el primer punto: “Todo el mundo debe estar inscrito en el Sistema Patria, porque llegará el momento en que a través del Sistema Patria les daré a ustedes el subsidio directo”.

De manera que todo indica que en septiembre, tras culminar la fase de “normalización” en el suministro, entrará en vigencia la modalidad de subsidio directo tanto para los usuarios y usuarias del servicio de expendio de combustibles, como para los del transporte público.

Pero, ¿cómo se implementarán estos subsidios directos? ¿Quiénes resultarán elegibles para recibirlos? ¿Qué monto recibirán? ¿Con qué periodicidad? ¿De acuerdo a qué criterios se determinará el monto de los subsidios directos?

Conocer la experiencia iraní puede permitirnos vislumbrar algunos escenarios.

La experiencia iraní

El documento que he utilizado como base para dar cuenta de la experiencia iraní fue publicado en julio de 2011 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se intitula: “Irán. Las Crónicas de la Reforma de Subsidio” (Iran. The Chronicles of the Subsidy Reform) (2). Salvo indicación contraria, toda la información que sigue está extraída de estas “Crónicas”.

Como su título lo indica, el documento es una crónica de la implementación de la Reforma de Subsidios Directos (Targeted Subsidies Reform) en Irán, vigente a partir del 19 de diciembre de 2010. Fue elaborado por Dominique Guillaume, Roman Zytek y Mohammad Reza Farzin, este último viceministro de Economía y Finanzas del Gobierno iraní.

Un dato curioso, que vale la pena mencionar, es que las pocas notas publicadas en Venezuela sobre el asunto, sin excepción, abrevan directamente de este documento, aunque casi ninguno lo referencie expresamente.

Antes de iniciar, y aunque resulte muy obvio, no está de más subrayar que la situación de la República Islámica de Irán en 2010, específicamente la económica, era muy distinta de la situación venezolana una década después.

Algunos pocos indicadores nos pueden permitir tener una idea muy aproximada del contraste entre una situación y otra. Así, por ejemplo, en los años precedentes a la reforma, específicamente en el período comprendido entre 2005 y 2009, la economía iraní creció un promedio de 5,6 por ciento anual (3). En 2010, el salario mínimo promedio ascendía a 303,5 dólares (4). En diciembre de 2010, la inflación anualizada fue calculada en 12,8 por ciento. Venezuela, por su parte, acumuló un crecimiento negativo de -62,4 por ciento en el período 2014-2018. A mediados de junio de 2020 el salario mínimo es el equivalente a 2 dólares. En mayo de 2020 la inflación fue de 38,6 por ciento, con un acumulado del 295,9 por ciento durante el año.

Con todo y que la implementación de la Reforma de Subsidios Directos de 2010 en Irán tuvo lugar en condiciones económicas significativamente más favorables, eso no desdice, en lo absoluto, de su enorme valor histórico referencial, como podremos ver a continuación.

Objetivo de la Ley de Reforma

Para comenzar, es muy importante precisar que lo que ocurrió en Irán fue una reforma de los precios de la energía. Es decir, no solo aumentó el precio de todos los combustibles (gasolina, diesel, kerosene, gas licuado de petrolero, etc.), sino también de la electricidad, el agua y el gas doméstico.

La base jurídica de la reforma de los precios de la energía fue la Ley de Reforma de Subsidio Directo (Targeted Subsidy Reforme Act), aprobada por el parlamento el 5 de enero de 2010. Fue concebida para aplicarse en cinco años, coincidiendo con el Quinto Plan Quinquenal 2010-2015 (Fifth Five Year Economic, Social and Cultural Development Plan).

La Ley de Reforma estipuló que todos los precios serían incrementados gradualmente. En el caso de los combustibles, hasta lograr el objetivo de establecer precios equivalentes a no menos del 90 por ciento de los precios del Golfo Pérsico. El precio del gas doméstico sería incrementado hasta llegar a un precio que no podía ser menor al 75 por ciento del precio promedio de exportación. En cuanto al agua y la electricidad, el precio sería incrementado hasta cubrir el costo de producción.

En 2008, el precio internacional de la gasolina rondaba los 2 dólares el litro. En Irán se pagaba a una tasa equivalente a 0,1 dólares el litro desde 2007, cuando fue establecido un sistema de racionamiento: desde entonces, cada usuario o usuaria podía consumir hasta 120 litros de gasolina al mes. Superada esa cuota, tenía que pagarla a precio de “mercado libre”, equivalente a 0,40 dólares por litro. Posteriormente la cuota fue reducida a 60 litros por mes por vehículo. El objetivo expreso del racionamiento fue reducir tanto la excesiva demanda, estimulada por el bajo precio, como el contrabando a países vecinos. El país estaba importando crecientes cantidades de gasolina para poder abastecer su mercado interno.

El objetivo principal de la Ley de Reforma era racionalizar el consumo. Compensando a los hogares por el aumento de los precios de la energía, se desestimularía el consumo excesivo de gasolina, mientras que la compensación en dinero permitiría a la población comprar o pagar una mayor cantidad de bienes esenciales y servicios.

Dos datos decisivos: por una parte, según estimaciones oficiales, la implementación de la Reforma de Subsidios Directos permitiría obtener un ahorro de entre 50 mil y 60 mil millones de dólares anuales; por otra parte, y según la Ley de Reforma, el 50 por ciento de esos recursos estarían dirigidos a la población, fundamentalmente a través de subsidios directos, pero también bajo la forma de fortalecimiento de planes sociales (salud, vivienda, empleo, etc.). Otro 30 por ciento se destinaría al sector privado y el restante 20 por ciento al sector público.

El sujeto de la Ley de Reforma

El Gobierno iraní tuvo claro desde el principio que el incremento de los precios de la energía resultaría inaceptable para la población a menos que estuviera acompañado de la compensación adecuada. Asumió como un hecho histórico indiscutible que la eliminación de subsidios a bienes y servicios básicos y esenciales se traduce en el deterioro del ingreso real, que afecta fundamental y desproporcionadamente a los hogares más pobres.

En razón de lo anterior, las autoridades hicieron mucho énfasis en que el objetivo no era eliminar los subsidios, sino subsidiar directamente a los hogares. Argumentaron que la energía barata beneficiaba principalmente a las clases privilegiadas, que además la consumían en exceso. La implementación de la Ley de Reforma beneficiaría a los hogares más pobres, que comenzarían a recibir un pago en efectivo que mejoraría sus condiciones de vida.

Como mínimo, el subsidio directo habría tenido que permitir a los hogares más pobres compensar la pérdida de utilidad debido a la reducción del consumo de energía una vez que hubieran aumentado los precios, con un mayor consumo de otros bienes y servicios. Pero el Gobierno iraní logró definir un monto que evitara la pérdida de utilidad de los hogares, permitiéndoles no solo consumir más bienes y servicios, sino incrementar el uso de energía.

La circunstancia decisiva de que el monto del subsidio directo dependiera, tal y como lo contemplara la Ley de Reforma, de los recursos obtenidos a partir del incremento de los precios, contribuyó a la aceptación social de la iniciativa.

Tarifas

Luego de revisar más de doscientos escenarios, las autoridades decidieron adoptar un sistema multi-precios, para moderar el impacto de la reforma, principalmente en los hogares más pobres, y promover el uso racional de energía. Múltiples variables fueron consideradas: el incremento de los precios tendría que ser suficiente para reducir la demanda excesiva, pero también había que tomar en cuenta, por ejemplo, los problemas de acceso en algunas regiones del país al gas doméstico utilizado para la calefacción, el servicio más consumido por los hogares más pobres, y que representaba el mayor gasto relacionado con la energía.

Las tarifas de la electricidad, el agua y el gas doméstico fueron establecidas previendo montos escalonados: a menor consumo, menor costo, y una vez superado un determinado nivel de consumo, precios más altos. Así, por ejemplo, el costo de 100 kWh de electricidad fue establecido en un precio de 270 riales (0,027 dólares). En exceso de 600 kWh, el usuario o la usuaria pagaría 2100 riales (0,21 dólares). A su vez, los usuarios y usuarias en climas más calientes podían ser elegibles para obtener descuentos. Las tarifas fueron diferenciadas por región del país: se establecieron precios más bajos en las regiones más calientes, con relativamente alta demanda de aire acondicionado. Igualmente, las tarifas del agua y del gas natural fueron diferenciadas por región. Por ejemplo, en las regiones con problemas de acceso al gas doméstico, los precios de la calefacción fueron permanentemente monitoreados y regulados.

En cuanto a la gasolina, y como recordaremos, el sistema multi-precios estaba vigente desde 2007. A partir de la implementación de la Ley de Reforma, el precio del litro de gasolina fue incrementado de mil riales (0,1 dólares) a 4 mil riales (0,4 dólares), con una cuota de 60 litros por mes por vehículo, y la gasolina a precio de “mercado libre” pasó de 4 mil riales a 7 mil riales (0,70 dólares). Adicionalmente, durante los primeros meses, a los usuarios y usuarias se les permitió consumir su cuota disponible de 60 litros de gasolina al viejo precio de mil riales.

Elegibilidad

Si bien la Ley de Reforma estipulaba que el 50 por ciento de los ingresos estarían dirigidos a los hogares del país, considerando su nivel de ingreso, no ofrecía mayores detalles. Inicialmente, las autoridades estaban inclinadas por otorgar el subsidio directo a los hogares más pobres. Pero pronto resultó claro que sería muy difícil definir administrativamente cuáles hogares podían resultar elegibles y cuáles no.

Finalmente, las autoridades decidieron que toda la población podía aplicar para recibir el subsidio directo, al tiempo que hicieron un llamado a los hogares más ricos para que se abstuvieran de hacerlo.

El proceso de aplicación para optar por el subsidio directo fue simple y las reglas establecidas bastante indulgentes. Básicamente, solo se necesitaba aplicar para recibir el subsidio directo. No hubo mayores verificaciones. Las autoridades reportaron una tasa de aprobación excepcionalmente alta del 98 por ciento de los aplicantes.

Para el momento de implementación de la Ley de Reforma, más de 61 millones de personas recibieron el subsidio directo, lo que representaba el 80 por ciento de la población de Irán, de 75 millones de personas. A cada iraní le fueron asignados 800 mil riales, pagaderos cada dos meses, es decir, un monto equivalente a 40 dólares mensuales, multiplicados hasta por seis integrantes del hogar. Más aún, las autoridades dejaron claro que aquellas personas que todavía no habían aplicado, seguían siendo elegibles para hacerlo, recibiendo el subsidio directo de manera retroactiva. Así, en mayo de 2011, más de 70 millones de iraníes se habían registrado para recibir el subsidio directo.

Los iraníes en el extranjero no eran elegibles para aplicar por el subsidio directo, pero podían hacerlo una vez retornaran a Irán.

De vuelta a Venezuela

Si algo podemos aprender de la experiencia iraní es que cualquier medida dirigida a la “sinceración” de precios, mediante la eliminación de subsidios, inevitablemente suscitará el rechazo popular.

Se puede apelar a un sinfín de argumentos morales para condenar la reacción popular, y de hecho eso es lo que suelen hacer los gobernantes antipopulares. Pero la condena moral no hace sino escamotear la verdadera razón por la cual la población rechaza medidas de tal naturaleza: ellas suponen el deterioro, con frecuencia muy significativo, de sus condiciones materiales de existencia, lo que suele expresarse, por ejemplo, en la pérdida del ingreso real.

A la espera de la gasolina. Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos

En Venezuela, donde la inmensa mayoría de la población ha visto severamente afectadas sus condiciones materiales de existencia en años recientes, es sencillamente inviable proceder a la tal “sinceración” de precios de los bienes y servicios, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que la clase trabajadora sobrevive por debajo del umbral que supone el límite mínimo del valor de su fuerza de trabajo, determinado por el valor de los artículos de primera necesidad (5).

En tal sentido, no solo es correcto, sino sobre todo justo y legítimo, proceder al incremento de los precios del combustible, previendo la implementación, en el corto plazo, de un subsidio directo para el pueblo venezolano.

En relación con los precios de los combustibles, específicamente, resultaba muy claro, al punto de no estar siquiera en discusión, que era necesario incrementarlos a un punto que permitiera racionalizar el consumo, evitar el contrabando de extracción y ahorrarle a la nación venezolana una cuantiosa cantidad de recursos. Sin duda, continuar regalando la gasolina beneficiaba fundamentalmente a los más privilegiados, incluidos corruptos y contrabandistas, y perjudicaba enormemente a la mayoría de la población.

Por supuesto que el incremento de los precios de los combustibles, por sí solo, no resuelve el principal problema de todos: cómo evitar el empeoramiento de las condiciones materiales de existencia de la población. Sin garantías de que el incremento no repercutirá en la pérdida del ingreso real de la clase trabajadora, éste puede significar, simplemente, la drástica reducción del mercado de combustibles, expulsando de facto a las mayorías o, dicho de otra manera, restringiendo su acceso al servicio, reservándolo para una minoría privilegiada que podría pagar, sin problema alguno, los nuevos precios, e incluso precios más altos que los establecidos oficialmente.

Esto es lo que, en teoría, vendría a resolver el subsidio directo anunciado por el presidente Maduro, y de allí su importancia.

Siguiendo con el ejemplo iraní, los recursos destinados a pagar este subsidio directo a la población tendrían que provenir de los recursos ahorrados como consecuencia del incremento de los precios de los combustibles. Y aquí llegamos a un punto clave de la cuestión.

El pueblo venezolano tiene que saber, y las autoridades están obligadas a suministrar esa información, a cuánto asciende el monto del ahorro. Al respecto, hay múltiples versiones, prácticamente una distinta según el vocero del que se trate. En agosto de 2018, el mismo presidente Maduro informaba públicamente que Venezuela dejaba de percibir anualmente alrededor de 18 mil millones de dólares anuales como consecuencia de los bajos precios de los combustibles, así como por el contrabando de extracción (6). Según el documento “Propuesta de reestructuración Petróleos de Venezuela S.A.”, fechado en marzo de 2020, y que habría sido elaborado por la Dirección Ejecutiva de Planificación de PDVSA para la consideración de la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque”, las pérdidas anuales por el subsidio a la gasolina ascienden a 11 mil millones de dólares (7). Más recientemente, en mayo de 2020, el economista Rafael Quiroz estimaba las pérdidas anuales en alrededor de 25 mil millones de dólares (8).

De nuevo, es fundamental conocer la cuantía de los recursos que podrá ahorrarse la nación a partir del incremento de los precios de los combustibles. Pero además, es muy importante saber qué porcentaje de esos recursos se destinará directamente a la población. Supongamos un ahorro de 10 mil millones de dólares anuales, por supuesto una cifra arbitraria, en ausencia de información oficial. Tomando como referencia la experiencia iraní, eso se traduciría en un fondo de 5 mil millones de dólares que estarían dirigidos a toda la población venezolana. Otros 3 mil millones irían al sector privado y 2 mil millones al sector público.

Naturalmente, estos porcentajes podrían variar ligeramente. La experiencia iraní es una invaluable referencia histórica, no una camisa de fuerza. En tal caso, la definición del porcentaje destinado a subsidiar directamente a la población pasaría, necesariamente, por calcular un subsidio directo que permita a los hogares venezolanos elevar sus ingresos. En otras palabras, el subsidio directo tendría que permitirles adquirir y pagar más bienes esenciales y servicios, e incrementar, incluso, el uso de energía. De la misma forma, perfectamente puede decidirse que el sector público, y específicamente la industria petrolera nacional, reciba una mayor cantidad de recursos que el sector privado.

Privatizaciones

Respecto del sector privado, cabe una muy importante precisión: múltiples señales sugieren la intención del Gobierno venezolano de favorecer el incremento de la participación de capital privado en la prestación de servicios esenciales, comenzando por el mismo mercado de combustibles, para también en electricidad, agua potable y gas doméstico. En algunos casos no se trata ya de señales, sino de hechos muy concretos. Quizá sea el servicio de gas doméstico el que más se ha visto afectado por este influjo privatizador. En todo caso, lo realmente importante es que la privatización del servicio no se ha traducido, en lo absoluto, en una mejoría de la prestación del servicio con la correspondiente garantía de acceso para las mayorías populares.

El caso del servicio de gas doméstico, en general poco conocido y menos estudiado, pero sí muy padecido por la población, es un buen ejemplo de que la mayor participación del sector privado no se traduce en mayor bienestar para los hogares venezolanos, un porcentaje de los cuales, muy por el contrario, es expulsado del mercado por la vía de hecho.

Más ilustrativo aún que el caso del servicio de gas doméstico, y de hecho el más emblemático de todos, es el mercado de artículos de primera necesidad: la progresiva retirada del Estado, contrarrestada parcialmente por la existencia de los CLAP, significó la virtual expulsión de parte importante de la población venezolana. Los productos están disponibles en las estanterías, ciertamente, pero muchos de ellos a precios sencillamente inaccesibles para la mayoría.

Muy al contrario de lo que parece ser una idea que ha ganado mucho terreno entre las autoridades gubernamentales, e incluso en una parte de la población (9), los problemas de la gestión pública de los servicios esenciales no se resuelven transfiriendo la gestión al capital privado, sino haciendo lo necesario para mejorar la gestión pública, que es la única que puede garantizar realmente el acceso universal.

Con mucha frecuencia se apela al recurso retórico del “pragmatismo” para justificar la privatización, que se vende como simplemente inevitable. Pero como diría un amigo con el que conversaba recientemente sobre estos asuntos, quizá no haya nada menos pragmático que la privatización.

De nuevo, un estudio detenido de lo que ha sucedido con la privatización progresiva del servicio de gas doméstico resultaría suficiente para concluir que no es recomendable, bajo ninguna circunstancia, intentar algo similar con servicios públicos como la electricidad o el agua potable. Insisto, guardando las debidas distancias, la experiencia iraní aporta pistas muy valiosas sobre lo que podría hacerse.

En cuanto al mercado doméstico de combustibles, nada permite suponer que sea realmente necesaria su privatización parcial, que es lo que parece haber sucedido con 200 estaciones de servicio, hasta ahora, aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente que, contraviniendo lo estipulado tanto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como en la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos (10), los operadores de estas estaciones de servicio han dejado de ser expendedores para convertirse en comercializadores. Muy por el contrario, todo indica que el nuevo esquema de precios puede ser perfectamente gestionado por PDVSA, manteniendo la propiedad sobre la totalidad de las estaciones de servicios, como mandan nuestras leyes, con el añadido de que, en tal caso, todo el ahorro derivado del incremento de los precios iría a parar a las arcas públicas, y no una parte a bolsillos privados. Al menos no directamente, porque una parte de esos recursos, tal y como sucedió en el caso de Irán, podría ser destinada al sector privado. Esto sí sería actuar muy pragmáticamente, es decir, poniendo en primer lugar el bolsillo de los hogares venezolanos.

Subsidio directo universal

Tan o más importante que lo anterior, hasta aquí he dado por sentado que el subsidio directo tendrá carácter universal. Es decir, que no lo recibirán exclusivamente los propietarios y propietarias de vehículos registrados en el Sistema Patria, sino todas las personas registradas en él, lo que definiría la medida real de la universalidad, y en tanto que cualquier persona, sin restricción alguna, puede registrarse cuando lo desee. Caso contrario, todo el país continuaría pagando por la gasolina de la minoría propietaria de vehículos, siendo la gasolina una mercancía que produce unas ganancias que pertenecen a toda la población. Lo más lógico sería, en todo caso, que las personas de más altos ingresos se abstuvieran de recibir el subsidio directo.

Además, dando igualmente por sentado la necesidad de incrementar en un futuro próximo las tarifas de los servicios de electricidad y agua potable, al menos hasta su precio de costo, el hecho de que se implemente, desde ya, un subsidio directo de carácter universal, previo cálculo del ahorro que supondría para toda la nación el incremento de las tarifas de estos servicios, contribuiría decisivamente a que la población considere no solo aceptable, sino incluso deseable, tarifas más altas de electricidad y agua potable. En otras palabras, un eventual incremento de las tarifas de estos servicios se traduciría en un aumento del monto del subsidio directo universal. Es lo que todavía podría hacerse respecto del servicio de gas doméstico, revirtiéndose el proceso de privatización: eliminar el subsidio indirecto, elevando las tarifas, previo cálculo del ahorro que esto supondría, y a partir de allí calcular el incremento en el subsidio directo universal a la población.

Por último, la implementación de este subsidio directo universal podría ser uno de los puntos de apoyo para comenzar a redefinir, o para terminar de definir, un plan económico que permita recuperar la productividad de la nación, comenzando por la industria petrolera nacional, y estimular la demanda interna. Muchos ajustes tendrían que hacerse, muchas otras variables tendrían que considerarse. Por ejemplo, las medidas orientadas a eliminar las restricciones para la importación tendrían que revisarse con detenimiento, como en general cualquier otra medida que implique sacrificar los ingresos fiscales del país. Al respecto, nuevamente la experiencia iraní sirve de referencia. Pero asumamos que esa es harina de otro costal, aunque no lo sea. Por ahora, es suficiente.

Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos

Referencias

(1) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario. 5 de junio de 2020.

(2) Dominique Guillaume, Roman Zytek y Mohammad Reza Farzin. Iran. The Chronicles of the Subsidy Reform. Fondo Monetario Internacional. 2011.

(3) Fondo Monetario Internacional. Islamic Republic of Iran: 2009 Article IV Consultation: Staff Report; Staff Supplement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Iran. 23 de marzo de 2010.

(4) Irán. Salario mínimo. Datosmacro.com.

(5) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario.

(6) Gasolina en Venezuela será puesta a precio internacional, pero con subsidio interno. Telesur, 13 de agosto de 2018.

(7) Propuesta de Reestructuración Petróleos de Venezuela S.A. Marzo de 2020.

(8) Gonzalo Domínguez Loeda. Gasolina al fuego, el riesgo de cobrar el combustible en Venezuela. EFE, 28 de mayo de 2020.

(9) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (VII): El intranquilo sueño neoliberal. 23 de enero de 2020.

(10) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario.

Cuarentena (XIV): Gasolina: algunos apuntes sobre un tema incendiario


Foto: Cacica Honta. Colectivo Cacri Photos.

Bajo perfil

De la misma manera que, para construir un relato económico creíble, con un mínimo de eficacia política, es necesario dar cuenta de la totalidad real, sin evadir responsabilidades (1), para saber dónde estamos parados y cuáles son las implicaciones de las políticas puestas en marcha, es necesario conocer los hechos.

En relación con el tema de los combustibles líquidos, con especial énfasis en la gasolina, y a partir del “nuevo esquema” de distribución anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de mayo, un detalle que resulta particularmente curioso es el poco o nulo conocimiento que tenemos sobre un actor decisivo del mercado interno de combustibles, lo que a su vez se relaciona directamente con su notable bajo perfil público: los expendedores de gasolina.

Los expendedores de gasolina son actores privados que están agrupados en Fenegas: Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos. En algunas notas periodísticas aparece mencionada como Federación Nacional de Expendedores de Gasolina. Su actual presidente es Juan Barros.

El 11 de septiembre de 1998, siendo presidente Rafael Caldera, y en plena campaña electoral (Chávez resultaría electo presidente por primera vez menos de tres meses después), fue aprobada una Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores (2).

Tal y como su nombre lo indica, dicha Ley fue creada con el propósito de “regular el proceso de apertura del mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos para uso en vehículos automotores y crear las condiciones para una adecuada participación de la empresa privada en el mismo” (artículo 1). Desde entonces, el sector privado comenzó a participar en las actividades relacionadas con “el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio de dichos productos en territorio nacional, incluida su importación” (artículo 3).

Poniendo orden

La Ley estuvo vigente durante una década, hasta 4 de septiembre de 2008, cuando fue aprobada la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos (3). Antes, como recordaremos, había sido aprobada una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que entró en vigencia el 1 de enero de 2002, y cuya versión más reciente data de mayo de 2006 (4).

Con la entrada en vigencia de la LOH, la actividad de comercialización de la gasolina y otros combustibles quedó reservada exclusivamente al Estado venezolano (artículos 57 y 27). El sector privado podía participar en las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de combustible, actividades todas concebidas como un “servicio público”, siendo absoluta potestad del Estado la fijación de precios, que asumía la responsabilidad de “garantizar el suministro, la eficiencia del servicio y evitar su interrupción” (artículo 60).

No obstante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, en 2008, se reservó “al Estado la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada entre Petróleo de Venezuela S.A., sus filiales y los establecimientos dedicados a su expendio” (artículo 1). Al mismo tiempo, se reservó al Estado “las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustibles líquidos” (artículo 2).

Para el momento en que se aprueba esta Ley, y según informó en su momento el presidente Chávez, de las 1854 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA controlaba alrededor de 600, poco más del 32 por ciento. Es decir, el sector privado tenía una participación en el mercado interno de combustibles superior al 67 por ciento (5).

Un año después, según el Informe de Gestión Anual 2009 de PDVSA (6), de las 1861 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA manejaba directamente 803, mientras que el sector privado, bajo la modalidad de “contrato de suministro”, manejaba 1058, es decir, el 56,85 por ciento del total de estaciones de servicio, recibiendo, por tal concepto, un subsidio directo del Estado.

Más recientemente, según el Informe de Gestión Anual 2016 de PDVSA (7), de las 1803 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA manejaba directamente 1088, y el sector privado 715. En otras palabras, éste último seguía teniendo una participación de casi el 40 por ciento en el mercado interno de combustibles, un porcentaje todavía mayor a la participación de PDVSA en 2008.

Foto: Marcelo Volpe. Colectivo Cacri Photos.

El desorden

Suponiendo que, al día de hoy, la participación del sector privado en el mercado interno de combustibles es similar a la de 2016, y dando por descontado que las 200 estaciones de servicio que hoy expenden gasolina no subsidiada están manejadas por privados, esto quiere decir, por supuesto, que la mayoría de las estaciones de servicio controladas por privados aún están obligadas a expender gasolina subsidiada.

Siendo éste el caso, ¿qué puede impedirnos suponer que al menos una parte de las innumerables privaciones que está sufriendo la ciudadanía para poder abastecerse de gasolina, se relaciona directa e inmediatamente con la presión que estaría ejerciendo el sector privado, o parte de él, para engrosar la lista de estaciones de servicio que no expenden gasolina subsidiada, o para hacerse de una cuota mayor del mercado interno de combustibles?

Conforme a múltiples relatos que circulan por las redes y de boca en boca, la tendencia parece clara: las 200 estaciones de servicio que solo expenden gasolina a “precio internacional” están ofreciendo un mejor servicio, e incluso están mejor abastecidas, que las 1368 estaciones de servicio restantes, un porcentaje de las cuales, no podemos saberlo, ni siquiera están operativas hoy 4 de junio.

Hay otro aspecto, quizá el más importante de todos, que aún no ha quedado del todo claro: ¿los operadores de estas 200 estaciones de servicio han dejado de ser expendedores y han pasado a ser comercializadores?

Al respecto, en su alocución del 30 de mayo, el presidente Maduro se refirió a un “nuevo esquema de participación”, que incluye la posibilidad de que estas 200 estaciones de servicio “vendan libremente” la gasolina. Las mismas estaciones de servicio, “estratégicamente ubicadas en el país”, estarían siendo “gestionadas por empresarios privados que están trayendo su gasolina”.

En efecto, en entrevista concedida a la agencia estadounidense The Associated Press (AP), y publicada el pasado 29 de abril, el empresario Wilmer Ruperti, dueño de Maroil Trading Inc., informó que había comprado 300 mil barriles de combustible, que habían arribado a Venezuela durante la cuarta semana de abril, y que un millón de barriles adicionales estaban en camino. Siempre según AP, el empresario informó que una parte de los recursos para comprar el combustible provenía de PDVSA, y que durante el mes de marzo sus abogados habían notificado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre sus planes de compra, y no había recibido ninguna objeción (8).

Según la agencia Reuters, a comienzos del mismo mes de abril, la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, había propuesto al Gobierno “flexibilizar las restricciones a la importación y venta de la gasolina”. En la misma nota se lee que “una fuente de PDVSA dijo que la estatal desestimó la oferta y prefirió centrar sus esfuerzos en reanudar la producción en su circuito refinador” (9).

No obstante, según nota publicada en Argus el 9 de abril, un integrante de la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” habría comentado que la propuesta “tiene mérito”. Y ofreció mayores detalles: “La propuesta en discusión permitiría a los inversores o empresas privadas venezolanas comprar e importar gasolina y diesel, distribuir el combustible en todo el país y venderlo desde las estaciones de servicio”, que les serían “transferidas” por PDVSA. “El combustible importado se descargaría en las terminales… que se encuentran cerca de sus refinerías… y la distribución de las terminales a las estaciones de servicio sería manejada por los operadores privados, dijeron los miembros de la comisión”. La estatal petrolera “también transferiría docenas de camiones cisterna de combustible… al sector privado para facilitar la distribución… Los miembros de la comisión… que favorecen la propuesta del sector privado afirman que los precios actuales del mercado negro demuestran la voluntad de algunos conductores de pagar lo que sea necesario para llenar sus tanques de manera confiable” (10).

En todo caso, si tal y como ha informado el presidente Maduro, y ha confirmado Ruperti, actores privados están comprando gasolina, y sobre todo si fuera cierto que los operadores de las 200 estaciones de servicio que venden a “precio internacional” han pasado a ser comercializadores, esto permitiría comprender el interés de los gasolineros en “demostrar” que la gestión privada del servicio es mucho más eficiente que su gestión pública.

Y es justo en este punto donde se hace muy evidente que la cuestión va mucho más allá de la diatriba aséptica sobre la buena o mala gestión, por la que tanto se inclinan los tecnócratas y expertos, y comienzan a develarse sus implicaciones políticas. Puesto que se comprenderá que la relación de hechos económicos expuesta hasta aquí, es también una relación de circunstancias políticas. También en este punto se hace casi imposible discernir dónde termina el necesario pragmatismo implicado en las medidas adoptadas y dónde comienza el oportunismo político.

Preguntas

Ciertamente, en un contexto de asedio económico como el que padece la nación venezolana, puede resultar no solo deseable, sino incluso inevitable, una mayor participación del sector privado en el mercado interno de combustibles. Lo anterior, dando por descontado que resultaba sencillamente irracional continuar regalando la gasolina, situación contraria, dicho sea de paso, a la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano.

Al margen, incluso, de cualquier consideración de índole legal, lo que no desdice de su pertinencia, cabe hacerse las siguientes preguntas, entre otras: ¿cuál terminará siendo la participación del sector privado en el mercado interno de combustibles? ¿Acaso puede negarse que el sector privado presionará, puesto que tal es su naturaleza, por obtener una cuota cada vez mayor del mercado? ¿Hasta dónde llegará la “retirada” del Estado? ¿Estamos presenciando los primeros pasos de un esquema que comprende la privatización progresiva de las estaciones de servicio? ¿Se trata de un esquema temporal o permanente? ¿Solo la participación mayoritaria del sector privado en el mercado puede garantizar una eficiente prestación del servicio? ¿Una eventual participación mayoritaria del sector privado en el mercado beneficiaría, necesariamente, a la mayoría del pueblo venezolano?

El presidente Maduro aseguraba, el 30 de mayo, que “llegará el día en que podamos equilibrar ingresos, salarios, bonos, precio justo del transporte, con un precio mayor sustentable de la gasolina”. ¿Queda descartada cualquier posibilidad de aumento del salario en el futuro inmediato, siendo el caso que la clase trabajadora venezolana sobrevive por debajo del umbral que supone el límite mínimo del valor de su fuerza de trabajo, determinado por el valor de los artículos de primera necesidad?

Por último, ¿el nuevo esquema prevé la eliminación de la venta de gasolina a precio subsidiado en las estaciones de servicio, previa adoptación de la modalidad de subsidio directo a los usuarios y usuarias? En tal sentido, ¿se seguirá el ejemplo de Irán? Es un tema que abordaré en una próxima entrega.

Foto: Marcelo Volpe. Colectivo Cacri Photos.

Referencias

(1) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (IV): Un paréntesis sobre neoliberalismo y rebelión. 1 de noviembre de 2019.

(2) Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores. 11 de septiembre de 1998.

(3) Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos. 4 de septiembre de 2008.

(4) Ley Orgánica de Hidrocarburos. 24 de mayo de 2006.

(5) Hugo Chávez. Alocución. 27 de agosto de 2008.

(6) PDVSA. Informe de Gestión Anual 2009. Pág. 16.

(7) PDVSA. Informe de Gestión Anual 2016. Pág. 78.

(8) Joshua Goodman y Scott Smith. Shipping tycoon defends Venezuela gas delivery amid shortage. AP, 29 de abril de 2020.

(9) Deisy Buitrago y Luc Cohen. Sector privado de Venezuela propone flexibilizar reglas para importación de gasolina. Reuters, 10 de abril de 2020.

(10) Venezuela eyes private-sector path out of fuel crisis. Argus, 9 de abril de 2020.

Cuarentena (XIII): La batalla por nuestro petróleo


El martes 28 de abril de 2020, apenas un día después de conocerse el nombramiento oficial de Tareck El Aissami como nuevo ministro de Petróleo, y de Asdrúbal Chávez como presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la agencia Reuters publicó una nota en la que refería haber tenido acceso a un documento de la empresa estatal venezolana que proponía “una profunda reestructuración que transferiría gran parte de sus actuales actividades a empresas privadas” (1).

El mismo día, el documento en cuestión ya circulaba en redes sociales, aunque no había sido publicado por ningún medio oficial, lo que no ha sucedido hasta hoy. Según Reuters, las autoridades gubernamentales habían evitado responder “de inmediato a las solicitudes de comentarios”.

El documento de sesenta y cuatro páginas, fechado en marzo de 2020, se intitula “Propuesta de reestructuración Petróleos de Venezuela S.A.” (2), y habría sido elaborado por la Dirección Ejecutiva de Planificación de PDVSA, para la consideración de la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque”, encargada de la “defensa y reestructuración” de la estatal petrolera, creada por el presidente Nicolás Maduro el 19 de febrero pasado, y dirigida por Tareck El Aissami, también vicepresidente del Área Económica (3).

Un millón de barriles, reorganización y simplificación

El punto de partida del documento es un objetivo muy general: “incrementar la producción y devolver a Venezuela el rol protagónico en el mundo petrolero”. Más específicamente, define como meta “la recuperación en el menor tiempo posible de al menos 1 millón de barriles en la producción de petróleo crudo y gas”. Para lograrlo, considera necesario “la reorganización del sector de exploración, producción, transporte, almacenamiento, transformación y comercialización de hidrocarburos de Petroleros de Venezuela S.A., y la simplificación de su estructura, eliminando su participación en negocios no petroleros”.

Respecto de esto último, plantea reducir el número de filiales de PDVSA a doce, de las veinticuatro con las que cuenta actualmente. Es lo que el documento enuncia como “eliminación de la participación de PDVSA en negocios no petroleros”, es decir, “todas aquellas empresas propiedad de PDVSA que ejecutan servicios y actividades no relacionadas directamente con la gestión directa de producción de petróleo y gas”. Estas incluirían, entre otras: PDVSA América, PDV Marina, PDV Naval y PDVSA Gas Comunal. Todas estas filiales se integrarían “a sus respectivos sectores en la administración pública” o se procedería “a la venta, o liquidación y cierre”.

Igualmente, propone la fusión de PDVSA Petróleo con la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). La empresa resultante se encargaría de operar en las áreas de producción de petróleo y gas, refinación y comercialización de la producción propia, concentrándose en la “gestión financiera y contractual de la cartera de inversiones del Estado en las empresas mixtas, ASC [Acuerdos de Servicio Conjunto] y Licencias”.

Tales serían, en resumen, las propuestas en materia de simplificación de estructura. Mención aparte merece la forma como es concebida PDVSA Gas: “debe ser el ente comercializador del gas producido en el país, comprando la producción de las empresas mixtas (a precios de mercado), y vendiendo a distribuidores en [el] nivel nacional e internacional”.

Cambios en materia legal: todo en uno

Pero el documento también propone significativos cambios en materia legal. En concreto, plantea:

  1. Modificación de tres artículos (22, 27 y 57) de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), aprobada por el presidente Chávez el 13 de noviembre de 2001, por vía habilitante.
  2. Eliminación del Decreto 5200, relativo a la Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, sancionado por el presidente Chávez el 26 de febrero de 2007.
  3. Eliminación de la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, firmada por el presidente Chávez el 7 de mayo de 2009.
  4. Igualmente, “implementar sin demoras ni burocracia” el artículo 44 de la LOH, que contempla la posibilidad de rebajar la regalía del treinta por ciento “hasta un límite del veinte por ciento”, lo que solo aplica, por cierto, para “un yacimiento maduro o de petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco”.
  5. Reducción igualmente “permanente” del impuesto sobre la renta (ISLR), actualmente del cincuenta por ciento. El documento no especifica la magnitud de la reducción.
  6. “Eliminación definitiva de la contribución especial sobre precios extraordinarios y exorbitantes”, es decir, de la Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, cuya versión más reciente data del 20 de febrero de 2013.
  7. “Eliminación definitiva de impuestos y contribuciones marginales”, establecidos en el artículo 48 de la LOH.
  8. “Regulación por Ley de los impuestos municipales”, que no podrían “exceder en ningún caso del uno por ciento (1%) sobre los ingresos brutos efectivamente percibidos por los sujetos obligados”.

Ley Orgánica de Hidrocarburos

Comencemos por la Ley Orgánica de Hidrocarburos (4). ¿Por qué modificar el artículo 22? Veamos lo que establece: “Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad. Igualmente podrá hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social, las cuales a los efectos de esta Ley se denominan empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras”.

¿Cuáles son estas “actividades primarias indicadas en el artículo 9” de la Ley? Veamos: “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley”.

Recordemos lo que establece el artículo 302 constitucional: “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respetiva [LOH], y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico…” (5).

Pues bien, lo que el documento plantea es que “se retire la limitación [de] que el Estado debe participar como mínimo con un 50% del capital social en las empresas que ejerzan actividades primarias de la industria petrolera”, lo que permitiría “flexibilizar la participación de capital privado nacional e internacional en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos en el territorio nacional con o sin la participación accionaria de PDVSA”.

De aprobarse esta modificación, el artículo 22 quedaría como sigue: “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, denominadas actividades primarias, podrán ser realizadas directamente por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación de capital estatal y privado, en cualquier proporción y por empresas privadas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras”.

Por su parte, el artículo 57 de la LOH establece: “Las actividades de comercialización de los hidrocarburos naturales, así como la de los productos derivados que mediante Decreto señale el Ejecutivo Nacional, sólo podrán ser ejercidas por las empresas a que se refiere el Artículo 27 de la presente Ley. A tal efecto, las empresas mixtas que desarrollen actividades primarias sólo podrán vender los hidrocarburos naturales que produzcan a las empresas a que se refiere el Artículo 27 de la presente Ley”.

¿Qué plantea el documento? La modificación del referido artículo, eliminando “la limitación [de] que las empresas mixtas que ejerzan actividades primarias de la industria petrolera solo podrán vender los hidrocarburos naturales que produzcan a las empresas de la exclusiva propiedad del Estado venezolano”, lo que permitiría “que las actividades de comercialización sean reguladas en la Ley a partir del principio de libertad de comercio”.

Es por ello que propone, igualmente, la modificación del artículo 27 de la LOH (al que hace referencia el artículo 57), que establece: “El Ejecutivo Nacional podrá mediante Decreto en Consejo de Ministros, crear empresas de la exclusiva propiedad del Estado para realizar las actividades establecidas en esta Ley y adoptar para ellas las formas jurídicas que considere convenientes, incluida la de sociedad anónima con un solo socio”. El documento no ofrece ningún detalle adicional sobre los alcances de la eventual modificación de este artículo.

Respecto de la aplicación “sin demoras ni burocracia” del artículo 44 de la LOH, éste establece, ciertamente: “El Ejecutivo Nacional, en caso de que se demuestre a su satisfacción que un yacimiento maduro o de petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco, no es económicamente explotable con la regalía del treinta por ciento (30%) establecida en esta Ley, podrá rebajarla hasta un límite del veinte por ciento (20%) a fin de lograr la economicidad de la explotación…”. No obstante, con todo y que el mismo artículo de la LOH establece que el Ejecutivo “queda facultado igualmente para restituirla [la regalía], total o parcialmente, hasta alcanzar de nuevo el treinta por ciento (30%), cuando se demuestre que la economicidad del yacimiento pueda mantenerse con dicha restitución”, el documento sugiere la “reducción permanente” de la regalía.

Por último, al plantear la “eliminación definitiva de impuestos y contribuciones marginales”, el documento parece sugerir la eliminación del artículo 48 de la LOH, que incluye cuatro tipos de impuestos: impuesto superficial, impuesto de consumo propio, impuesto de consumo general e impuesto de extracción.

“El último rastro que nos quedaba de la nefasta apertura petrolera”

Lo que se conoce como Decreto 5200, relativo a la Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas (6), fue sancionado por el presidente Chávez el 26 de febrero de 2007.

Firmado por el presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, durante el Aló Presidente número 268, este Decreto iba “dirigido a las asociaciones llamadas estratégicas, que no eran estratégicas para Venezuela”, y apuntaba a eliminar “el último rastro que nos quedaba de la nefasta apertura petrolera” (7).

Agregaba Chávez entonces: “Déjame leer aquí lo siguiente, la médula del Decreto: «Artículo 1°. Las asociaciones existentes entre filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. y el sector privado que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, y en las denominadas de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, deberán ser ajustadas al marco legal que rige la industria petrolera nacional, debiendo transformarse en empresas mixtas en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos». Es decir, explico: empresas mixtas donde la mayoría de acciones debe estar en manos de Petróleos de Venezuela, es decir, en manos de la República y no en manos de transnacionales. Sigo leyendo: «En consecuencia de lo antes previsto, todas las actividades ejercidas por asociaciones estratégicas en la Faja Petrolífera del Orinoco, constituidas por las empresas Petrozuata, S.A.; Sincrudos de Oriente S.A., Sincor, S.A., Petrolera Cerro Negro, S.A. y Petrolera Hamaca, C.A.; los convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas del Golfo de Paria Oeste, Golfo de Paria Este y La Ceiba, así como las empresas o consorcios que se hayan constituido en ejecución de los mismos; la empresa Orifuels Sinovensa S.A., al igual que las filiales de estas empresas que realicen actividades comerciales en la Faja Petrolífera del Orinoco, serán transferidas a las nuevas empresas mixtas»”.

Luego, a propósito del artículo 2 del Decreto, que reserva para el Estado “una participación accionaria del sesenta por ciento (60%)”, como mínimo, comentaba: “estamos recuperando la propiedad y la gestión de estas áreas estratégicas”.

Finalmente, sentenciaba: “Se acabó la privatización del petróleo en Venezuela… Ésta es la verdadera nacionalización del petróleo. El petróleo es de todos los venezolanos… No queremos que las empresas se vayan… Que sigan siendo socias, pero ahora no son ellos los dueños, ahora es PDVSA, y ellos socios minoritarios. Es decir, negocios en manos de los venezolanos. Ésta es un área estratégica. No se puede entregar a privados, al sector privado nacional ni transnacional”.

Según se lee en el documento que habría sido presentado a la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque”, la eliminación de este Decreto, tanto como la eliminación de la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, “permitirá descargar de PDVSA hacia el sector privado nacional e internacional las actividades conexas a la industria petrolera, entre ellas inyección de gas y agua a yacimientos, servicios lacustres, compresión de gas, tratamiento de ripios y aguas, servicios especializados, entre otros”.

Aunque el documento recomienda reducir la participación accionaria estatal hasta el 50,1 por ciento en veinticinco de las cuarenta y seis empresas mixtas en las que participa PDVSA (lo que representa el 54,3 por ciento del total), lo que pasaría por eliminar el Decreto 5200, una eventual reforma del artículo 22 de la LOH abriría las puertas a una participación minoritaria del Estado venezolano.

Igualmente, el documento recomienda conservar el porcentaje accionario actual, siempre mayor al 60 por ciento conforme al Decreto 5200, en apenas cinco empresas mixtas (10,8 por ciento), mientras que sugiere la fórmula fusionar/renegociar/portafolio para otras trece empresas mixtas, y pasar a licencia (sin intervención estatal) tres de ellas.

Respecto de las treinta y cuatro unidades de producción de esfuerzo propio, es decir, aquellas manejadas exclusivamente por el Estado, se recomienda pasar dieciocho a la modalidad de empresas mixtas, lo que equivale al 52,9 por ciento del total, sin especificar cuál sería el porcentaje accionario estatal. Además, se propone que once de estas unidades de producción sean manejadas bajo la figura de Acuerdos de Servicio Conjunto (ASC), modalidad de negocios que implica que “las operaciones de exploración y producción sean realizadas por una empresa de servicios”, sin ofrecer mayores detalles. Falta la información relativa al estatus de las seis unidades de producción restantes.

El beneficio del Estado (Government Take) como “problema”

Estrechamente vinculado con lo anterior, el documento presenta un gráfico en el que Venezuela aparece situado de séptimo entre “los países que más se benefician de la explotación de los hidrocarburos”. Pero de inmediato se hace la salvedad: “Esta cifra no considera que el Estado es el socio mayoritario en las únicas empresas que permiten sociedad con transnacionales, las empresas mixtas. Siendo éste el caso, y considerando que la participación del Estado en dichas empresas es del 60%, el Government Take se sitúa en más del 90% de los ingresos operacionales de estas empresas”.

En otras palabras, como consecuencia del Decreto 5200, siempre según el referido documento, Venezuela sería realmente el país que más se beneficia en todo el mundo de su actividad petrolera. Esta circunstancia, muy lejos de ser considerada una fortaleza o una ventaja, es concebida como un problema: “esto hace a Venezuela un país mucho menos atractivo para invertir en esta actividad”.

La solución sería reducir este Government Take “a un monto lo suficientemente atractivo para la inversión privada”, y es en razón de este argumento que se hacen las recomendaciones ya mencionadas: “reducción permanente” tanto de la regalía (artículo 44 de la LOH) como del ISLR; eliminación de la Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos (8), aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2013 ; eliminación de impuestos y contribuciones marginales (previstos en el artículo 48 de la LOH); y regulación de los impuestos municipales, que actualmente “pueden sobrepasar el 12% sobre los ingresos brutos”, por lo que se recomienda establecer un límite máximo del uno por ciento.

Específicamente sobre el impuesto por precios extraordinarios y exorbitantes, el documento se manifiesta expresamente partidario de los intereses del capital privado: dicho impuesto “debe ser eliminado” por tratarse de “un beneficio no equitativo para el Estado”, el cual “se encarga de capturar los ingresos generados por la volatilidad de los precios internacionales de petróleo, aumentando sus ingresos en tiempos de expansión y disminuyendo su riesgo en tiempos de contracción”. Agrega: “Si son las empresas mixtas las que asumen todo el riesgo potencial de las operaciones, también deben tener el derecho de participar en los beneficios extraordinarios y potenciales del negocio”.

“El expropiado histórico ha sido el pueblo”

El 7 de mayo de 2009, con motivo de la firma de Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos (9), el presidente Chávez hizo lectura pública de los artículos 2 y 6, que establecen lo siguiente:

“Artículo 2. Alcance de la reserva. Quedan reservados al Estado los bienes y servicios conexos a la realización de las actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que anteriormente eran realizadas directamente por Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) y sus filiales, y que fueron tercerizadas, siendo esenciales para el desarrollo de sus actividades. Los bienes y servicios a los que se refiere el presente artículo son:

1. De inyección de agua, de vapor o de gas, que permitan incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor de recobro.

2. De compresión de gas.

3. Los vinculados a las actividades en el Lago de Maracaibo: Lanchas para el transporte de personal, buzos y mantenimiento; de barcazas con grúa para transporte de materiales, diesel, agua industrial y otros insumos; de remolcadores; de gabarras planas, boyeras, grúas, de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos; de mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza.”

“Artículo 6. Expropiación. El Ejecutivo Nacional podrá decretar la expropiación, total o parcial, de las acciones o bienes de las empresas que realizan los servicios referidos en los artículos que anteceden…”.

Respecto de esto último, Chávez reflexionaba: “… esos recursos fueron expropiados al pueblo… Cuando se habla de expropiaciones… hay que decir que aquí el expropiado histórico ha sido el pueblo… es decir, la nación, la patria, la mayoría de nosotros. Y una minoría, entonces, se adueñó, disfrazándose con instrumentos jurídicos, con leyes injustas o medidas ilegales, violatorios de la soberanía nacional, de la Constitución, de la vieja y de la nueva. Se adueñaron de activos, de recursos que son de todos nosotros, como este caso” (10).

En aquel entonces, informaba el presidente, la medida significaba un ahorro para la nación por el orden de los 700 millones de dólares: “… vean ustedes el desangramiento, cómo la burguesía y la pequeña burguesía todavía tiene muchos mecanismos a través de los cuales se apropia del ingreso petrolero, de la mayor parte del ingreso petrolero. Distintos mecanismos que fueron creados durante cien años. Ahora hay que desmontarlos, y los seguiremos desmontando”.

De igual forma, implicaba la recuperación de al menos “trescientas lanchas, treinta remolcadores, treinta gabarras, treinta y nueve terminales y muelles, sesenta y una lanchas de buzos, cinco diques astilleros… trece talleres…”; incluida la gabarra que utilizó el mismo presidente Chávez en diciembre de 2002 para llegar hasta uno de los tanqueros inmovilizados por los “meritócratas” durante el paro-sabotaje petrolero, una vez que los trabajadores lograron ponerlo en funcionamiento: “Ellos tomaron las gabarras porque los empresarios se negaban a moverlas. ¡Pero ellos las tomaron! Y recuerdo que me dijo uno: ‘Chávez, saluda a mi esposa…’. Me la puso al teléfono y la saludé: ‘Yo estoy muy orgullosa, tengo veintiún días que no veo a mi marido, pero sé que está dando una batalla por la patria’. ¡Esos trabajadores merecen eso y mucho más! Son nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras”.

Según informó el presidente aquel día, con la aprobación de la Ley fueron incorporados a PDVSA más de ocho mil trabajadores hasta entonces tercerizados.

Terminales, patios, oleoductos, plantas, refinerías, combustible, lubricantes, gas…

El documento incluye información al detalle sobre las eventuales oportunidades de inversión para el capital privado nacional y transnacional, en lo que define como “aguas intermedias”, que refiere a “la infraestructura asociada a transporte por troncales principales de crudo y gas, patios principales de almacenamiento de crudo, rebombeos, extracción y fraccionamiento de líquidos del gas, plantas compresoras de alta presión, plantas de tratamiento e inyección de agua, terminales de embarque crudos, terminales de manejo y embarque de sólidos (coque/azufre, vapor, agua desmineralizada, generación eléctrica, hidrógeno y nitrógeno)”.

La decisión de incorporar esta definición de actividades petroleras que se realizan en “aguas intermedias” parece estar motiva por la necesidad de distinguirlas de las actividades que se realizan “aguas arriba”: exploración, producción, tratamiento y almacenamiento inicial, que se corresponderían con las “actividades primarias”, tal y como están definidas en el artículo 9 de la LOH, previamente citado.

En otras palabras, el documento parece sugerir que, actualmente, en el caso de las actividades que se realizan en “aguas intermedias”, no aplica lo establecido en el artículo 22 de la LOH que, como hemos visto, establece que las “actividades primarias” solo podrán ser realizadas por el Estado, mediante empresas de su exclusiva propiedad o por empresas donde tenga mayoría accionaria (empresas mixtas).

En todo caso, una eventual reforma del artículo 22 de la LOH, en los términos planteados en el documento, como ya hemos visto, haría superflua esta distinción entre “aguas arriba” y “aguas intermedias”.

En concreto, el documento recomienda estimular la participación de capital privado en las áreas de:

  • Transporte y almacenamiento de crudo: diecisiete terminales y patios, y catorce sistemas de oleoductos en todo el país. La modalidad de negocios recomendada es Acuerdos de Servicio Conjunto.
  • Procesamiento y compresión de gas: trece plantas. También en este caso la modalidad de negocios recomendada es Acuerdos de Servicio Conjunto.
  • Refinación y comercialización: cinco refinerías, dieciséis plantas de distribución de combustible y una planta envasadora de lubricantes. Modalidad de negocios: Acuerdos de Servicio Conjunto o empresas mixtas.

En el caso específico de las refinerías, propone “un nuevo modelo de negocio que permita el otorgamiento de licencias a empresas privadas o públicas”, tal y como lo establece el artículo 12 de la LOH. De igual forma, se lee en el documento, “las actividades de refinación de hidrocarburos pueden ser llevadas a cabo por el Estado y las entidades privadas, conjunta o separadamente”, como ciertamente reza el artículo 10 de la LOH.

El detalle es que el artículo 10 de la LOH también prevé lo siguiente: “Las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del Estado o de las empresas de su exclusiva propiedad, dedicadas a las actividades de refinación de hidrocarburos naturales en el país y al transporte principal de productos y gas, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley”.

En otras palabras, el Estado puede otorgar licencias (artículo 12 de la LOH), y las “actividades de refinación y comercialización… pueden ser realizadas por el Estado y los particulares, conjunta o separadamente” (artículo 10 de la LOH), pero esto no aplica para las actuales refinerías, de propiedad exclusiva del Estado, como lo establece expresamente el mismo artículo 10 de la LOH, sino para “refinerías a ser construidas”, como se lee en el artículo 11 de la LOH: “Las refinerías a ser construidas deberán responder a un plan nacional para su instalación y operación y deberán estar vinculadas a proyectos determinados aprobados por el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo…”.

En tal sentido, el otorgamiento de licencias para operar las refinerías del Estado exigiría, como mínimo, la modificación del artículo 10 de la LOH.

El documento también recomienda el otorgamiento de licencias para explorar y explotar campos de PDVSA Gas, e identifica un total de tres “áreas exploratorias” y otras nueve “áreas a desarrollar”. Las licencias suponen “exploración y explotación de yacimientos de gas seco por parte de terceros sin intervención de PDVSA”.

Por último, en materia de precios de combustibles, recomienda la eliminación progresiva del subsidio, “desde el 100% actual hasta un valor que iría en función del pulso social y la realidad económica del país”, protegiendo al transporte público, al transporte de alimentos y medicinas, y la generación eléctrica, pero teniendo como meta la fijación de “precio internacional a detal de los mismos”. De acuerdo a lo planteado en el documento, el subsidio actual supone la pérdida de once mil millones de dólares anuales para PDVSA.

Plan de la Patria

Es un hecho incontrovertible que lo contenido en el documento “Propuesta de reestructuración Petróleos de Venezuela S.A.” va en sentido contrario a lo propuesto por el presidente Chávez en el histórico documento que conocemos como “Plan de la Patria. Programa del Gobierno Bolivariano 2013-2019” (11).

Como seguramente recordará la inmensa mayoría del pueblo venezolano, el primer objetivo histórico del Plan de la Patria consiste en: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos conquistado después de 200 años: la independencia nacional”.

Asociado a este objetivo histórico, está uno de los objetivos nacionales: “Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos” (1.2). Relacionados, a su vez, con este objetivo histórico, tenemos varios objetivos estratégicos. Vale la pena mencionar aquí al menos cuatro de ellos:

  • “1.2.1. Mantener y garantizar el control por parte del Estado sobre Petróleos de Venezuela, S.A.”. Puede concluirse que, en general, la “Propuesta de Reestructuración” va en contra de este objetivo.
  • “1.2.2. Garantizar la hegemonía de la producción nacional de petróleo”. Puede interpretarse que la propuesta de modificación del artículo 57 de la LOH va en contra de este objetivo.
  • “1.2.3. Asegurar una participación mayoritaria en las empresas mixtas”. La propuesta de modificación del artículo 22 de la LOH va en contra de este objetivo.
  • “1.2.5. Asegurar los medios para el control efectivo de las actividades conexas y estratégicas asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos hidrocarburíferos”. La propuesta de eliminación del Decreto 5200 y de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos va en contra de este objetivo.

También asociado al primer objetivo histórico, tenemos otro de los objetivos nacionales: “Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional” (1.3). Relacionado con este último, tenemos varios objetivos estratégicos, de los cuales solo citaremos dos:

  • “1.3.1. Mantenimiento y fortalecimiento del actual régimen fiscal petrolero. Que contempló muchos cambios positivos a lo existente en 1998”. Algunas versiones del Plan de la Patria incluyen el siguiente cuadro:
ImpuestoRégimen fiscal
 1998Actual
ISRL34%50%
Regalía1% – 16.67%30%
Impuesto de extracción033,33%
Impuesto Registro de Exportación00,1%
Impuesto superficial0100 UT x Km2 %

La propuesta de reducir “permanentemente” tanto la regalía como el ISRL va en contra de este objetivo, así como la eliminación de los impuestos establecidos en el artículo 48 de la LOH. En general, toda la propuesta de reducir el “Government Take” va en contra de este objetivo.

  • “1.3.2. Mantener y fortalecer mecanismos eficaces de captación de la renta excedentaria, por incrementos extraordinarios y exorbitantes de los precios internacionales de los hidrocarburos”. La propuesta de eliminar la Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, va en contra de este objetivo.

Cualquiera podría argumentar, de manera oportunista, que estamos en 2020, y que por tanto lo que está escrito en el Plan de la Patria es sencillamente extemporáneo. Veamos, entonces, lo que está escrito en el Plan de la Patria 2019-2025 (12):

“El Plan de la Patria 2019-2025 es una fase de profundización de la etapa 2012-2018. Se han mantenido los cinco (5) Objetivos Históricos y se han detallado otros, que por las condiciones de desarrollo de la Revolución lo han requerido, en función de la guerra económica e imperial, así como por las condiciones reales de los procesos, para la profundización de la direccionalidad socialista. Así, por ejemplo, a los 24 objetivos nacionales se han incorporado 8, totalizando 32 Objetivos Nacionales. Los objetivos estratégicos se han desarrollado con mayor detalle, pasando de 151 a 173 Objetivos Estratégicos…”.

En efecto, el objetivo nacional 1.2 ha sido objeto de una ligera modificación, que no obstante no supone una variación de su significado y alcance: “Consolidar la defensa y soberanía en la preservación y uso de los recursos naturales estratégicos, con especial énfasis en los hidrocarburíferos, mineros y acuíferos, entre otros”.

Pero, ¿qué ha pasado con los objetivos estratégicos? Veamos:

  • “1.2.1. Fortalecer el rol del Estado en la administración y explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros”.
    • “1.2.1.1. Blindar el marco jurídico para garantizar la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos y mineros”.
  • “1.2.2. Mantener y garantizar el control por parte del Estado sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)”.
    • “1.2.2.1. Garantizar la hegemonía del Estado sobre la producción nacional de petróleo”.
    • “1.2.2.2. Asegurar una participación mayoritaria de PDVSA en las empresas mixtas”.
  • “1.2.5. Asegurar los medios para el control efectivo de las actividades conexas y estratégicas, asociadas a la cadena industrial de explotación de los recursos hidrocarburíferos”.
    • “1.2.5.1. Fortalecer las acciones emprendidas para el control efectivo de las actividades conexas estratégicas de la industria petrolera”.

Como puede verse, absolutamente ningún cambio regresivo, todo lo contrario. Ahora veamos qué ha sucedido con el objetivo nacional 1.3, y los objetivos estratégicos que le están asociados:

“1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso de la República y la reinversión de los excedentes nacionales, tanto públicos como privados, a efectos de garantizar los principios sociales de equidad y desarrollo nacional”.

  • “1.3.1. Fortalecer y profundizar el régimen fiscal del sector hidrocarburos, para garantizar el bienestar del pueblo”.
    • “1.3.1.1. Mantener y fortalecer el actual régimen fiscal petrolero para garantizar el bienestar del pueblo”.
    • “1.3.1.2. Garantizar los sistemas de información sobre la producción y comercialización del sector de hidrocarburos, a efectos de una mayor recaudación fiscal oportuna y eficiente”.
    • “1.3.1.3. Ajustar y actualizar, bajo el criterio del máximo interés nacional, los marcos normativos de los sectores asociados a la actividad de hidrocarburos, tales como el gasífero y el petroquímico”.
  • “1.3.2. Mantener y fortalecer mecanismos eficaces de captación de la renta excedentaria, por incrementos extraordinarios de los precios internacionales de los hidrocarburos”.
    • “1.3.2.1. Maximizar la captación de renta excedentaria mediante la adecuación periódica de los parámetros y políticas de referencia para la determinación de incrementos extraordinarios de los precios”.

De nuevo, ningún cambio regresivo. Muy por el contrario: todas y cada una de las modificaciones formales apuntan a defender, fortalecer, blindar, mantener, garantizar, asegurar, ajustar, actualizar y profundizar una política soberana en materia petrolera.

Producción o soberanía: ¿un falso dilema?

Habiendo revisado al detalle la “Propuesta de Reestructuración”, y dado su carácter indudablemente regresivo, nos queda la esperanza de que se trate de un documento falso. Podría tratarse, por qué habría de extrañarnos, de una “filtración” dirigida a fomentar la intriga y la desunión nacional. Un insidioso fragmento de la nota de Reuters citada al principio, podría estar apuntando en tal dirección: “Es probable que la propuesta enfurezca a algunos miembros del partido oficialista, que argumentan que tales movimientos hacia políticas económicas de libre mercado equivalen a una traición al legado de Chávez”.

Pero precisamente por tratarse de una propuesta profundamente lesiva de la soberanía nacional, y frente al escenario, por remoto que fuere, de que esté siendo siguiera considerada por las autoridades gubernamentales, bien cabe tomar las previsiones que el supuesto amerita.

Si tal fuera el caso, cabe hacerse varias preguntas. En primer lugar, ¿para lograr el objetivo de aumentar la producción petrolera en el menor plazo posible, tal y como está planteado expresamente en el documento, es realmente necesario comprometer la soberanía sobre nuestros recursos hidrocarburíferos?

¿No estaremos frente a un falso dilema: producción o soberanía?

Suponiendo que el dilema es real, y que se trata, por no existir ninguna otra alternativa, de optar entre producción y soberanía: ¿quién decide esto? ¿No tendría que ser precisamente el soberano?

¿Si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como manda el artículo 5 constitucional, por qué el soberano no está siendo partícipe y protagonista de una discusión en la que está en juego nada menos que la soberanía sobre sus recursos petroleros?

De nuevo, supongamos que el dilema es real: ¿debemos asumir, por tanto, que la República, amenazada como está por el imperialismo estadounidense y por el cipayaje, ha entrado en una fase histórica en la que el contenido del Plan de la Patria es ya letra muerta?

¿Si el Plan de la Patria ha dejado de ser nuestro horizonte estratégico, debemos asumir que la República se ha quedado sin horizonte?

¿Realmente la única alternativa es producción sin República ni horizonte?

Volvamos a la pregunta: ¿y si estuviéramos frente a un falso dilema: producción o soberanía? ¿Entre soberanía y producción hay contradicción? ¿Son conceptos mutuamente excluyentes?

¿Realmente estamos dispuestos a desperdiciar la oportunidad histórica que supone ser capaces de resolver el problema fundamental de producir, preservando y consolidando la soberanía sobre nuestros recursos petroleros?

Estoy absolutamente convencido de que todas nuestras energías tendrían que estar puestas en la resolución de ese problema fundamental. Las generaciones futuras, nuestros hijos e hijas y su descendencia, cuya independencia y felicidad dependen en buena medida de ese gigantesco esfuerzo que estamos obligados a hacer hoy, sabrán agradecerlo.

Referencias

(1) Luc Cohen. Venezolana PDVSA propone reforma de la industria petrolera para delegar más en socios. Reuters, 28 de abril de 2020.

(2) Propuesta de Reestructuración Petróleos de Venezuela S.A. Marzo de 2020.

(3) Prensa Presidencial y Karelis González. Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” velará por la defensa y reestructuración de la industria petrolera. 19 de febrero de 2020. 

(4) Ley Orgánica de Hidrocarburos. 24 de mayo de 2006. Aprobada por vía habilitante el 13 de noviembre de 2001, entró en vigencia el 1 de enero de 2002 y fue reformada por la Asamblea Nacional en mayo de 2006.

(5) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. Con la Enmienda Nº 1, sancionada por la Asamblea Nacional el 14 de enero de 2009, refrendada popularmente el 15 de febrero de 2009, y promulgada por el presidente Chávez el 19 de febrero de 2009.

(6) Decreto 5200, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco. 26 de febrero de 2007.

(7) Hugo Chávez. Aló Presidente número 268. 26 de febrero de 2007.

(8) Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos. 20 de febrero de 2013.

(9) Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. 7 de mayo de 2009.

(10) Hugo Chávez. Intervención en la reunión con el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. 7 de mayo de 2009.

(11) Plan de la Patria 2013-2019.

(12) Plan de la Patria 2019-2025.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Plan de la Patria, leyes y otros instrumentos…